Han pasado 23 años, pero a cualquiera se le encoge el corazón leyendo el testimonio del sobreviviente ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Nicolás Pájaro, sobre la forma como las Fuerzas Militares ejecutaron el operativo de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. “(Los militares) disparaban criminalmente contra las oficinas (del Palacio)… Era una lluvia de balas contra el tercer y cuarto pisos. Los helicópteros que sobrevolaban frente a la fachada, disparaban también. Tengo la impresión de que las balas que utilizaba el ejército eran explosivas… porque todo se iba desbaratando… y (las esquirlas) se nos incrustaban en el cuerpo. Nos preguntaron: ‘¿Dónde están ustedes?’. Nosotros les dimos la ubicación del baño. Pensamos que ya nos iban a ayudar. Pero apenas supieron, empezaron a lanzar granadas contra el baño… y bombardearon” (El Espectador, 7 nov. 08). Sólo ahora el jurista se decide a hablar. Todo este tiempo calló, por temor de lo que le pudiera pasar a él o a su familia.
Han transcurrido dos décadas; se han escrito muchos libros y se editarán otros más; se han dictado centenares de conferencias y realizado programas de radio y televisión; el Estado indultó al grupo guerrillero M-19, cuyos miembros fueron los autores de la toma. Sin embargo, los familiares de las víctimas asesinadas en el acto y los de las desaparecidas en los días siguientes, todavía no pueden cancelar su ciclo de luto, porque no conocen la verdad completa.
No obstante, la esperanza de saber lo que en realidad pasó, y de que salgan a la luz pública los responsables, ha renacido con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reabrir la investigación penal y de vincular a los altos oficiales que tuvieron a su cargo la cruenta operación. Por primera vez en el país hay varios generales y coroneles de legendaria historia respondiendo ante la justicia. Y algunos de ellos comenzaron a “individualizar las responsabilidades”, como lo llama Carlos Medellín, hijo del inmolado magistrado del mismo nombre, cuando se refiere a las declaraciones de los investigados.
Justamente porque este pareciera ser el mejor momento histórico que ha existido para castigar a los culpables y también para exonerar a los inocentes, ha extrañado la insistencia de Medellín en que el país piense en un indulto que cobijaría a los uniformados responsables. Aquí, él explica cuál es el perdón que se imagina y en qué condiciones cree que sería posible cerrar la puerta del horror y empezar a construir un futuro donde puedan convivir pacíficamente los hijos y nietos de víctimas y victimarios.
Cecilia Orozco Tascón.- Usted ha propuesto indulto para los militares involucrados en los hechos del Palacio de Justicia desde hace quince años. ¿Por qué cree que esa propuesta, que nunca ha cogido ‘vuelo’, es viable ahora?
Carlos Medellín.- Porque han empezado a individualizarse las responsabilidades y hay unos oficiales vinculados a las investigaciones y otros que han sido llamados a juicio. Me refiero a quienes estuvieron al frente del operativo. Ya no estamos hablando de un hecho histórico o de un tema académico, sino de un caso judicial. En el momento en que se individualicen las responsabilidades, se empezará a conocer la verdad. Y quienes estén vinculados tendrán la posibilidad judicial de confesar y de contarle al país todo lo que tiene derecho a saber. Una vez eso haya ocurrido, la propuesta es viable.
C.O.T.- El coronel (r) Plazas Vega, quien está siendo investigado ahora por esos hechos, empieza a decir que él hacía parte de una cadena y que no actuaba solo. ¿A eso se refiere usted con las ‘responsabilidades individuales’?
C.M.- Sí. Estamos empezando a conocer con nombre propio a los responsables del holocausto. En la medida en que, por ejemplo, el coronel Plazas Vega afirma, cuando se refiere al tema de los desaparecidos, que rescató a unas personas, que las entregó en la Casa del Florero y que de ahí en adelante no responde. Él está individualizando su responsabilidad y la de otros oficiales, como la del coronel Sánchez. A éste le tocará hacer lo mismo y así sucesivamente, pues no es creíble que ellos hayan actuado solos. Allí hubo una cadena de mando y eso es lo que hay que aclarar.
C.O.T.- ¿En qué momento ustedes, los familiares de las víctimas, tuvieron la sospecha de que los militares que participaron en el operativo habrían cometido una masacre?
C.M.- Nos dimos cuenta de lo que en realidad había sucedido un día después de la toma, es decir, el 7 de noviembre de 1985 por la noche, cuando presenciamos cómo, por orden de los altos mandos, los bomberos lavaban los pisos del Palacio después del incendio y cómo, partes de los cadáveres caían del cuarto al tercer piso, del tercero al segundo y del segundo al primero. Desde ese instante tuvimos la impresión de que estaban empezando a borrar las pruebas. Hubo otros hechos dicientes: nosotros habíamos tenido contacto telefónico con nuestros padres hasta más o menos la cuatro o cinco de la tarde del 6, pero cuando la Policía llegó en helicópteros a recuperar el cuarto piso, jamás volvimos a saber nada de ellos; es claro que murieron durante el ingreso policial. En el caso de los desaparecidos, el drama ha sido terrible. Otra atrocidad fue, por ejemplo, la forma como el coronel Plazas disparó los tanques contra el Palacio de Justicia, y específicamente contra un baño donde había más de setenta personas. Desde entonces hemos estado reclamando justicia.
C.O.T.- ¿Y por qué cree en esta investigación, si durante veinte años todas las otras no han llegado a nada?
C.M.- Hay dos hechos fundamentales para decir que la investigación actual es diferente: primero, que al cumplirse los veinte años del holocausto, la Corte Suprema decidió crear la Comisión de la Verdad y que ésta ha hecho un gran trabajo de recolección de pruebas que ha permitido profundizar sobre estos temas. Segundo, la decisión de la Fiscalía de impulsar el proceso por el caso de los desaparecidos.
C.O.T.- Perdone mi pesimismo, pero es posible que no se concreten acusaciones ni condenas...
C.M.- Lo que sucede es que la investigación sobre lo que ocurrió hace 23 años comenzó hace apenas dos, y va por buen camino. En estos 24 meses se ha avanzado mucho más que en veinte años.
C.O.T.- Explíqueme, entonces, ¿por qué cree que vale la pena hablar de perdón y olvido ahora que se podría saber la verdad?
C.M.- No propongo olvido. Hablo de perdón judicial, pero una vez que existan las sentencias judiciales correspondientes. No se trata de perdonar por perdonar, sino que tiene que haber reconocimiento de los responsables. Éstos deben decir dónde están enterrados los desaparecidos; quién dio la orden de asesinarlos; quién ordenó incendiar el Palacio; quién asesinó a los magistrados; quién dijo que había que lavar el Palacio para borrar las pruebas. Después de eso, se puede pensar en la posibilidad de un indulto para que haya un equilibrio entre la decisión que aplaudió el país por razones políticas y de conveniencia nacional de concederle perdón al M-19 —hecho con el cual no estuve de acuerdo, toda vez que sus dirigentes se limitaron a pedir perdón, sin condenas ni indemnizaciones— y lo que suceda con los militares responsables.
C.O.T.- ¿Cree que los oficiales (r) que están siendo investigados en este momento son los únicos que decidieron hacer lo que se hizo?
C.M.- Quienes han sido vinculados hasta ahora son los responsables directos del operativo del Palacio de Justicia y de lo sucedido en la Casa del Florero, pero faltan oficiales que también tuvieron responsabilidad directa en el operativo, como el director de la Policía de entonces, el general Víctor Delgado Mallarino, quien goza de libertad e impunidad. Él está ausente de las investigaciones. Es otro ‘desaparecido’ del Palacio de Justicia.
C.O.T.- ¿Por qué opina que él goza de ‘ausencia’ en los procesos?
C.M.- Porque se están investigando las desapariciones, por ser el delito que no ha prescrito. En cambio, la responsabilidad por el operativo del cuarto piso —que es la que le corresponde a Delgado Mallarino— se refiere a los homicidios de magistrados y auxiliares. En mi opinión, las violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario no pueden prescribir y debería también iniciarse una investigación por esos hechos. La acción precipitada de la Policía cuando se tomó el cuarto piso haciendo explosiones con dinamita y disparándoles desde las ventanas a todos los que estaban adentro. Ese tema está aún por resolver.
C.O.T.- ¿Ve algún tipo de continuidad histórica entre la conducta de los militares del Palacio de Justicia y la de los uniformados a quienes la justicia investiga ahora por haber presuntamente ejecutado a civiles inermes?
C.M.- No creo que ese tipo de comportamiento sea producto de una política militar. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con muchos altos oficiales en estos últimos años y uno encuentra que hay una posición distinta a la de hace 23 años. Desafortunadamente todavía existe otra corriente que continúa creyendo que como en el Palacio de Justicia el fin era dar de baja a los comandantes del M-19, lo que hubiera que hacer para lograrlo había que aceptarlo. Es decir, que si había cien personas inocentes, debían morir porque ese era el medio para lograr el positivo.
C.O.T.- Si todavía existe ese tipo de pensamiento, Colombia no tiene esperanza...
C.M.- Estos debates son importantes para que se entienda que esas conductas no pueden suceder impunemente y que hay controles a través de organizaciones nacionales e internacionales, medios de comunicación y sociedades en general que rechazan ese tipo de cosas. La impunidad en los hechos del Palacio fue un muy mal mensaje para muchos oficiales, porque creyeron que podían hacerlo todo y no pasaba nada.
C.O.T.- ¿Los otros familiares de las víctimas del Palacio de Justicia están de acuerdo con su propuesta de perdón judicial?
C.M.- Yo no represento a los familiares de las víctimas y no hablo a nombre de ellos. Esta es una reflexión absolutamente personal y sé que genera polémica. Para mí también es difícil plantearlo porque uno quisiera, por supuesto, que hubiera la más rigurosa de las justicias. Pero hay que tener cuidado en que el deseo de justicia no se confunda con el deseo de venganza. Yo propongo que haya condenas y que, una vez que eso suceda, se empiece a examinar la posibilidad del indulto.
C.O.T.- ¿Quiere descansar de la tragedia?
C.M.- El país tiene que mirar hacia delante y pensar en las nuevas generaciones. Hay que construir una forma de reconciliación entre todos, pues es la única manera de avanzar. No con base en la impunidad o el olvido, sino en la verdad y la justicia.
Trato igualitario
Cecilia Orozco.- Usted habla del indulto que se le concedió al M-19. ¿Significa que su propuesta de perdón judicial para militares y policías busca un tratamiento igualitario del Estado para con éstos?
Carlos Medellín.- En los últimos años la opinión pública ha reclamado un trato equilibrado para los militares con respecto al que recibió el M-19. Se ha dicho que no tiene mucho sentido que indulten a los guerrilleros y que ellos puedan ir al Congreso, a las alcaldías y gobernaciones, mientras que se condena a los militares. He sostenido que bajo el supuesto de que se conozca la verdad y que haya decisiones judiciales, podría pensarse en un tratamiento similar para todos los responsables. Habría que agregar algo: a Antonio Navarro le preguntaron hace algún tiempo si él estaría dispuesto a renunciar al indulto que les fue otorgado por la toma del Palacio de Justicia en la medida en que hubiera sucesos nuevos. Creo que es hora de que vayan pensando en hacerlo.
Tragedia entrelazada
En noviembre de 1985, Carlos Medellín hijo tenía 23 años y vivía dichoso en París. Estaba estudiando Derecho Administrativo en la Sorbona. De pronto recibió una llamada de su familia. El M-19 acababa de tomarse el Palacio de Justicia, donde tenía despacho su padre, Carlos Medellín Forero, un reputado jurista de 57 años que en ese momento hacía parte, como magistrado, de la Corte Suprema. El estudiante no lo pensó dos veces y regresó de inmediato a Bogotá. Cuando llegó, la tragedia ya se había consumado.
Pese a su inexperiencia y juventud, le tocó enfrentar los hechos, entre otros, el de recuperar el cadáver de su progenitor, mientras los hijos de los otros magistrados asesinados procuraban hacer lo mismo. Estos cuasiadolescentes quedaron desde entonces ligados por siempre: no sólo habían perdido a sus padres. También a los padres de sus amigos, a su rector y a sus profesores. Al mismo tiempo que magistrado, Medellín Forero era el fundador y rector del Claustro Moderno, un centro académico donde estudiaban muchos de los huérfanos. Allí se educaban los hijos de los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona, Fabio Calderón, José Eduardo Gnecco, Darío Velásquez, Ricardo Medina y los nietos de Horacio Montoya Gil, entre otros. El colegio, sin embargo, sobrevivió como todos ellos, muchos de los cuales han honrado la memoria de los sacrificados.