Foto: Diana Sánchez

Los promotores del referendo el día en que se presentaron las firmas ante la Registraduría. Entre ellos, Luis Guillermo Giraldo.

Ante el anuncio de los conjueces del Consejo Nacional Electoral (CNE) que acordaron declarar “sin validez” el proceso de recolección de firmas para el referendo reeleccionista, no tardaron en reaccionar los uribistas reeleccionistas, quienes se reunieron el sábado para planear una estrategia en contra de la  decisión.

En el encuentro, al que asistieron el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, el promotor de la iniciativa Luis Guillermo Giraldo, el presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia  Fernando Alameda,  el ex congresista liberal Rodrigo Rivera y los abogados Rafael Guarín (director de la revista Ahora) y Juan Carlos Moncada, entre otros, se plantearon cuatro estrategias frente a la decisión.

El abogado Rafael Guarín le dijo a El Espectador que en primer lugar se determinará si es o no cierto que los conjueces (Carlos Mario Isaza Serrano —liberal— y Felipe Pérez Cabrera —Cambio Radical—) actuaron fuera del marco de la ley. “De ser así, eventualmente estarían incursos en el delito de prevaricato y eso implicaría una denuncia para que  la Fiscalía u otro ente competente diga si hay delito”, agregó.

El segundo plan es examinar el alcance de esa decisión frente a los derechos fundamentales a través de una acción de tutela para tratar de revocar el fallo. El tercero es acudir ante la Corte Constitucional con alegatos frente a la decisión. Guarín aseguró que así como serán escuchados los argumentos de los conjueces, también se oirá a quienes ven las cosas desde otro punto de vista.

Por último, este grupo empezó a promover manifestaciones públicas en defensa del derecho a la participación ciudadana. Según el abogado Guarín, “esto ante una acción que tiene un signo de manipular la política desde Cambio Radical y el Partido Liberal, que están en la oposición”.

“La Corte nunca se ha pronunciado de fondo sobre un referendo. Estamos tranquilos, porque sabemos que el impacto de la decisión de los conjueces  no es jurídico, pero sí político”, sostuvo.

El grupo de defensores de la iniciativa popular elaboró su plan  luego de examinar la decisión presentada la semana pasada. Guarín argumentó que ni en la Ley 134, ni en el Código Electoral, ni en la jurisprudencia en la Corte Constitucional sobre el referendo, dicen que como resultado de una supuesta violación de normas de recolección de firmas la consecuencia es declarar la invalidez en todo el proceso. “Creemos que esta decisión se tomó fuera del marco de competencia asumiendo atribuciones que no tenían los conjueces”, consideró.

El abogado contó que fue asesor del CNE dos veces y por eso sabe cómo se hacen esas investigaciones: Aquellas personas que violaban topes o normas de financiación y no remitían a tiempo la información de financiación, el Consejo las sancionaba con una multa. Sólo en una reforma constitucional se otorgó una consecuencia adicional, que es la pérdida de investidura para quienes violan los topes de la campaña. El CNE tiene facultad de investigar, pero en ningún caso invalidar todo el proceso recolección de firmas”.

El columnista de El Espectador Ernesto Yamhure dijo que la reunión del sábado no fue para planear una estrategia, “sino una respuesta legítima contra unos conjueces que prevaricaron. Esos señores desconocidos suplantaron al CNE, que seguramente va a desconocer ese fallo. Me pregunto: ¿No será esa una maniobra de Germán Vargas Lleras? ¿No será una venganza por el caso DMG, del que es abogado Isaza?”.

Fernando Alameda, de Primero Colombia, añadió que la conclusión de la reunión es que sólo la Corte Constitucional podría hundir el referendo y no unos conjueces, quienes “seguramente tendrán que responder por prevaricato porque actuaron como políticos de sus partidos”. Alameda dijo con orgullo que ha recibido correos y llamadas de cientos de personas indignadas que están dispuestas a manifestarse para que sus firmas valgan.

Ante estos reclamos, una fuente cercana al CNE le dijo a este diario que los conjueces operaron teniendo como presupuesto la Constitución Política. Agregó que en actos generales las tutelas no proceden y en este caso un reglamento es algo general. Incluso, hay quienes dicen que ni siquiera este miércoles, cuando el asunto llegue al CNE para que decida si acoge o revoca la decisión de los tres conjueces. habrá  consenso.