Dicen que es un parlamentario gris, que tiene poca capacidad de oratoria y carisma, que en épocas electorales reparte dinero por montones y que su mayor votación para ser elegido Senador la logró en zonas de influencia paramilitar y de narcotraficantes. Cuentan que es muy cercano al presidente Uribe, que maneja varias alcaldías en el suroccidente colombiano, que quita y pone funcionarios a su antojo en el sector salud, que tiene cuotas burocráticas en el Gobierno y que tras las elecciones de octubre –con los triunfos de Juan Carlos Abadía en la Gobernación y de Jorge Iván Ospina en la Alcaldía– es el poder detrás del poder en el Valle del Cauca y en Cali.
A Juan Carlos Martínez Sinisterra, el senador de Convergencia Ciudadana, no le inmutan esos comentarios y, con voz pausada, responde en un tono casi desafiante: “Me he convertido en alguien incómodo para los intereses de quienes tradicionalmente han manejado la política en el Valle y en el Cauca. Por eso me atacan y buscan desprestigiarme, pero no me voy a amilanar”.
Nacido hace 37 años en Timbiquí, un triste y olvidado municipio caucano sobre la costa pacífica, Martínez creció viendo a su madre trabajar como empleada doméstica de familias adineradas de Cali y Buenaventura, ciudad donde muy joven comenzó a incursionar en el negocio de los restaurantes y se dejó tentar por la política. En 1995 se postuló como candidato al Concejo del puerto vallecaucano, pero se ‘quemó’. Fue entonces cuando apareció la mano de Carlos Herney Abadía, senador liberal y por ese entonces uno de los barones políticos del Valle, quien lo acogió en su Movimiento Popular Unido –MPU–, con el cual llegó a la Asamblea en el 97.
Y ese es, dicen sus contradictores, su gran pecado: su cercanía con Abadía, uno de los condenados en el proceso 8000, famoso por haberse fugado de las casas fiscales de Las Villas en Bogotá –donde pagaba una condena por haber recibido dineros del Cartel de Cali–. Encima de todo, el MPU le dio el aval en 2002 a Miguel de la Espriella y a Eleonora Pineda en su aspiración para llegar al Congreso, los dos hoy enredados dentro del lío de la parapolítica. Abadía apadrinó también en sus comienzos a la hoy senadora Dilian Francisca Toro, y hay quienes dicen, en voz baja, que cuando el asesinado monseñor Isaías Duarte hablaba de mafia y política, se refería a él.
“Yo nunca niego mis amigos”, responde Martínez a la pregunta si se considera su heredero político. Y agrega: “No voy a hacer como hicieron otros, que crecieron en la organización, se beneficiaron de ella y luego renunciaron a la amistad. Él se equivocó y le pagó a la justicia. No busco amigos perfectos sino amigos. No soy su heredero, he brillado con luz propia, pero jamás negaré su apoyo y su amistad”.
En 2000, Martínez volvió a ser elegido diputado del Valle, pero unos meses después renunció para iniciar campaña al Senado 2002, a nombre del MPU. Ganó la curul con más de 58 mil votos, muchos de los cuales comenzaron a ser cuestionados por haber sido conseguidos en presuntas zonas de influencia paramilitar: Buenaventura, Guacarí, Cartago y la misma Timbiquí, su tierra natal. Señalamientos que no cesaron para las elecciones de 2006, en las que, ya con el aval de Convergencia Ciudadana, logró 62.077 votos.
“En 2002 saqué 15.000 votos en Buenaventura. Luego, en 2003, sufrí un atentado de las Farc. Ahora, en 2006, saco apenas 5.000 votos, seguido por Alexandra Moreno con 4.800, Dilian Francisca Toro con 3.800 y Alexánder López con 2.500. Perdí el 70% de mi votación en momentos en que los grupos irregulares han tomado fuerza en la ciudad. Si dicen que yo tengo vínculos con grupos ilegales, ¿no sería lógico pensar que mi votación tenía que crecer? ¿Porqué mis votos sí son los apoyados por grupos al margen de la ley y los de los otros son limpios y puros?”, dice en su defensa.
¿Línea directa con Uribe?
Cuando era diputado, Martínez se iba para los barrios de Buenaventura, se sentaba en las esquinas con la gente a jugar dominó y a tomar aguardiente. Tuvo que dejarlo de hacer desde que las Farc lo declararon objetivo militar. Por los pasillos del Capitolio Nacional se dice que tiene línea directa con el presidente Álvaro Uribe, versión que niega rotundamente. “El Presidente es un hombre impredecible. Confío en su propuesta, lo he acompañado en mi actividad parlamentaria, pero sé que no soy de sus afectos. Soy consciente de que sólo soy útil para el Gobierno cuando hay que votar un proyecto, pero luego ni me voltean a mirar. Pero no siempre estoy de su lado y he votado en contra varias veces”.
Martínez recuerda el incidente, a comienzos de la presente legislatura, cuando según los acuerdos entre bancadas le correspondía a Convergencia Ciudadana la segunda vicepresidencia del Senado. El Partido lo postuló, pero un sector del uribismo se atravesó en la designación, al considerar que “no era digno” de ocupar ese cargo. Y tampoco olvida que en 2005, cuando fue elegido presidente de la Comisión de Presupuesto, desde el mismo Palacio de Nariño, “por órdenes directas del presidente Uribe se trató de impedir mi nombramiento”.
En definitiva, su nombre causa roncha e incomodidad. Más ahora, cuando ante la situación que atraviesa el ex senador Luis Alberto Gil, quien hasta hace poco era la cabeza visible de Convergencia, pero que decidió renunciar a su curul al ser involucrado en la parapolítica, Martínez es ahora el abanderado del Partido. “Los procesos judiciales que se adelantan no son sólo contra Convergencia. Hay presos de todos los partidos, pero parece que los únicos malos somos nosotros. Ojalá mis compañeros puedan demostrar su inocencia”, dice.
El asunto de los nexos de políticos con paramilitares es una sombra que parece perseguirle. Sin embargo, ni la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía tienen investigaciones en su contra. “El norte del Valle siempre fue violento. Primero fueron los chulavitas contra los cachiporros, liberales contra conservadores. Después vinieron los chusmeros y luego apareció el narcotráfico. Hoy día, si ganan los conservadores ganan democráticamente. Si son los liberales u otros partidos alternativos, también. Pero cuando gana el negro, entonces tiene que haber algún ejercicio delictivo”.
Valle del Cauca y Cali
Las elecciones de Juan Carlos Abadía, hijo del ex senador Carlos Herney Abadía, para la Gobernación del Valle, y de Jorge Iván Ospina, para la Alcaldía de Cali, contando con su respaldo, causaron una tormenta política de la que aún se sienten estragos. Muchos sectores de la clase política y económica observan atentos lo que está pasando con la designación de los gabinetes departamental y municipal, preocupados con lo que llaman el “desmesurado apetito burocrático de Martínez”. Algunos de ellos incluso se atreven a asegurar que poco a poco el senador comienza a cobrar los favores de campaña.
Los rumores molestan y Martínez responde vehemente: “No me van a intimidar. Son mis amigos, ganaron con un mandato claro y si ellos consideran que alguien que simpatice conmigo puede estar en una secretaría de salud o en cualquier otra dependencia, pues bienvenido sea. Que yo sepa, eso no es ilegal. Se escandalizan cuando yo accedo a algún espacio de poder, ese que ellos manejaron mal durante más de 500 años”.
Y vuelve a la carga: “A los negros se nos veía en los trabajos domésticos, manejándole el carro a la oligarquía o de mandaderos. Hoy estamos luchando por espacios de poder para aportar al desarrollo del país y la región. Mientras Dios y la Divina Providencia me lo permitan y las gentes de buena fe me sigan acompañando, seguiré en ese propósito. El día que consideren que Juan Carlos Martínez no los debe seguir representando, me haré a un lado”.
Precisamente por estos días de inicio de las nuevas administraciones locales han vuelto a caer rayos y centellas. Varios concejales de Cali, que pidieron reserva de sus nombres, denunciaron que el congresista quiere adueñarse de los órganos de control de la ciudad y el departamento y lo señalan de estar organizando coaliciones dentro del Concejo para manejarlo a su antojo y presionar al alcalde Ospina en la asignación de cuotas burocráticas. A Martínez ni le van ni le vienen esos comentarios, como tampoco le ‘para bolas’ a los rumores de que tiene dinero a montones y que lo reparte a diestra y siniestra en campaña política. Él responde diciendo que su declaración de renta está a disposición de quien quiera revisarla.
“Mis cuentas siempre han sido públicas, mis aportantes han dado la cara y nunca se me ha acusado de violación de topes. A ese sector del empresariado y de la oligarquía vallecaucana, a esa clase política rancia y caduca que ya cumplió su ciclo, le digo que acompañen a los nuevos gobernantes y entiendan que si les va bien a ellos, le va bien al Valle, a Cali y al país”. Y recuerda, de paso, que en años anteriores apoyó las candidaturas de Kiko Lloreda, de Germán Villegas y hasta de Angelino Garzón. “Entonces no era malo”, agrega.
Martínez niega igualmente tener grandes cuotas burocráticas y manejar la salud en el Valle y en el Cauca. Reconoce que visita mucho Invías para gestionar obras en la región pacífica y no porque tenga relación política con Daniel García, su director. Asegura que el recientemente suspendido director de la Corporación Autónoma del Valle –CVC–, William Garzón, es su amigo, pero fue elegido en el cargo por una junta directiva en la que no tiene nada que ver.
Acepta que en muchas alcaldías del Valle y el Cauca tiene gente amiga y dice que el cónsul en Panamá, Víctor Julio González, no es cuota suya y que fue escogido por su capacidad ejecutiva. Con orgullo, afirma que el sentarse a jugar dominó y tomar trago en las esquinas de Buenaventura es un capital político que ya nadie le puede quitar. “Por eso voy a seguir adelante, aunque muchos se molesten y sigan rumorando a mis espaldas”.