La Mata Hari del DAS y su enlace en la Corte

La compleja operación de infiltrar a la Corte Suprema de Justicia la concretó una mujer. Corría el segundo semestre de 2007, la confrontación entre el gobierno Uribe y el alto tribunal estaba en su punto más álgido, ya se había ventilado el caso Tasmania que meses después se supo fue un montaje para desprestigiar a la Corte, el entonces presidente Uribe ya había denunciado al magistrado César Julio Valencia. Se necesitaba información clave para encarar el tema.

Y el DAS escogió a una detective con características específicas. Muy discreta, tranquila y, sobre todo, cercana a los cuerpos de seguridad que trabajaban en diversas instituciones oficiales. En concreto, la elegida había sido novia de un integrante de la Policía que trabajaba en protección en el Congreso de la República y, por esta vía, era posible detectar quiénes cumplían funciones similares en la Corte Suprema de Justicia para emprender la misión de llegar hasta sus magistrados.

La primera tarea fue ubicar a su antiguo novio y, sin comprometerse sentimentalmente, lograr que accediera a conversar sin prevenciones. Según conoció El Espectador de fuentes cercanas al proceso que hoy se adelanta por las ‘chuzadas’ y los seguimientos ilegales del DAS, la detective se reunió con su ex novio en una cafetería cercana al Congreso y fue la primera de varias citas y almuerzos hasta que ella le pidió el favor que necesitaba: conocer gente de seguridad en la Corte Suprema de Justicia.

El amigo accedió y, en pocos días, la detective del DAS ya se movía con relativa confianza con algunos de los policías agregados a los equipos de seguridad en la Corte. Por eso se fue enterando y transmitiéndoles a sus superiores la información acerca de cómo funcionaban los esquemas de seguridad de los magistrados. Cuántos hombres los acompañaban y cuántos carros se utilizaban para desarrollar el trabajo. El objetivo inmediato tenía nombre propio: Iván Velásquez.

El magistrado auxiliar y principal investigador del escándalo de la parapolítica siempre estuvo en la mira del DAS, él lo sospechaba, sus colegas también, pero nunca tuvieron claro cómo iban a llegarle. Lo hizo la detective del DAS con un método simple. Después de ganarse la confianza e incluso interactuar con los encargados de seguridad del magistrado, logró conseguir el teléfono de uno de ellos y además se encargó de que se volviera su amigo y compartieran espacios sociales.

El teléfono del integrante del equipo de seguridad del magistrado Velásquez sirvió para concretar el número y las comunicaciones del jurista. Y la cercanía entre detective y agente le permitió a la primera conocer en detalle la lista de colaboradores habituales y temporales de la Corte, así como la identidad de los mensajeros, el personal de confianza y hasta las personas encargadas del aseo. El objetivo era ubicar a un empleado que resultara vulnerable para cumplir la misión.

Por eso el siguiente paso fue colectivo. Se recaudó información sobre las hojas de vida, antecedentes, situación familiar, lugares de residencia, oficios de sus compañeros o cónyuges, número de hijos, edades, colegios donde estudiaban, todos los datos que pudieran servir para elaborar un inventario de necesidades. Lo fundamental era detectar quién podía ser más vulnerable a la hora de proponerle la tarea de infiltrar a los magistrados.

La detective, con apariencia de estudiante y relaciones de confianza con los equipos de seguridad de la Corte Suprema, se movía con relativa facilidad por los corredores y secretarías del Palacio de Justicia. Por esta razón también le resultó fácil ir conociendo a sus posibles contactos. Hasta que después de un minucioso estudio y de descartar varias opciones se eligió a un empleado que tenía acceso directo a la Sala Plena del alto tribunal y que resultaba idóneo para desarrollar la acción planeada.

Según lo ha venido confesando a la Fiscalía, la detective se convenció de que era la persona perfecta para cumplir la misión del DAS por un detalle concreto: sus continuas quejas frente a sus compañeros sobre la falta de dinero y su decisión de hacer lo que fuera para conseguirlo. Esa debilidad se convirtió en fortaleza para la detective del DAS, quien después de ganarse su confianza la abordó y sin muchos preámbulos le propuso la tarea: ubicar un diminuto micrófono en la Sala Plena de la Corte Suprema.

 Dinero extra, mercados para su casa y hasta la promesa de un mejor empleo para ella y otros integrantes de su familia fueron el señuelo de la detective. La persona escogida accedió y el micrófono empezó a captar la información de la Sala Plena. No fue un aparato permanente. La instrucción, perfectamente acogida, fue retirar el micrófono después de cada sesión para volverlo a instalar en una nueva fecha y no despertar sospechas. De esta manera, por más de un año, el DAS sabía lo que se discutía en la Sala.

 El primer reporte en posesión del DAS quedó fechado el 9 de octubre de 2007 y, además de referir las denuncias que existían por el traslado de un detenido del DAS a la cárcel de Cómbita, el aspecto clave que quedó resaltado en el informe fue la minuta de las investigaciones que supuestamente estaban adelantando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Gustavo Petro y Dilian Francisca Toro, así como datos sobre investigaciones o denuncias contra el ex congresista del Polo, Carlos Gaviria Díaz.

Poco a poco, gracias al trabajo de la detective del DAS y su contacto en la Corte, fueron llegando nuevas informaciones sobre otros procesos. Las pesquisas contra el entonces representante a la Cámara Óscar Wilches y, especialmente, un reporte allegado en noviembre de 2007 que daba cuenta de una declaración rendida por un testigo en el proceso que ya se adelantaba contra los entonces congresistas del departamento de Sucre, Eric Morris  y Álvaro García Romero. Después llegó información sobre Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Mauricio Pimiento.

Los informes fueron aumentando con el curso de los días y, por la vía del micrófono en la Sala Plena o a través de los equipos de seguridad de los magistrados, se fue recaudando información, especialmente vinculada a los movimientos y comentarios de los magistrados Iván Valásquez, Sigifredo Espinosa, Francisco Ricaurte, César Julio Valencia y Yesid Ramírez. Por eso, el DAS siempre supo que la Corte Suprema estuvo dispuesta a llegar a fondo en sus investigaciones contra parlamentarios o funcionarios del Gobierno.

Hoy se empiezan a conocer los detalles de esta filtración y, según fuentes allegadas al proceso que se adelanta por las ‘chuzadas’ y seguimientos del DAS, varias de las personas que participaron en las acciones ya han admitido su concurso. Entre ellas, la que se denomina en círculos cercanos al caso, “La Mata Hari del DAS”. Según grabaciones divulgadas por los medios de comunicación, no cabe la menor duda de que los magistrados fueron escuchados y que su Sala Plena fue intervenida. Fueron largos meses de acceso directo a la Corte Suprema.

Uno de los últimos reportes quedó fechado el 17 de julio de 2008. Lo que se dijo ese día en Sala Plena era determinante. La Corte evidenció su desinterés por una reforma a la justicia con un argumento contundente: no tenía confianza en un Congreso con tantos integrantes investigados por el alto tribunal. Y quedó en claro por qué la pelea era total. La Corte Suprema de Justicia estaba convencida de que era el baluarte que garantizaba la democracia y que los únicos que podían contener el poder del presidente Uribe eran precisamente ellos, los magistrados infiltrados.

“Eso será la estocada al Presidente”

La Mata Hari dejó consignado en informes que registró el DAS y que fueron conocidos por El Espectador, que hizo entregas de investigaciones de procesos que estaban adelantando magistrados en contra de congresistas como Piedad Córdoba y supuestas evidencias que la comprometían con actividades de la guerrilla de las Farc.

De igual modo, una grabación del 23 de mayo de 2008, de una sala reservada de la Corte Suprema, donde un magistrado hizo referencia a que el entonces presidente Álvaro Uribe no tenía por qué intervenir en los fallos de la Corte en relación con las pesquisas en contra de su primo, el entonces ex senador Mario Uribe Escobar.

El mismo jurista, según el DAS, le pidió a la Dirección de la Policía rastrear celulares de todos los funcionarios de la Sala Penal, porque tenía informaciones de que el DAS los estaba persiguiendo. Y comentó: “Eso será la estocada al Presidente”.

En otro documento, fechado el 4 de junio de 2008, el investigador estelar de la parapolítica Iván Velásquez, reseña el DAS, cuenta infidencias sobre las pesquisas de sus procesos. Y dice que lo estarían direccionando para buscar pruebas contra el Ejecutivo. Y que por eso estuvo pensando en renunciar. La infiltrada no sólo entregaba los audios de este burdo espionaje, sino fotocopias de los originales de los procesos.

El cerco al magistrado Iván Velásquez

Sobre la investigación de la yidispolítica se adelantó un interesante debate el 27 de mayo de 2008. Como el entonces fiscal Mario Iguarán había sido subalterno y amigo de Sabas Pretelt, había muchas inquietudes en la Corte sobre quién debía asumir esa investigación. Un magistrado comentó que si no era el Vicefiscal, el Presidente enviaría una terna de amigos como Jaime Lombana, José Obdulio Gaviria y Eduardo Montealegre, para fallar y no habría parcialidad.

Las fuentes de la Mata Hari del DAS le dieron desde el número celular del magistrado Velásquez, el de su esposa, su dirección de residencia y hasta su cédula de ciudadanía. Y además, las líneas telefónicas de los ocho magistrados auxiliares que integraban la comisión que investigaba el escándalo de la parapolítica.

Asimismo, se ventiló en una Sala, en julio de 2008, que dos magistrados de la Sala Penal comentaban sobre la certeza de un informante en el alto tribunal y que tenían pruebas de audio que comprometían a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. En agosto de 2008 un magistrado dijo que los integrantes de la Sala Penal estaban tratando de que el ex paramilitar alias ‘H.H.’ no fuera extraditado, para que rindiera declaraciones en contra de Jorge Noguera y Mario Uribe.

Ecos de revelaciones de filtración

A raíz de la publicación del informe del pasado 1° de agosto, titulado “La Corte Suprema, infiltrada”, que daba cuenta de cómo en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 8 de mayo de 2008, el magistrado Yesid Ramírez había dicho textualmente: “No tengo duda de que el Presidente tenga que ver con mi amenaza de muerte”, la Casa de Nariño respondió con denuncias y equiparó el tema diciendo que era tanto o más grave el espionaje contra la Corte Suprema como los comentarios de los magistrados en sus sesiones reservadas.

La última semana de gobierno del presidente Uribe estuvo matizada por esta confrontación. El entonces Jefe de Estado denunció por prevaricato al magistrado Yesid Ramírez, al considerar que no era un juez imparcial en la investigación que la Corte pidió adelantar contra su hijo Tomás Uribe por el presunto carrusel de notarías a congresistas a cambio de su apoyo al acto legislativo de la reelección presidencial en 2006.

La justicia cerró filas en favor de la Corte Suprema y el magistrado Ramírez. La Sala Penal emitió un comunicado en el que advirtió que sus decisiones son colegiadas y la Corte Constitucional exigió respeto por la independencia del Poder Judicial. El actual gobierno trata de tender puentes de reconciliación.

La fuente Y66-3 de la Mata Hari del DAS en la Corte Suprema

Reportó el DAS en un informe que la Sala Penal de la Corte les ordenó a los magistrados auxiliares solicitar la visa a Estados Unidos porque en cualquier momento viajarían a tomarles testimonios a ex paramilitares extraditados “sin que medios de comunicación y abogados de la defensa se enteraran”. En una Sala del 2 de julio de 2008, un magistrado señaló que la Corte no tenía nada qué temer ni nada qué esconder, “y si se tienen dudas sobre nuestras actuaciones, pues que haga las investigaciones pertinentes, pero el país tiene el derecho a que se explique cómo estamos usando el poder que nos han otorgado”.

En un documento en el que se reseñó a la fuente como “nueva, con confiabilidad en proceso de evaluación y con acceso a terceros a la información”, identificada con el código Y66-3, se elaboró un informe en el que se advirtió que unos magistrados propusieron demandar al Presidente por algunos comentarios despectivos contra la Corte. En otro informe, rotulado como “Entrega de procesos congresistas”, se consignó que se le facilitó al DAS información que relacionaba a la senadora Piedad Córdoba con actividades ilegales “por traición a la patria” y comunicaciones en las que figuraba el ex congresista Wilson Borja.

También se habló de procesos entregados sobre los ex congresistas Nancy P. Gutiérrez, Habib Merheg o Guillermo Zapata y la identificación y números celulares de los hijos del magistrado auxiliar Iván Velásquez.