Para ejecutar el proceso de rehabilitación de miembros de las autodefensas, el Gobierno giró dineros a asociaciones de desmovilizados, pero se perdieron cuantiosos recursos públicos y hubo malos manejos.
El modelo gubernamental que busca la reintegración económica de los 31.671 desmovilizados de los grupos de autodefensa y que hoy se desarrolla a través de proyectos productivos en los que el Estado ha invertido cerca de $6.500 millones, comienza a mostrar sus primeras fisuras. Ya obligó a los organismos encargados del tema a replantear el esquema y se extremaron las medidas de vigilancia al detectarse pérdidas de recursos públicos y algunos malos manejos por parte de las asociaciones que fueron creadas para ejecutar los negocios de la reinserción.
La alerta acaba de darla la asesora jurídica del Ministerio del Interior, Gloria Teresa Cifuentes, quien al término de una minuciosa revisión de los recursos públicos que se han empleado en los proyectos productivos para los desmovilizados de las autodefensas, decidió pedirle al procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón, que investigue la conducta de algunos representantes legales de las asociaciones creadas para desarrollar estos proyectos. En su criterio, en once de tales convenios se presentan indebidos manejos y, como quiera que se trata de recursos procedentes del Tesoro Nacional, debe determinarse qué está sucediendo con estas inversiones para la paz.
El oficio de solicitud de investigación fue radicado el 7 de marzo en la Procuraduría y busca además que se aclaren los términos de un informe presentado por el ex coordinador del Programa Proyectos Productivos para la Paz Juan B. Pérez, según el cual, sus supervisores advirtieron anomalías en la ejecución de tales recursos, en algunos casos “llegando incluso a su pérdida total”. Aunque la asesora Gloria Teresa Cifuentes aclaró a El Espectador que los recursos mal manejados corresponden a una suma inferior a los convenios que tuvieron un valor superior a $2.500 millones y que fueron ejecutados a través de dos fiducias, de todas maneras hay dineros públicos extraviados.
Los negocios en los cuales hay dudas sobre el uso de dineros públicos, según el reporte de la asesora del Ministerio del Interior, corresponden, entre otros, a la Asociación de Productores de Caucho Natural Semillas de Esperanza, desarrollado por la Corporación Tierra de Promisión en Tarazá (Antioquia); la Asociación de Productores de Estevia de la Sierra Nevada de Santa Marta, ejecutado por la Corporación Tayrona por la Paz en Santa Marta; la Asociación Agropecuaria de Productores y Comercializadores La Esperanza de La Dorada (Caldas) o la Asociación de Producción Agropecuaria y Piscícola Rural de Barrancabermeja.
Al ser consultado sobre lo que está pasando con los proyectos productivos para las autodefensas, el alto consejero presidencial para la reintegración, Frank Pearl, aceptó que sí se han presentado algunos malos manejos, pero que todos han sido reportados a las autoridades judiciales. Además advirtió que el organismo a su cargo también ha desplegado sus propios mecanismos de vigilancia, al punto que ha detectado otras situaciones dudosas. En algunos casos se han presentado inconvenientes con la legalidad de los predios donde se desarrollan los proyectos, porque existen inversiones adicionales cuyas fuentes no se han establecido.
La oficina de la Alta Consejería para la Reinserción suministró a El Espectador varios gráficos que registran, en forma detallada, distintas observaciones, algunas muy preocupantes, sobre diversos proyectos productivos. Por ejemplo, en diversos casos, no se ha podido establecer la propiedad real del predio, o en otros no está claro el número real de quienes participan en las empresas. Se han detectado vacíos técnicos y financieros. En muchos casos, el organismo oficial admite que hay problemas de seguridad en la zona, y asimismo se reporta falta de estrategias de comercialización o dificultades para establecer contacto con los representantes legales.
El alto consejero Frank Pearl manifestó, sin embargo, que su idea es dar empleo a 25.000 personas y que en este propósito está tratando de escoger a los mejores empresarios y a desarrollar los filtros posibles, pero que no puede garantizar que en el futuro no haya diferencias entre particulares, no haya negocios que no funcionen o que algún particular haga mal uso de algunos recursos. Lo cierto es que el reporte de la asesora del Ministerio del Interior y las opiniones del ex coordinador del Programa Proyectos Productivos para la Paz Juan B. Pérez, ya encendieron las primeras alarmas.
EL CAPITAL SEMILLA
Con el propósito de neutralizar situaciones de violencia que se vivieron en Centroamérica después de los pactos de paz, una vez el Gobierno empezó a darle forma a su proceso de diálogo con los grupos de autodefensa, en 2002 y 2003, se creó el modelo Proyectos Productivos para la Paz, encaminado a que los desmovilizados emprendieran la constitución de empresas rentables, competitivas y sostenibles en el largo plazo. El esquema fue presentado a los comandantes de los grupos de autodefensa en octubre de 2004 y tuvo gran acogida, al punto que paulatinamente se fueron constituyendo asociaciones de desmovilizados y se vincularon algunos empresarios.
De esta manera, en el primer semestre de 2005, el Programa Proyectos Productivos para la Paz, dependiente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, empezó a gestionar con el Incoder la entrega de predios con extinción de dominio. A mediados del año, ya existían 10 predios correspondientes a 2.881 hectáreas y comenzaron a estructurarse los proyectos. De manera simultánea, el Ministerio del Interior y el Programa de Reinserción de la Presidencia de la República fueron trabajando en el tema de los recursos públicos y para finales de ese mismo 2005 ya se habían conseguido y tramitado los primeros dineros para hacer viable el modelo.
Al término de largas discusiones entre varias agencias del Estado y los comandantes de los grupos de autodefensa, finalmente en diciembre de 2005 se autorizó la entrega del denominado “capital semilla”, dos millones de pesos por persona desmovilizada, para un total de $1.848 millones orientados a beneficiar a 924 desmovilizados vinculados a 16 asociaciones. En los siguientes meses, al ritmo de las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa, el modelo se fue replicando en todo el país, al punto que terminaron por crearse 157 asociaciones con casi igual número de proyectos productivos.
No obstante, el proceso de reinserción de las autodefensas a la vida civil empezó a complicarse por exceso de trámites o dificultades de financiación, razón por la cual el Gobierno decidió crear la Alta Consejería para la Reintegración y el 2 de septiembre de 2006 designó para tal cargo al empresario Frank Pearl. Sin embargo, el tema seguía disperso en demasiadas instancias oficiales, por lo cual Pearl, en febrero de 2007, pidió asumir de manera exclusiva el manejo del programa. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz aceptó la propuesta y suspendió su intervención. Otros organismos del Ministerio del Interior hicieron lo propio.
Entre quienes reportaron sus actividades a la nueva Alta Consejería estuvo el coordinador del Programa Proyectos Productivos para la Paz Juan B. Pérez, quien además dejó su cargo en mayo de 2007. Cuatro meses después, en un pormenorizado informe de gestión, el ex funcionario precisó que los proyectos productivos habían empezado a perder dinamismo desde agosto de 2006 y que comenzaron a paralizarse a partir de noviembre. En su opinión, porque se suspendió la ayuda que venía suministrando el Programa de Reinserción del Ministerio del Interior llamado “Capital Semilla”. Además, porque varios empresarios perdieron el interés para apoyar los proyectos.
En ese mismo informe, Pérez aceptó que se habían presentado dos casos reportados a la justicia penal: la sustracción de $10,5 millones en un proyecto en La Dorada (Caldas) y anomalías en otro proyecto por $140 millones que fue entregado a la organización Asoempaz, a través de Metroseguridad en Medellín. En entrevista con El Espectador, Juan B. Pérez añadió que el responsable del robo en el proyecto de La Dorada fue asesinado días después y que además supo de otro proyecto irregular en Yopal (Casanare), donde el operador recibió $18 millones y se guardó una parte de los recursos asignados.
“Yo respondo por cualquier cosa que haya sucedido en la reasignación de recursos, porque si bien yo dependía de la oficina del Alto Comisionado de Paz, siempre tuve plena libertad para actuar”, precisó Juan B. Pérez. Comentario que coincide con la observación hecha por el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, según la cual, si bien hizo gestión para poner en marcha alternativas productivas para los desmovilizados y consecución de recursos, su oficina no tuvo responsabilidad en la ejecución. “Yo no quiero ni dar por supuesto que hubo fondos mal manejados ni menos responder por la ejecución de unos dineros que la oficina no ejecutó”, puntualizó Restrepo.
Lo cierto es que mientras los organismos de control evalúan hasta dónde se ha hecho mal uso de recursos públicos por parte de los operadores privados de los proyectos financiados por el Estado, queda claro que con desmovilizados de las autodefensas han sido creadas 157 asociaciones que hoy constituyen el soporte esencial del proceso de reintegración social y económica de los antiguos combatientes del paramilitarismo. ¿Qué tanto influyen en estas fundaciones y asociaciones los jefes de las autodefensas? Los responsables de la política estatal dicen que aunque ellos sí intervinieron en las discusiones para crearlas, hoy legalmente no pueden intervenir en el proceso.
Sin embargo, en círculos cercanos a los desmovilizados, no necesariamente manejando recursos públicos pero sí desarrollando proyectos económicos o sociales, cada día es más notable el protagonismo que adquieren organizaciones tales como Fundación Senderos, Fundación Colombia Producción Verde, Corporación Buscando Caminos Buenos, Corporación Democracia o la Fundación Lindo Porvenir, Corporación de Desarrollo y Vida del Darién o Alianza Colombia sin Hambre. ¿Cuál es su papel en momentos en que el proceso de paz con las autodefensas no es aún un hecho consumado? La reintegración de ex combatientes avanza pero las dudas también persisten.
Conceptos
Luis Carlos Restrepo / Comisionado de Paz
“Nunca el programa de reintegración estuvo con la dirección de la Oficina del Alto Comisionado, porque siempre ha dependido o bien del Ministerio del Interior o ahora de la Alta Consejería para la Reintegración. Sin embargo, nosotros sí impulsamos desde la oficina un programa de proyectos productivos desde 2004”.
Frank Pearl / Consejero para Reinserción
“Actualmente el proceso está fortalecido, porque nosotros incluimos unos filtros adicionales, como consecuencia de la experiencia pasada, lo cual hace que tengamos un sistema de planes de negocios donde estamos desembolsando menos recursos, financiando menos planes, pero con unos filtros más sólidos”.
Juan B. Pérez / Ex coordinador Proyectos Productivos para la Paz
“En algunas asociaciones los jefes paramilitares tenían injerencia en términos de liderazgo y para invitar a la gente a participar y eso fue útil. Por ejemplo, en las asociaciones de Tierralta, Salvatore Mancuso; en Urabá, Éver Velosa, H. H., también Cuco Vanoy y después Jorge 40”.
La versión de las Autodefensas
Un vocero autorizado de los jefes desmovilizados de las autodefensas expuso a El Espectador sus puntos de vista sobre las dificultades presentadas en el proceso de reinserción.
Según el vocero: “Las Auc y el Gobierno se sentaron en la mesa de negociación en enero de 2003; en ese momento se definieron cuatro fases para ayudar a construir la paz en Colombia: 1. primera etapa de exploración en la que ambas partes se conocerían mutuamente y definirían sus proyectos y objetivos frente al proceso, 2. una etapa de negociación, la cual generaría un acuerdo para llegar a la tercera y cuarta etapas que serían respectivamente la desmovilización y la reincorporación; eso se definió, pero realmente no hubo negociación y quedó así un abismo hacia la desmovilización y la reincorporación. En conclusión, no se construyeron políticas para la reincorporación y sólo se negoció la entrega de armas”.
Señaló además que: “Existen tres grandes vacíos de la reincorporación: no se tuvo en cuenta a los mandos medios y a los patrulleros. Hoy ellos son la materia prima para diferentes grupos criminales. Se redujo la política de reincorporación a un aporte económico y no se les tendió puentes para su reintegro a la sociedad. Incluso aún se les trata como paramilitares. Y se satanizó la participación política, escenario fundamental para lograr avanzar en la reincorporación y en el diseño de políticas que consolidaran el proceso de los desmovilizados de las Auc. Tampoco se dio un acuerdo político nacional que exigiera a la empresa privada un compromiso real con la reincorporación, y hoy la empresa privada brilla por su ausencia en la reincorporación, a pesar de que sus ganancias crecen cada día más. La responsabilidad social con la paz está en deuda”.
Para el vocero, quien pidió su anonimato: “A pesar de todas las huellas del lastimado proceso de las Auc y el Gobierno, hoy los desmovilizados continuamos comprometidos con el espíritu de la negociación, seguimos insistiendo en la construcción de la paz como estado natural de la convivencia pacífica para el desarrollo humano y económico de todos los colombianos, convencidos de la necesidad de redireccionar el actual proceso para que no sea un aspecto más de frustración frente a la paz. Uno de los grandes responsables del crecimiento de las bandas emergentes es la débil política de reincorporación actual”.