Desde hace más de 10 años, Hollman Morris ejerce el periodismo con un enfoque específico: el seguimiento al conflicto armado, sus consecuencias para la población civil y la búsqueda de una salida negociada a éste. Sin embargo, esta actividad lo ha convertido en blanco de incontables amenazas y presiones. Por esta razón, Morris decidió llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde acaba de entablar denuncia contra el Estado colombiano por hechos de persecución.
En un documento de 71 páginas, respaldado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el periodista solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado “una investigación completa, imparcial y efectiva, para juzgar a los responsables de las amenazas, hostigamientos, seguimientos, difamaciones y estigmatizaciones públicas” de las que han sido objeto él y su familia, y que, en consecuencia, reciba una reparación por las violaciones referidas.
Como sustento a su denuncia, Morris refiere que en 2000 fue blanco de las primeras amenazas, cuando era periodista de El Espectador. Después de varios meses de exilio en España, regresó a Colombia, y con el apoyo de la Unión Europea, entró a dirigir el programa de televisión Contravía, con énfasis en el tema de los Derechos Humanos. Desde entonces ha sido blanco de toda clase de amenazas, que hoy lo tienen como un periodista con medidas cautelares de la OEA.
Entre marzo y mayo de 2004, la esposa de Morris, Patricia Casas, recibió múltiples amenazas que la desestabilizaron psicológicamente, como lo documentó la Fiscalía. En ese momento estaba embarazada de su segundo hijo. Ese mismo año, en agosto, Morris fue detenido por miembros de la Armada y el Ejército en Puerto Leguízamo (Putumayo) y la retención, sin previa orden judicial, duró ocho horas a bordo de un buque de la Armada. Su material periodístico fue confiscado.
En mayo de 2005, después de varios programas alusivos a la masacre de San José de Apartadó, recibió en su casa una corona fúnebre con la siguiente leyenda: “Sentidas condolencias, familia Morris”. Un mes más tarde, la Comisión Interamericana instó al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes para proteger la vida de Morris, su esposa y sus dos hijos. Aun así, semanas después fueron detectados seguimientos en su contra.
En marzo de 2006, en un video denominado “Frente Social por la Paz”, Morris fue señalado como objetivo militar por ser supuesto agente de la guerrilla. Según se supo después, el video habría sido elaborado en el DAS, con la orientación de José Miguel Narváez. En posterior declaración, el ex director del organismo Andrés Peñate observó que “el contenido del video parecía circunscribirse al tipo de trabajo denominado guerra política, que tanto pregonaba el señor Narváez en su función de asesor externo”.
En su denuncia, Morris documenta otros episodios de amenazas y presiones, así como las públicas confrontaciones con el presidente Uribe, quien lo señaló de “utilizar su condición de periodista para hacerles apología a la violencia y a quienes someten al pueblo colombiano al secuestro, a tratos inhumanos, a mutilaciones, a ataques terroristas”. Lo anterior, según Morris, ha dado pie para que se le haya intentado vincular al escándalo de la farcpolítica. Pero además Morris resultó uno de los personajes más perseguidos por el DAS.
El periodista le pidió a la Comisión Interamericana que sancione al Estado colombiano y se reconozca que vulneraron sus derechos a la integridad personal, la honra y la dignidad, la protección judicial, el derecho de circulación y residencia, las libertades de pensamiento y expresión, así como otras disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Evidencias de espionaje del DAS
En un reporte de 105 páginas conocido por este diario, la Fiscalía documentó otras graves violaciones a los derechos humanos gestadas desde el DAS.
Se halló una carpeta de blancos políticos entre los que se encontraban Gloria Gaitán, hija del caudillo Jorge Eliécer Gaitán; el hoy gobernador de Santander, Horacio Serpa; el ex comandante del Ejército ecuatoriano René Constantino Vargas; el representante Wilson Borja y el director del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Carlos Franco.
Se encontraron teléfonos celulares interceptados, de los que aparecen como suscriptores trabajadores de la ONU. Y una carpeta de 25 páginas sobre el récord migratorio y pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.
Se descubrió que se venía siguiendo a Ernesto Amézquita Camacho, sindicado por el DAS de hacer parte de una estrategia de expansión de la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez. Amézquita es reseñado como el abogado huilense que asesoró a Chávez en 1995. Su caso se denominó “Espada de Bolívar”.
Fiscalía encontró fotos tomadas por el DAS del Foro Andino Amazónico, realizado en 2004 en la Universidad del Cauca. En total 36 asistentes fueron reseñados, algunos delegados extranjeros o el congresista Pedro Arenas. También el delegado de la ONU Marc Perduca.
Se encontró informe secreto en el que el DAS reporta una reunión entre el ex gobernador del Valle Angelino Garzón y una persona de quien se dice sería su contacto con el secretariado de las Farc. También se informa de otros encuentros de Garzón con supuestos miembros de grupos al margen de la ley.