“Una reacción desproporcionada”

El Presidente y los mandos militares se rebelaron contra la decisión, en un hecho sin precedentes. La jueza que profirió el fallo, María Stella Jara, habla con El Espectador sobre esta reacción del Ejecutivo y sobre su grave situación de seguridad.

Cecilia Orozco Tascón.- Un día después de su sentencia contra el coronel (r) Plazas Vega, el Presidente suspendió su trabajo y citó a reunión extraordinaria en Palacio a la cúpula militar para hablar de su fallo. ¿Esperaba esta reacción del Poder Ejecutivo?

Jueza María Stella Jara.- No. No me la esperaba. Y me parece que es una reacción desproporcionada y desafortunada.

C.O.T.- ¿Se siente intimidada?

M.S.J.- No creo que deba responder esa pregunta.

C.O.T.- El alto mando militar y el ministro de Defensa firmaron un comunicado en el que “expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial” y “manifiestan solidaridad” con el coronel Plazas. ¿Cree que con esas frases están cuestionando su fallo?

M.S.J.- Entiendo la reacción solidaria de todos ellos porque son compañeros de armas del señor coronel. Y me parece lógico que cuestionen la decisión, pero después de haber leído su texto.

C.O.T.- Contra su sentencia —a la que le atribuyen toda clase de fallas jurídicas e incluso falsedades— se han pronunciado, además del Presidente y de los ex comandantes del Ejército, más de veinte organizaciones de ex miembros de las Fuerzas Armadas y algunos columnistas. ¿Su conciencia ética, pero sobre todo, su conciencia jurídica, está tranquila con la evaluación que hizo de las pruebas y de lo que obraba en el proceso?

M.S.J.- Los jueces fallamos en nombre de la República y por autoridad de la ley. Lo hacemos con objetividad y siempre con el deseo de acertar. Las equivocaciones en que podamos incurrir son materia de los recursos ordinarios y, en general, de todos los controles que pueden hacerse a través de todos los medios de impugnación, e incluso de la casación. En todos los fallos que he tenido que proferir, siempre lo he hecho con tranquilidad de conciencia y no me ha animado interés distinto que el del estricto cumplimiento de mi deber.

C.O.T.- Si tuviera que fallar de nuevo con idénticos elementos de juicio, pero ya conocidos los efectos políticos del mismo, ¿lo haría en idéntico sentido, se abstendría o variaría la sentencia?

M.S.J.- Como le decía, mi tarea me impone la obligación de mantener la objetividad en mis decisiones. Las circunstancias políticas y mediáticas no deben afectar la función del juez. En todo caso, el fallo ya fue proferido y, por tanto, el único mecanismo legal para establecer una controversia con su contenido es el de la apelación y después el de la casación para verificar la legalidad y acierto del mismo. En mi condición de juez de la República, mi deber es proferir el fallo y en ese momento se agota mi obligación constitucional y legal. Proferida la sentencia, ella se defiende sola y yo no debo trabar discusiones públicas sobre su contenido.

C.O.T.- La Procuraduría ha apelado su fallo, ¿qué comentario le merece esa apelación?

M.S.J.- Ninguno. Es su derecho como sujeto procesal dentro de la actuación.

C.O.T.- Se informó repetidamente de recusaciones que se presentaron contra usted, aplazamientos, renuncias de abogados, etc. durante el proceso Plazas Vega. ¿Todos estos incidentes constituyen una estrategia válida de la defensa o hubo excesos?

M.S.J.- Mi posición de juez me impide hablar extraproceso de esos asuntos.

C.O.T.- Fuera del caso Plazas Vega, ¿cuáles otros procesos de importancia social ha conocido en su carrera judicial?

M.S.J.- Para un juez todos los casos son socialmente importantes, aunque no tengan tanto registro mediático como por el que me pregunta. Sin embargo, éste sí es el más complejo jurídicamente hablando y el más voluminoso que me ha tocado resolver: son más de 45 mil folios, más de cien discos compactos y por lo menos 300 horas de grabación.

C.O.T.- Al otro día de conocido su fallo, usted estuvo en una audiencia con su abogado. ¿Cuál era el objeto central de esa audiencia y por qué asistió con apoderado?

M.S.J.- La audiencia fue ante un juez de control de garantías para reclamar que se diera cumplimiento a unas medidas de protección para mí y para mi hijo, que fueron dictadas por el Juzgado 53 Penal Municipal de control de garantías desde el 14 de enero de este año. La presencia de mi abogado obedece a que actúo como víctima en un proceso por amenazas en contra mía.

C.O.T.- ¿En qué consiste ese proceso?

M.S.J.- Se trata de unas amenazas proferidas en mi contra, el 1° de septiembre de 2009, por el ejercicio de mi función como Juez Tercera Penal Especializada del Circuito de Bogotá. La investigación la lleva una fiscalía de la Unidad de Terrorismo, que fue la que solicitó medidas de protección para mi hijo y para mí ante el juez 53, debido a que se conoció un plan concreto para atentar contra mí. Yo me constituí en víctima en esa actuación.

C.O.T.- Se sabe que usted ha sido amenazada no una, sino muchas veces. ¿En qué forma se han manifestado quienes la amenazan y cuál es el medio que usan para hacerlo?

M.S.J.- Me han hecho llegar dos sufragios, un anónimo en el que lamentaban el “desaparecimiento” mío y de mi familia; y, adicionalmente, la fotocopia de una columna de prensa que fue publicada, y en donde se me acusaba de no ser imparcial en el “Caso Plazas”.

C.O.T.- ¿Tiene esquema de seguridad proporcionado por el Gobierno? ¿Está tranquila con la protección que le brinda el Estado?

M.S.J.- Tengo un esquema de seguridad proporcionado por el Estado, pero, en concreto, el Gobierno, o mejor, la Rama Ejecutiva, ha sido indolente frente a mi situación. El Consejo Superior de la Judicatura, su Sala Administrativa y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, a través del coronel Salamanca, han sido quienes han asumido mi protección física.

C.O.T.- ¿Por qué, entonces, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares, es decir, protección por orden internacional, que le fue concedida hace poco?

M.S.J.- Porque el año pasado fui víctima de una serie de hostigamientos y de sucesos extraños en mi domicilio. Y aunque denuncié oportunamente estos hechos, aquí no parecieron creerme, por lo que decidí acudir a la CIDH. La Comisión le envió una carta al Gobierno solicitándole un informe sobre mi caso. Luego, yo misma me pronuncié sobre las amenazas al finalizar una audiencia pública. Aprovechando los medios de comunicación presentes, di una declaración sobre mi problema de seguridad. Fue así como el coronel Salamanca, de la Dirección de Protección de la Policía, se enteró de mi situación y desde entonces puso un esquema de protección a mi servicio, que incluía un vehículo suministrado por el Consejo Superior. En ese momento esa seguridad era suficiente. Sin embargo, las amenazas continuaron incrementándose a punto tal que el nivel de calificación de riesgo era superior al esquema.

C.O.T.- ¿En cuántas oportunidades se le ha tenido que revaluar su sistema de seguridad y qué organismos han participado en esas revisiones?

M.S.J.- En más de tres ocasiones se ha tenido que subir el nivel de riesgo. Y en un par de ellas, a instancias de organismos y personajes internacionales, incluidas las Naciones Unidas, su delegada de Derechos Humanos y su relatora para la Independencia Judicial, a los que he tenido que acudir ante la incredulidad del Ejecutivo, no obstante que tiene la obligación de protegerme y de proveer los recursos para que el Consejo Superior pueda brindarme seguridad efectiva.

C.O.T.- Precisamente, y en contraste con lo sucedido con el Poder Ejecutivo colombiano, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, le expresó su “reconocimiento” al Poder Judicial, en este caso a usted, por su lucha contra la impunidad por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. ¿Este respaldo la resarce de los sinsabores que ha sufrido?

M.S.J.- El pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU me satisface desde el punto de vista personal y se lo agradezco desde el punto de vista funcional. Naturalmente, tranquiliza saber que en instancias tan altas se valora el trabajo de la Rama Judicial colombiana. Y, de alguna manera, compensa la decepción que nos generó la reacción negativa de los representantes de algunas instituciones que descalificaron un fallo producto de un trabajo denodado mío, de mi equipo de colaboradores del juzgado, del Consejo Superior que acompañó presupuestal y administrativamente este proceso, y de todas las personas que, en general, concentraron sus esfuerzos para que se pudiera adoptar, prontamente, una decisión de fondo en este asunto.

C.O.T.- Fuera de las amenazas —que constituyen actos delictivos—, ¿es cierto que usted recibió presiones e insultos de personas y organizaciones allegadas al proceso?

M.S.J.- Dictado el fallo, que a mi leal saber y entender corresponde objetivamente con el material probatorio, para mí todos los temas del proceso quedan cerrados.

C.O.T.- ¿El propio coronel Plazas o alguno de sus allegados la hostigaron de alguna manera?

M.S.J.- Me remito a la respuesta que le acabo de dar.

C.O.T.- ¿Cree que después de lo ocurrido con su sentencia, los jueces y magistrados sienten que tienen garantías para fallar en estricto derecho?

M.S.J.- No puedo responder por todos y cada uno de mis colegas. Pero sí sería deseable que las diferentes fuerzas que integran la sociedad colombiana respetaran la majestad del juez, de modo que se tenga un concepto general de justicia y no uno variable que esté de acuerdo con los intereses de cada quien en casos concretos.

C.O.T.- ¿Quién es María Stella Jara y cuál es su trayectoria profesional?

M.S.J.- Soy una mujer de provincia, nacida en Cubarral, Meta, que estudió interna en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Funza (Cundinamarca) y Derecho en la Universidad Católica de Colombia. Tengo especialización y maestría en Derecho Penal. He sido funcionaria judicial durante más de 20 años, la mayoría de los cuales los serví en el Distrito Judicial de Villavicencio. Soy amante de la función judicial a la que considero una de las mejores formas de servirle a la sociedad, y esta es la segunda pasión de mi vida, después de la de ser mamá.

C.O.T.- A usted también le cayó en “suerte” el caso del estudiante Nicolás Castro, quien estuvo en la cárcel unos meses por haber, presuntamente, escrito en internet una frase contra el hijo del Presidente. ¿Cuánto ha avanzado ese caso?

M.S.J.- Ese proceso está en curso en mi despacho, donde se continuará con la fase de juzgamiento conforme lo manda la ley. No puedo pronunciarme respecto de sus pormenores, porque incurriría en alguna causal de impedimento o de recusación.

Respaldo de la ONU y de la CIDH a la jueza

Tal como lo informó El Espectador el domingo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les acaba de otorgar medidas cautelares a la jueza María Stella Jara y a su hijo, después de analizar sus críticas circunstancias de seguridad por las amenazas contra su vida. Significa que el Estado colombiano debe garantizarles protección especial. A la grave situación de la jueza se sumaron las protestas de connotados personajes contra la sentencia que ella dictó, condenando a 30 años de cárcel al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia. El primero en hablar contra la decisión fue el Presidente —quien apareció en una alocución televisada, al lado de todos los comandantes de las Fuerzas Armadas—. También protestaron los ex comandantes y más de 20 organizaciones de ex militares que dicen tener un millón de miembros. En vista de los retadores mensajes, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, emitió un comunicado de apoyo a la independencia judicial y señaló —en una especie de jalón de orejas de la ONU a Colombia— que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada”.

Recuento del Holocausto del Palacio de Justicia

El 6 de noviembre de 1985, cuando un grupo del M-19 entró al Palacio de Justicia y tomó como rehenes a los magistrados de las altas cortes y a sus empleados, el oficial del Ejército Alfonso Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá, asumió por orden de sus superiores la retoma de la edificación. La recuperación se logró después de varias horas de intensos combates, pero en medio de grave destrucción y al costo de un centenar de muertes, entre ellas, las de casi todos los magistrados. El rastro de once civiles rescatados desapareció para siempre. Sus familiares todavía claman por saber qué pasó con ellos. El proceso contra el ex oficial por presunta responsabilidad en esas desapariciones se inició veinte años después, en 2005, cuando la Fiscalía halló nueva pistas y logró encontrar testimonios directos de lo ocurrido entre la salida de algunos rehenes, su traslado a la Escuela de Caballería y su posterior desaparición. Plazas Vega, hoy condenado en primera instancia, tuvo otros importantes cargos militares y fue director de Estupefacientes en el primer período del gobierno Uribe. En 2007, Plazas fue capturado y desde entonces ha estado recluido en el Cantón Norte y en el Hospital Militar. Ahora se espera la decisión del tribunal de segunda instancia, porque el fallo fue apelado.