El lote de la eterna discordia

Hace 32 años y nueve meses, la Beneficencia de Cundinamarca puso en venta un estratégico lote ubicado en la esquina de la calle 72 con carrera 24. Después de varias ofertas, el inmueble fue comprado por el ciudadano Carlos Fídolo González Cuéllar, quien se comprometió a cancelar casi $20 millones pagaderos en una cuota inicial y cuatro contados. El negocio debía estar cerrado en 1980. Sin embargo, el vendedor aseguró que no le pagaron completo; el comprador dice lo contrario. Han pasado tres décadas y aún no se resuelve quién es el verdadero propietario del millonario lote.

A pesar de que el contrato de compraventa original fue suscrito el 4 de febrero de 1977, desde entonces han existido 15 pronunciamientos de distintas instancias de la justicia, y nada que se dirime el pleito. Hoy este inmueble, por efecto del costo de vida y otros cálculos económicos, está valorado en $19.000 millones, razón suficiente para que la Beneficencia de Cundinamarca, en representación del Estado, haya decidido dar la pelea hasta las últimas consecuencias.

La más reciente decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá el pasado 31 de agosto, y en un fallo de primera instancia que parece enderezar las cosas, volvió a crispar los ánimos de los contendientes. Se trata de una acción popular por la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público, presentada por la abogada Constanza Hernández, y fallada a favor de los intereses de la Beneficencia de Cundinamarca.

En su parte resolutiva, el Juzgado ordenó proteger el derecho colectivo a la protección del patrimonio público y restablecer las cosas al estado anterior al que se encontraban desde antes de la venta del lote de la carrera 24 con calle 72. En otras palabras, anular todo lo que ha pasado en este interminable pleito. Sin embargo, el comprador ya apeló la sentencia y, como tampoco baja la guardia, demandó al Estado por $85.000 millones, por los presuntos perjuicios que le ha causado todo el lío del lote.

Una pelea de alquilar balcón y excesivo desgaste para la justicia. No obstante, como quedó escrito en la acción popular, es inexplicable que desde hace 32 años no se haya resuelto. Y la razón obedece a que a pesar de que en su momento la Beneficencia de Cundinamarca logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 1986 declarara la nulidad de la venta del predio, sorpresivamente cuatro años más tarde, en 1990, el Consejo de Estado se inhibió de fallar por falta de jurisdicción.

Es decir, el Consejo de Estado dijo que no era competente, lo cual originó un extenuante proceso de transacción entre las partes que sólo vino a terminar hasta diciembre de 1996. De ahí en adelante la pelea se concentró en la entrega del predio, con un fallo del Consejo de Estado del 28 de junio de 2006 que le entregó el bien a Carlos Fídolo González. Sin embargo, en el camino el tema se había enredado tanto, que ya es también objeto de investigación en la justicia penal.

Inicialmente porque la Corte Suprema de Justicia en 2005 admitió que el mismo bien en marzo de 1992 fue objeto de una nueva negociación entre González y una firma comercial, que se comprobó fue un contrato de compraventa inexistente por simulado, pues el presunto comprador y el vendedor eran la misma persona; y en segunda instancia porque la Beneficencia adelanta el trámite de una denuncia por fraude procesal contra el ocupante del terreno en litigio.

De esta manera, un predio que en la década de los años 70 era el parqueadero de los buses llamados “trolley”, que por muchos años fueron el transporte masivo en Bogotá, hoy no se sabe quién es su dueño real. Carlos Fídolo González dice que canceló el dinero acordado. La Beneficencia asegura que el comprador no pagó la totalidad de lo acordado. Así las cosas, el inmueble, situado en un punto estratégico de la ciudad, sigue en el aire, como también la justicia, que no termina de imponer su sello de cosa juzgada.