El senador republicano Jim DeMint, oriundo de Carolina del Sur, se convirtió esta semana en la nueva piedra en el zapato para la política internacional de la administración Obama.
De Mint, de 57 años, captó la atención de la prensa el martes pasado cuando le pidió al Comité de Asuntos Internacionales del Senado frenar la confirmación de Arturo Valenzuela, un reconocido catedrático de Georgetown University y ex funcionario de la era Bill Clinton, como nuevo Secretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental.
¿La razón? El reciente golpe militar de Honduras y el apoyo de la Casa Blanca a la fórmula negociadora de la OEA. “El presidente Obama se apresuró para ponerse al lado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y del líder cubano Fidel Castro antes de conocer los hechos registrados en Honduras”, justificó el republicano ante sus colegas.
Estas declaraciones encontraron eco en los 18 miembros del Comité, de mayoría demócrata, quienes aceptaron posponer la confirmación de Valenzuela; como si fuera poco, la célula legislativa también dio el aval a la segunda petición de DeMint: retrasar la presentación de credenciales de Thomas Shannon, ex secretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, como embajador de EE.UU. en Brasil.
De esta forma los republicanos castigaron el apoyo de Obama al derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya, y el espaldarazo de la Casa Blanca a una solución a la crisis política en el país centroamericano que incluya su regreso al poder.
En particular, DeMint le pasó factura a Valenzuela por las declaraciones proferidas en los días siguientes al golpe: “Necesitamos evitar una visión maniquea del mundo que divide a los países o sus líderes en buenos y malos”.
En una carta dirigida al Comité de Asuntos Internacionales del Senado, el republicano reprochó la posición asumida por el nominado: “En una audiencia él dijo que no conocía los hechos en Honduras, aun cuando el propio Zelaya ha revelado su deseo de ser un dictador al estilo de Chávez que llama a la violencia con el fin de regresar al poder”. Y mientras la crisis política en Honduras incide en la agenda legislativa de Washington, en América Latina se siguen sumando las voces oficiales que abogan por el restablecimiento de Zelaya en la presidencia.
Una de las más importantes fue la del canciller brasileño, Celso Amorim: “Los únicos que piensan diferente son los golpistas. Es importante que ellos comprendan que puede mejorar mucho la situación una vez que acepten la vuelta del presidente Zelaya”.
Sin embargo, en Honduras prevalece el rechazo a esta alternativa. Así lo demostraron las miles de personas que marcharon por las calles de Tegucigalpa, la capital, con carteles que rechazaban un posible regreso de Zelaya.
La polarización política, impulsada desde el gobierno y sectores cercanos al mandatario derrocado, ha nublado las posibilidades de que se produzca una salida pacífica en el corto plazo. En diálogo con la cadena británica BBC, el analista Francisco Panizza, del London School of Economics, señaló el mal tiempo de la disputa por el poder: “Cualquier solución tendría que darse antes de las elecciones, en dos meses”.
Para el gobierno de Roberto Micheletti, la cercanía de la fecha es lo de menos. Así lo demuestra el más reciente altercado con Venezuela: el plazo de 72 horas para retirar del país a su representación diplomática. La advertencia de Caracas de proteger a toda costa a su personal no es un indicio de que la crisis verá su final en días próximos.
La reunión con Uribe
Gran impacto generó la afirmación de Carlos López, el canciller hondureño bajo el gobierno de Roberto Micheletti, tras la reunión que sostuvo el lunes pasado con el presidente colombiano, Álvaro Uribe. En una entrevista con una estación radial bogotana, López aseguró que Uribe “expresó su simpatía” por la administración Micheletti.
Sin embargo, unas horas después, la Cancillería colombiana aclaró los pormenores del encuentro. Según un comunicado difundido en su página de internet, la reunión se produjo en el marco del proceso de negociación adelantado por el presidente costarricense Óscar Arias. “El Gobierno de Colombia no avala los comentarios personales expresados por integrantes de la comisión hondureña frente a terceros países”, señala el documento.