Un desalojo en suspenso

Temprano en la mañana del martes la Policía llegó al lugar en varios vehículos. En un camión los uniformados llevaban escudos de protección, un elemento de rutina a la hora de realizar un desalojo. Con ellos llegaron el inspector de Policía y la juez encargada de la diligencia en el barrio Altos de la Florida, una pequeña urbanización, ilegal, que cuelga de una escarpada y pendiente montaña del municipio de Soacha.

La comunidad recibió a las autoridades con banderas blancas. Al final del día, todo el asunto se redujo a una prórroga del proceso de desalojo para dar tiempo a que los habitantes puedan conciliar con los dueños de los lotes donde se construyó el barrio. En un país en el que la guerra y la violencia son valores patrios, demandados y demandantes se sentaron a hablar.

Altos de la Florida nació hace más de 10 años cuando un hombre llamado Hipólito Sánchez comenzó a vender predios para construir viviendas. Muchos aceptaron su oferta y comenzaron a pagar cinco, seis, tres, cuatro millones de pesos por un pedazo de tierra en donde edificar una casa y una vida.

Desde entonces, los hermanos de la familia Noguera-Caucalí demandaron la invasión de sus predios en un proceso que sólo hasta 2003 produjo un primer fallo, en el que se condenó en primera instancia, y posteriormente en segunda, a Sánchez por vender lo que no era de él. Sin embargo, para la época de las decisiones judiciales, Altos de la Florida ya era más que una tímida agrupación de casas.

La justicia siguió su camino hasta que un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó el desalojo del barrio. En él viven hoy más de 1.200 familias; más de 5.000 personas. Dentro de la comunidad hay mujeres embarazadas, discapacitados, niños, madres cabeza de familia y ancianos, todos ellos considerados como población vulnerable por la ley. Y he ahí la encrucijada: ¿cómo desalojar a aquellos que fueron objeto de una estafa, más aún cuando muchos gozan de protección especial por las leyes? Y, al mismo tiempo, ¿cómo ignorar el derecho legítimo de la familia de recuperar la posesión sobre una tierra legalmente adquirida?

La solución, ni blanca ni negra, es una negociación entre aquellos que viven hace más de 10 años en un lugar que han aprendido a llamar casa y los dueños de los terrenos que desde aquel entonces pelean contra el robo del que fueron objeto.

“El desalojo es una realidad. Pero se detendrá durante 30 días para esperar a que las familias negocien con la familia Noguera-Caucalí para llegar a un acuerdo”, dijo ayer la juez encargada del caso en una reunión improvisada en un terraplén del sector para informarle a la comunidad que aún hay una esperanza de no perder sus casas; al encuentro también asistieron dos miembros de la familia. “Yo debo acatar la ley y la orden de mi superior de cumplir con el desalojo. Pero tampoco puedo ignorar que el cumplimiento de ésta tendría un impacto enorme sobre una población pobre y vulnerable”, añadió la funcionaria.

Los habitantes de Altos de la Florida esperan ahora un censo que realizarán las autoridades para saber exactamente cuántas son las personas que se verían afectadas por la medida. Según Álvaro Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, y uno de los encargados de negociar la tregua con la familia y la justicia, el 40% de los habitantes del barrio son desplazados que no cuentan con mayores medios económicos para comprar el derecho a seguir viviendo en su hogar.

Al final del plazo de gracia, quienes no hayan arreglado su situación con la familia dueña de las tierras deberán desalojar.