“Prefiero que me respeten a que me quieran”

Apenas empezaba enero de este año. Los magistrados de la Corte Suprema estaban desempolvando sus escritorios cuando les llegó tremendo caso: el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático, conocido por sus superestrictas posiciones jurídicas y políticas, interpuso denuncia penal por prevaricato contra alrededor de 85 de sus colegas de la Cámara. Eran todos lo que habían votado a favor de la realización de un referendo para que el presidente Uribe pudiera reelegirse por segunda vez.

Casi simultáneamente, Navas Talero, abogado penalista de los incisivos, formuló otra denuncia, esta vez ante la Fiscalía, contra el comité promotor de dicho referendo  y contra Luis Guillermo Giraldo, líder de ese comité. Hasta ahí, uno podría pensar que es la actividad corriente de un opositor de la actual administración. Sin embargo, Navas Talero no es un congresista cualquiera. Ha tenido contra las cuerdas judiciales al gobierno desde que éste se hizo reelegir la primera vez: él también fue quien denunció, de inmediato, por cohecho a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño cuando Yidis cambió ostensiblemente su opinión contra la reelección y votó a favor, en 2004, y Teodolindo argumentó problemas de salud de su hijo, para poderse ausentar durante la votación. Al principio, los uribistas lograron impedir que la Corte y la Procuraduría encontraran indicios de la comisión del delito y cerraron temporalmente el asunto. Pero, tiempo después, Yidis confesó. Quedó en evidencia, entonces, que Navas Talero tenía razón.

Ahora este díscolo Representante que no se queda callado ni siquiera frente a las fallas que comete el Polo, está a la espera de lo que suceda en los dos procesos pendientes por el actual intento de reelección y encima, atiende otra demanda que interpuso en la Suprema contra el procurador Alejandro Ordóñez. Navas no sabe qué evolución ha tenido este caso pero El Espectador lo averiguó. En esta entrevista, el Representante habla sobre su incansable batalla jurídica contra los presuntos imbatibles de la política colombiana. 

Cecilia Orozco Tascón.-  Usted denunció por prevaricato a 85 representantes que votaron a favor del referendo reeleccionista el año pasado ¿Ha avanzado ese proceso en la Corte?

 Representante Germán Navas Talero.- La Corte pidió certificación sobre la calidad de aforados de los denunciados; sé que ha pedido copia de las actas  de la sesión en que se aprobó el proyecto de referendo y copia de unos casetes pero no me he enterado de  nada más porque no tengo autorización para acceder al proceso.

C.O.T.- ¿No fue un poco excesiva la denuncia contra casi todos sus colegas?

G.N.T.-Quiero precisar que formulé esta denuncia en cumplimiento de mi deber. Como yo estaba absolutamente convencido - y sigo estándolo - de que la Cámara no tenía vocación para legislar en ese momento, debido a que la Registraduría no había concluido el proceso de revisión que le compete  - y esta entidad es la que habilita a la Cámara para entrar a legislar -, mi denuncia era pertinente. Es más: se lo había advertido al presidente de la Cámara diciéndole que no citara esa sesión por cuanto no éramos competentes. Sin embargo, las mayorías decidieron imponerse. Hice una disertación, les expliqué el error que iban a cometer. Así que actuaron a ciencia y conciencia para cumplir el mandato del Presidente de la República y sus ministros, que los empujaban el día de la votación como si fueran carneritos, para que votaran como ellos querían.

C.O.T.- ¿Quiénes ‘empujaban’ a los Representantes? ¿Valencia Cossio?

G.N.T.-  ¡Pues claro! También vimos al ministro de Seguridad Social quien seguramente solo estaba esperando que alguien se enfermara. Y cuando apareció la directora del ICBF,  busqué en el recinto para ver si había algún menor de edad,  pero no encontré a ninguno. Además estaba una funcionaria cuyo nombre ha figurado en los otros procesos (por la yidispolítica). Se llama Claudia Salgado…

C.O.T.- ¿Se refiere a una asistente del Secretario General de la Presidencia,  Bernardo Moreno?

G.N.T.-  Exacto. Ella tiene su esquema de trabajo armado: llega, identifica a los parlamentarios con un papelito en el que tiene el nombre de todos, y va chequeando que el rebaño no se salga de redil. Dejé una constancia para protestar por esa interferencia que, en mi opinión, configura  constreñimiento.

C.O.T.- ¿Por qué?

G.N.T.-  Porque si yo me le acerco a usted antes de que vote y le hablo en mi calidad de enviado de la Casa de Nariño, el mensaje que le estoy mandando es que se porte bien y que si no lo hace, “las tiene”. Eso  fue lo que le pasó, por ejemplo,  al representante (Carlos Fernando) Motoa, quien se atrevió anunciar una proposición que no le gustó a Valencia Cossio. Éste se le acercó y lo regañó delante de los presentes, como quien regaña a un niño.

C.O.T.-  ¿Sus argumentos jurídicos no se confunden  con sus sentimientos políticos?

G.N.T.-  Mire: en primer lugar, estoy seguro de que no falte en ningún momento a la verdad. En segundo lugar, mi posición jurídica se sustenta en que no se había terminado el procedimiento previo de revisión de la Registraduría y del Consejo Electoral. Por tanto, la Cámara no tenía aún vocación legislativa. Eso, a su vez,  indica que no podíamos gozar de inmunidad porque lo que no es legal no puede producir inmunidad. En esa sesión, los parlamentarios estaban obrando  por fuera del procedimiento. Otros sostienen que bastaba con que el Registrador avalara el número de las firmas. Sin embargo, cuando él estuvo en la Comisión Primera, fue claro en que el proceso de certificación no estaba completo.

C.O.T.- El Registrador le pasó la pelota al Consejo Electoral y éste se ha demorado en dar su dictamen ¿Cree que lo hace a propósito?

G.N.T.-  Perdóneme la expresión pero veo al Consejo Electoral algo atortolado porque no llega a ninguna conclusión.  No se le está pidiendo que sancione, pero sí podría haber advertido terminantemente que el proceso de certificación no ha concluido.

C.O.T.- Se ha hablado de la inmunidad parlamentaria para argumentar que un congresista no puede ser juzgado por sus opiniones ni por sus votos.

G.N.T.-  Sí. Ellos recuerdan la decisión de la Corte Constitucional durante el proceso 8000, cuando dijo que el voto parlamentario era inmune. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En esa ocasión, se había surtido un proceso normal cuando los Representantes fueron investidos de la competencia para tomar determinaciones. Ahora, el Congreso le dio un golpe de Estado a su propia ley.

C.O.T.-  El representante Roy Barreras, uno de los denunciados por usted, decidió contradenunciarlo  por falsa denuncia.

G.N.T.- El doctor Roy Barreras es muy bueno poniendo inyecciones y tal vez dejaría que me recetara una aspirina porque es médico, pero yo no confiaría en él para que hiciera un memorial. Soy abogado y mi especialidad es el Derecho Penal y esa profesión fue la que ejercí cuando formulé la denuncia.  Supongamos que la Corte me dijera que esa denuncia no prospera porque el hecho no es punible. Podría haber, en ese caso, una equivocación en cuanto a la calificación del tipo penal, pero eso no quiere decir que cometí falsa imputación.

C.O.T.- A usted no lo deben querer mucho sus colegas de la Cámara  ¿Con quién conversa?

G.N.T.- No crea, hay gente que me habla. Ellos no me quieren pero me respetan.

C.O.T.- ¿Prefiere que lo quieran?

G.N.T.- Prefiero que me respeten a que me quieran. Querer a alguien puede resultar muy peligroso.

C.O.T.- (risas) Usted también denunció por fraude procesal ante la Fiscalía,  a Luis Guillermo Giraldo y a los demás promotores del referendo. Después interpuso una tutela contra el fiscal Iguarán porque le negó información sobre lo que estaba pasando en ese proceso ¿Qué sucedió con esas dos acciones?

G.N.T.- El proceso por fraude procesal se estaba desarrollando bien con la fiscal que tenía el caso y le quitaron la investigación porque  cometió el desaguisado de cumplir con su deber. Y en Colombia, eso se castiga. Cuando ella tenía listo el auto citando a audiencia de imputación a los promotores del referendo,  le quitaron el negocio y se lo asignaron a un fiscal delegado. Me sorprendió que cuando ascendieron a este nuevo fiscal y él fue a tomar posesión del cargo, el Fiscal General y Jaime Bernal Cuellar se tomaron una bonita foto junto a él.

C.O.T.- ¿Y qué tiene de raro eso?

G.N.T.- La coincidencia de que Jaime Bernal Cuellar fuera, para esos días, el apoderado de Luis Guillermo Giraldo y de que al mismo tiempo resultara amigo del nuevo fiscal que iba a revisar la conducta de su cliente. Bernal también aparece donándole $5 millones a la campaña para la reelección que dirigía Giraldo. Tengo entendido que ahora el abogado de éste, es otro. Sin embargo, poco antes de que retiraran a la fiscal del caso,  el doctor Bernal fue a ese despacho indagando por el negocio. Tenía derecho, desde luego, pero es raro ese interés al final. Me parece que él es excesivamente curioso.

C.O.T.- ¿Qué le preguntó al fiscal Iguarán cuando le interpuso la tutela?

G.N.T.- Mis preguntas para él eran: ¿Qué pasó con la investigación? Y ¿Por qué cambiaron a la fiscal?  Él me contestó que tenía autonomía para hacerlo. Eso significa que lo hizo porque le dio la gana y porque la ley se lo permite. No me dijo tanto, pero así lo entendí. Le pregunté entonces al fiscal delegado qué había hecho. Me respondió que no podía contestarme porque era reserva del sumario. Entonces quedé maniatado.

C.O.T.- Usted también fue quien en 2004 denunció a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño ¿Diría que ahora se están usando similares métodos en el Congreso?

G.N.T.-   Pensé que esos conciliábulos de los parlamentarios con los ministros, todos corriendo por aquí y por allá, no se repetirían. Pero estamos viendo lo mismo de hace cinco años, con los mismos personajes.

C.O.T.- ¿Se refiere al ministro del Interior  y al ministro de Protección Social?

G.N.T.- Sí y le doy otro dato: el doctor Germán Reyes, miembro del Polo en Antioquia, protestó por la presencia de Claudia Salgado; dejó constancia y le envió una queja en diciembre pasado al Procurador.  Allí le informa que los ministros y otros funcionarios, están repitiendo los hechos a los que se refiere la providencia de la Procuraduría de Edgardo Maya de junio pasado, cuando les abrieron pliego de cargos a todos. Como es el mismo procedimiento, el doctor Reyes tenía la certeza de que la decisión iba a ser igual. Curiosamente, al cambiar el titular de la Procuraduría los cargos que les habían formulado en junio desaparecieron, y vino la absolución por la famosa duda razonable.

C.O.T.- A propósito, usted le pidió a la Corte que investigara disciplinariamente al Procurador Ordóñez ¿Por qué?

G.N.T.-  Primero leí a varios columnistas que sacaban conclusiones lógicas sobre el fallo de Ordóñez. Después comparé los tres textos: el de Maya, el que firmó Ordóñez y el texto del computador con los cambios entre uno y otro. Entonces me pregunté: ¿Cómo puede el Procurador alegar ausencia de pruebas en  el documento definitivo, cuando en el computador analizó las pruebas cuya ausencia notó después? Que la Corte saque sus conclusiones.

C.O.T.- ¿Sabe qué trámite ha tenido esa denuncia en la Corte?

G.N.T.- No lo sé. No tengo acceso.

C.O.T.-  ¿Cuántas denuncias ha presentado y cuántas han formulado contra usted?

G.N.T.- He formulado unas diez o quince denuncias y me han formulado solo una.

C.O.T.- ¿Cuántos derechos de petición le ha enviado al gobierno?

G.N.T.- Cantidades. Y funcionan. Hasta los militares contestan los derechos de petición.

C.O.T.- ¿Cuántas peticiones envía al mes?

G.N.T.- Unas diez o quince. Solo a la Alcaldía de Samuel Moreno, le hemos enviado cinco.

C.O.T.- ¿Por qué, si es de su partido?

G.N.T.- Porque soy fiscal de la Administración y no su coadministrador. A mí no me eligieron para hacerle morisquetas a los que administran.

C.O.T.-  ¿Usted es de los que litiga contra su propio partido?

G.N.T.- Mi partido tiene que dar ejemplo. Dígame una cosa: ¿Con qué autoridad moral voy a censurar a los otros si hago lo mismo que ellos?

C.O.T.- ¿Tiene muchos enemigos?

G.N.T.-  Tengo muchísimos amigos y no escasean los enemigos pero soy leal con éstos porque no les oculto mi enemistad y si me cayeron mal, se los voy diciendo.

Criticando a los del Polo

C.O.T.- Con toda franqueza, ¿cómo califica la Alcaldía de Samuel Moreno?

G.N.T.- Bastante regular en materia de movilidad.

C.O.T.- ¿Y en lo demás?

G.N.T.- Samuel nunca tuvo la entereza de mirar el retrovisor. Si yo asumo un cargo de responsabilidad, lo primero que hago es corte y revisión de cuentas.

C.O.T.- De 1 a 5, ¿con cuánto califica esta Alcaldía?

G.N.T.- Con 3,5.

C.O.T.-  Entiendo que usted era del combo de Petro, ¿qué pasó?

G.N.T.- Cuando ingresé a la Cámara  conocí a Gustavo y tuvimos afinidad, pero me di cuenta de que no le gusta trabajar en equipo y por eso me alejé.Criticando a los del Polo

C.O.T.- Con toda franqueza, ¿cómo califica la Alcaldía de Samuel Moreno?

G.N.T.- Bastante regular en materia de movilidad.

C.O.T.- ¿Y en lo demás?

G.N.T.- Samuel nunca tuvo la entereza de mirar el retrovisor. Si yo asumo un cargo de responsabilidad, lo primero que hago es corte y revisión de cuentas.

C.O.T.- De 1 a 5, ¿con cuánto califica esta Alcaldía?

G.N.T.- Con 3,5.

C.O.T.-  Entiendo que usted era del combo de Petro, ¿qué pasó?

G.N.T.- Cuando ingresé a la Cámara  conocí a Gustavo y tuvimos afinidad, pero me di cuenta de que no le gusta trabajar en equipo y por eso me alejé.

Ordóñez será investigado por el magistrado López Villegas

El representante Germán Navas Talero presentó ante la Corte Suprema una demanda contra el procurador Ordóñez, cuando éste absolvió a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, por el caso de la yidispolítica. Ordóñez, en su fallo, dijo que había “dudas razonables” de que los ministros le hubieran ofrecido prebendas a Yidis Medina para que votara a favor de la reelección del Presidente, pese a que ésta ya había sido condenada por los mismos hechos. Navas lo denunció por considerar que Ordóñez ignoró las pruebas que había contra Pretelt y Palacio en el proceso de Yidis.

El Espectador averiguó que la investigación disciplinaria contra el Procurador le correspondió al presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, por ser la cabeza del alto tribunal. El magistrado Ibáñez se declaró impedido y al parecer toda la Sala Penal hará lo mismo, por haber conocido y participado en el proceso contra Medina, que tiene directa relación con el asunto Ordóñez. Este caso pasó entonces al segundo de la lista de magistrados, en orden alfabético, de la Sala Plena. Se trata de Eduardo López Villegas, de la Sala Laboral. El magistrado López iniciará la investigación de inmediato y presentará ponencia en la Sala Plena donde se resolverá finalmente si el Procurador merece sanción o no.