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Las últimas semanas el presidente peruano, Alan García, ha visto hacerse realidad su peor pesadilla: el regreso del pasado. El primer gobierno de García, durante los años ochenta, produjo tres fantasmas que el presidente trata de exorcizar en este segundo debut: me refiero a la inflación, la corrupción y el terrorismo. Los últimos dos se acaban de materializar.
El primer fantasma apareció en los medios de prensa, en una conversación telefónica entre dos miembros del partido de gobierno, uno de ellos asignado a Petroperú, la empresa pública que adjudica las concesiones para la explotación de hidrocarburos. En la grabación, los dos hombres se felicitan por el faenón que han realizado al entregar cinco lotes petrolíferos a Discover Petroleum, una empresa que ni siquiera cumplía los requisitos del concurso público, a cambio de unos honorarios —léase sobornos— de entre cien y doscientos mil dólares.
Uno de los hombres está detenido. El otro está prófugo. Pero además, en su conversación mencionan al brazo derecho del presidente, el primer ministro Jorge del Castillo, quien ha tenido que dimitir con todo su gabinete, erosionando aún más a un gobierno que ya registraba un índice de popularidad de sólo el 15% y una desaprobación del 77%.
Históricamente, el caso resulta una triste ironía: el Apra de García es el único gran partido político que queda en el Perú. Fue fundado en la primera mitad del siglo con ideas antiimperialistas y revolucionarias, y tuvo que esperar a los años ochenta para llegar al poder.
Entonces, siguiendo su programa, nacionalizó la banca, controló el tipo de cambio y restringió las importaciones. El resultado fue la crisis económica más grave del Perú del siglo XX. Por esto, esta vez, la estrategia económica del Gobierno es exactamente la contraria: abrir el mercado y supeditar el desarrollo a la inversión extranjera.
Hace pocos meses un irreconocible García se enfrentó ásperamente con el Congreso cuando éste se negó a liberalizar las tierras indígenas. Y es precisamente en este frenesí privatizador donde explota el escándalo, transmitiendo a la opinión pública que cualquier ideología es igual. Que el partido y el presidente sacarán provecho de lo que venga.
Pero este caso también es una advertencia para toda la clase política. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, en los años noventa, el servicio de inteligencia intervenía las conversaciones telefónicas de opositores, funcionarios y periodistas, a los que después extorsionaba.
Los empleados entrenados en esas técnicas han “privatizado” la industria del espionaje político y pueden tener en la mira a cualquiera. Paradójicamente, en un estado que no puede garantizar la transparencia de sus funcionarios, los esbirros del régimen más corrupto de la historia republicana se están convirtiendo en los “paladines a sueldo” de la lucha contra la corrupción.
El peor miedo
Todas estas desgracias palidecen ante el hito del pasado que el Perú más teme: el grupo terrorista Sendero Luminoso. Desafortunadamente ese fantasma también ha vuelto en forma de atentados contra dos contingentes militares con un saldo de diecisiete muertos, entre ellos dos civiles y un menor.
¿Pero es realmente Sendero Luminoso? En algún sentido sí: tras la caída de la cúpula a principios de los noventa, varias columnas senderistas quedaron rondando por las zonas cocaleras al mando del “camarada Artemio”. Las Fuerzas Armadas llevan más de una década denunciando su presencia en los valles de los ríos Apurímac y Ene, y pidiendo recursos para aplastarlas, pero los sucesivos gobiernos han desestimado sus demandas.
Hace un mes un hombre, que se identificó como Artemio, ocupó una pequeña emisora local de radio para proponer al Gobierno “una salida política para negociar la paz social verdadera y permanente en el Perú”, en nombre de Sendero
Luminoso. Sin duda, de ahí provienen los atacantes de estas semanas. Y, sin embargo, hay un detalle que no cuadra: la estrategia militar y el armamento. La línea tradicional de Sendero Luminoso era prescindir de las armas de fuego para preservar la independencia política. Las armas son caras. Quien las paga, decide los objetivos de un movimiento.
Cuando un grupo armado tiene capacidad de fuego para atacar con explosivos y fusiles a un grupo de dieciséis militares sin sufrir ninguna baja a cambio, queda claro que tiene armamento de calidad. Y no es la China maoísta la que paga por él. La única posibilidad son los narcos. Los objetivos de estos atentados tampoco forman parte de un plan político para aniquilar el Estado. Más bien, sirven para limpiar de soldados las rutas de comercio de la coca.
Ahora bien, para los subversivos es muy rentable presentarse como Sendero Luminoso. De cara a la población de la zona, la etiqueta les otorga una pátina de idealismo. Y de cara al Estado peruano, genera mucho miedo. Por su parte, a las Fuerzas Armadas tampoco les va mal el membrete.
Derrotar a una pandilla de sicarios es importante. Pero una lucha contra Sendero Luminoso significa más presupuesto para defensa. Después de los atentados, el vicepresidente del Perú, almirante Luis Giampietri, ha pedido más equipamiento militar y más recursos para inteligencia.
El gran interrogante es si la estrategia del Estado será puramente militar. A comienzos de los ochenta, durante la presidencia de Belaúnde, unas Fuerzas Armadas sin mando político fueron enviadas a las zonas de emergencia, donde torturaron y desaparecieron a miles de campesinos.
La situación no cambió significativamente durante el primer gobierno de García, entre 1985 y 1990. Ambos gobiernos democráticos cuentan más desapariciones y muertes en su haber que el decenio de Fujimori, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Como resultado, para defenderse, la población se entregó a los brazos de Sendero Luminoso, convirtiendo a una pequeña falange guerrillera en un ejército. El saldo total de sus enfrentamientos fue de casi 70.000 víctimas.
Quince años después, en las cuencas cocaleras, no han funcionado los proyectos de desarrollo alternativo, según admitía el ministro de Defensa a principios de este año. La población de la zona vive en la miseria y su principal fuente de ingresos es la hoja de coca. Se sienten abandonados por el Estado y esta semana han visto a su gobierno dimitir en pleno con acusaciones de corrupción. Sin duda, son el caldo de cultivo perfecto para una guerrilla.
Evidentemente lo que más ayudaría a un rebrote senderista sería el descrédito de los políticos. Si la población opina que la clase política se enriquece en vez de resolver sus problemas, aumentará el apoyo a grupos armados y extremistas. Por eso, lo que está en juego con escándalos como el de Petroperú es más que una concesión petrolífera. En este momento, en un país con la mitad de su población bajo la línea de pobreza, la clase política peruana está obligada a liberarse de los fantasmas del pasado que vuelven otra vez.
* Escritor peruano, autor del libro Abril Rojo (Premio Alfaguara de novela 2006), un retrato de la violencia terrorista que asoló al Perú.
Así acabó Fujimori a Sendero Luminoso
Ni Fernando Belaúnde Terry o Alan García pudieron controlar en su gobierno a la guerrilla más fuerte que ha tenido Perú, Sendero Luminoso.
Cuando Alberto Fujimori llegó a la presidencia del país, una de sus banderas de gobierno fue la erradicación de la guerrilla y el terrorismo, que asolaban gran parte del sur y centro peruanos. En esa cruzada contra Sendero Luminoso, el mandatario emitió el Decreto Legislativo Nº 741 que dio a milicias campesinas un estatus legal y los llamó Comités de autodefensa, a quienes el Estado entregó armas y entrenó militarmente por parte del Ejército.
Pese a lograr en 1992 la captura de Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso con la que se derrumbó la organización, sobre Fujimori pesan acusaciones de violación a los derechos humanos por las órdenes emitidas al Ejército para acabar con la guerrilla, mandatos que derivaron en masacres como la de Barrios Altos donde murieron 15 personas.