Seguridad de exportación

El asunto era crítico para el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Con fuertes presiones de la oposición en el Congreso y el escándalo de los niños que concibió cuando era obispo de San Pedro aún fresco en la memoria de los paraguayos, no podía darse el lujo de que su imagen se siguiera lastimando. Por eso el secuestro del ganadero Fidel Zavala llegó en tan mal momento. Sus críticos lo tildaron de débil. Y al pasar los meses sin que el ganadero volviera a la libertad, la oposición se lanzó incluso a injuriarlo, señalando los presuntos vínculos ideológicos entre el mandatario y los secuestradores, el Ejército del Pueblo Paraguayo.

Durante tres meses habían intentado liberar a Zavala sin lograrlo. Hasta que en enero, del palacio presidencial de Lugo,  salió directamente  un pedido de ayuda a Bogotá. Casi de inmediato, la Casa de Nariño y la Dirección de la Policía Nacional se cruzaron llamadas y a comienzos de enero enviaron  a Asunción un pequeño grupo de agentes antisecuestro del Gaula.

Aunque aún se desconocen los detalles de la negociación, a los pocos días Zavala era dejado en libertad, en una zona rural del norte de Paraguay, por los mismos secuestradores que en 2005, y con asesoría de las Farc, habían secuestrado y asesinado a Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas. “Tuvimos un apoyo importante de las autoridades colombianas”, dijo Zavala en una rueda de prensa de pocas palabras, “nos ayudaron a hacer posible que yo esté acá”.

Una semana después, y mientras los oficiales del Gaula se quedaban en Paraguay instruyendo a sus colegas, el director de la Policía, Óscar Naranjo, recibía en su despacho a una delegación sin precedentes: con coloridos trajes de ceremonias y dialectos variados, los zares antidrogas de seis países de África occidental se alineaban a un lado de la mesa de conferencias, justo al frente de Naranjo y otros generales de la Policía, para firmar por primera vez convenios de cooperación en inteligencia y capacitación, que fortalecerán el control policivo de la ruta del narcotráfico que sale de Colombia y vía Venezuela y el Caribe llega a Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Sierra Leona y Togo.

Ambos hechos, ocurridos casi simultáneamente, no son espontáneos. Aunque en el proceso de constitución de un eje de cooperación Colombia-África ha trabajado durante dos años y medio la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, detrás de estas y otras acciones llevadas a cabo con mucha discreción por las autoridades colombianas se encuentra un cuidadoso plan estratégico, nacido en el seno del Ministerio de Defensa, y que desde hace dos años busca estructurar la cooperación colombiana en el mundo a partir de los aprendizajes que aquí se han tenido en términos de seguridad.

El plan, proyectado internacionalmente a través de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, ha originado ofrecimientos tan variados como la realización de la evaluación y rediseño de la policía haitiana y la participación de efectivos colombianos en las operaciones de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) en Afganistán.

Diplomacia por la estabilidad

La apuesta colombiana no es fácil. Por un lado, enfrenta el reto de profundizar la lucha antinarcóticos a través de la vinculación de los países de tránsito y los países de destino. Con esto, no sólo avanza en sus objetivos internos, sino que se posiciona en la región y el mundo como un país capaz de ofrecer cooperación en términos de seguridad. “Tenemos un futuro enorme”, comenta Sergio Jaramillo, hasta hace un mes viceministro de Defensa. “Tanto las Fuerzas Militares como la Policía cuentan con capacidades que no tiene ningún otro país”.

 Este esfuerzo internacional ha tenido que ser llevado a cabo, sin embargo, de manera discreta y apelando a esfuerzos puramente técnicos, en momentos en que se vive una de las peores crisis en las relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, hoy corredores de tránsito de la cocaína colombiana.

Para ofrecerle cooperación a la región, el Ministerio de Defensa estableció un “portafolio de servicios”, enmarcado dentro de un concepto surgido también en esta institución: “diplomacia para la promoción de la estabilidad (stability promotion diplomacy)”. La oferta incluye asistencia a otros países en capacitación para la interdicción de drogas, combate al secuestro y la extorsión, y desarrollo de programas de derechos humanos y DIH para la fuerza pública.

 Sólo en 2009, 23 países del mundo enviaron oficiales a cursos de entrenamiento en Colombia, incluyendo a agentes de Reino Unido, España y Chile. Incluso Ecuador, con el que Colombia no ha reanudado aún del todo sus relaciones diplomáticas, ha participado en estos procesos; Venezuela, en cambio, se ha mantenido al margen, al punto que ni siquiera sostiene interlocución con la Policía colombiana ni hace parte de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que agrupa a 19 policías del continente.

Con México, bastó con una conversación en Cartagena en 2008 entre los presidentes Felipe Calderón y Álvaro Uribe, para que Colombia se comprometiera a capacitar, entre 2009 y 2011, a 11.000 policías federales mexicanos. A finales de 2009, 4.500 mexicanos habían recibido formación.

Otros 1.800 policías de Panamá, Haití, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Argentina y Trinidad y Tobago han recibido entrenamiento. Este último país, además, fue asesorado por Colombia para garantizar la seguridad de los jefes de Estado durante la Cumbre de las Américas, en abril de 2009. La Armada Nacional, por su parte, ha realizado en dos ocasiones cursos de interdicción marítima para la cuenca del Caribe y acompaña de cerca a la Armada de República Dominicana.

Haití y África 

Además de sus actividades en el corredor centroamericano, la policía ha puesto especialmente los ojos en los últimos meses sobre el Caribe y el occidente africano. El año pasado, una comisión colombiana de alto nivel, a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, realizó durante dos meses  un diagnóstico profundo de la precaria policía haitiana. Los resultados y el plan de acción para reformarla fueron presentados en Nueva York ante los países donantes, un par de meses antes del terremoto. Aún no es claro si el proyecto de estructuración planteado por Colombia será usado en esta etapa de reconstrucción de la isla.

El occidente  africano, entre tanto, se ha convertido en prioridad para las agencias antinarcóticos. “La gran mayoría de arrestos que hacemos en la actualidad son a personas que proceden de Latinoamérica. Los barcos vienen de Brasil y Colombia; los aviones, de Venezuela. Y con cada año que pasa, las cantidades de droga capturadas están en aumento”, aseguró Yaw Akrasi Sarpong, jefe de la Agencia Antinarcóticos de Ghana, a quien se le vio esta semana en Colombia con expectativa de que en adelante sus investigadores cuenten con más información y capacitación por parte de las autoridades colombianas.

El funcionario   ghanés jura que quiere purgar a su país de los narcos. Se queja por la falta de recursos de su oficina y afirma que hay países como Guinea Bissau, que son “en un 90% narcoestados”. ¿Incluso el agente de este país que firmó el acuerdo con el general Naranjo? “Yo no confío en nadie”, responde tajante  Akrasi-Sarpong.

El rumbo en  Afganistán

La gran pregunta que queda en el aire es el futuro de la participación colombiana en la coalición liderada por la OTAN que combate a los talibanes y Al-Qaeda en Afganistán. En mayo del año pasado, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que el país había firmado un convenio con la OTAN para que efectivos colombianos se unieran al contingente español de la coalición en Afganistán, en tareas de desminado y capacitación en operaciones antinarcóticos.

Santos renunció. Llegó el general Fredy Padilla de León como ministro interino, vino el escándalo de las bases y llegó el nuevo ministro Gabriel Silva. Ya en diciembre, el plan era otro: el nuevo Ministro de Defensa anunció que estaba en proceso la negociación de un convenio con España para incluir en el contingente español a 87  miembros colombianos de las fuerzas especiales.

Las discusiones  dentro del Ministerio de Defensa fueron profundizadas por los dilemas de la OTAN y del mismo Barack Obama, quien hasta hace pocos meses aún se debatía frente al cambio de estrategia en Centroasia  y cuyo comandante en la zona pidió un rediseño de la lucha, que incluye desarrollar capacidades contrainsurgentes y protección a la población civil (ver recuadro).

Sin embargo, a dos meses de este último anuncio, nada ha sido concretado. A la cabeza del proceso se encuentra el almirante David René Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, quien se ha abstenido de realizar mayores declaraciones. “Estamos mirando cuáles son los mecanismos más eficaces, con qué países vamos a trabajar, en qué zonas y con cuántos hombres”, dijo el canciller Jaime Bermúdez a este diario, hace una semana, antes de partir a la Conferencia sobre Afganistán en Londres.

 No obstante, la proyección internacional de la fuerza pública ha tenido una importante incidencia en la mente de sus hombres. Mientras que afuera, dirigentes y analistas como Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional, reconocen que Colombia “es el país que tiene las fuerzas antinarcóticos más grandes y más entrenadas del mundo”, en casa el coronel Fernando Buitrago, director de asuntos internacionales de la Policía, asegura que hoy la institución  “está a la altura de las más grandes del mundo”.

El  ex viceministro Sergio Jaramillo lo resume en una frase: “Hemos sido receptores por mucho tiempo, esto es crítico para nuestra autoestima”.

El dilema afgano

Ocho años de operaciones en Afganistán, que han dejado cientos de víctimas civiles y bajas militares dentro la coalición de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), llevaron al general Stanley McChrystal ha replantear la estrategia. En un documento clasificado, que se filtró a finales de 2009, el comandante de la ISAF reconoció lo lejos que se está de ganar la guerra, pidió el incremento en el número de hombres y señaló un cambio de rumbo, “enfocado en la población”, víctima permanente de las operaciones.

En medio de esta discusión, Colombia ha tenido que conducir las negociaciones con los hombres de McChrystal. Según lo dicho por el Ministro de Defensa en diciembre pasado, el país enviaría a 87 efectivos de las fuerzas especiales y un número no determinado de agentes antinarcóticos y de desminado. Nada, sin embargo, ha sido oficializado.