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Aunque los primeros congresistas salpicados por la investigación de las autoridades sobre el presunto carrusel de recomendados y bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) han salido a negar responsabilidades, a cuenta gotas se siguen conociendo detalles del expediente y más nombres han salido a relucir. En su edición del domingo pasado El Espectador contó con lujo de detalles que en documentos en poder de la justicia figuraban tres ex presidentes del Congreso y dos reconocidas parlamentarias.
Estos son Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres Leal, Hernán Andrade, Lucero Cortés y Myriam Paredes. A esos nombres se suman, según constató El Espectador, los congresistas nariñenses Eduardo Enríquez Maya y Óscar Fernando Bravo; el veterano cacique político del Magdalena Miguel Pinedo Vidal y el dirigente Enrique Caballero. De la misma manera, en reportes en manos de fiscales antimafia aparecen mencionados el senador conservador caldense —la mayoría son de ese partido— Ómar Yepes Alzate y el parlamentario chocoano Rufino Córdoba.
Por último, este diario conoció de fuentes de entera credibilidad allegadas a la investigación, que tiene con los pelos de punta a medio Congreso, que en los rastreos y cruces iniciales que soportan los documentos que hoy verifica la Fiscalía también fueron mencionados el congresista conservador Héctor Ospina y el parlamentario de origen liberal Álvaro Ashton Giraldo, una de las figuras más reconocidas en Atlántico. Según se lee en la página web del portal Congreso Visible, Ashton Giraldo “adhirió a la campaña por la Transparencia”, que lo obliga a publicar su declaración de renta y listado de bienes.
En los hallazgos preliminares de la investigación se registran las terceras personas a través de las cuales supuestamente estos 13 parlamentarios terminaron manejando bienes incautados a la mafia. La Fiscalía, además, ya tiene los nombres de los predios de la polémica, sus folios de matrícula y los depositarios que los han administrado. No sorprende que del listado de congresistas que por ahora figuran como salpicados, más de la mitad sean conservadores. Desde hace años el partido azul ha manejado los destinos de la DNE y fue precisamente durante el periodo en que fungió como su director Carlos Albornoz cuando se han documentado las mayores irregularidades.
De hecho, él y su sucesor Ómar Figueroa tienen una investigación abierta en la Procuraduría. El despelote en el manejo del sistema Faro —que maneja el inventario de los bienes de la DNE—, el escaso control sobre el comité que debía revisar con lupa los nombres y trayectorias de los depositarios a quienes entregaban en custodia costosos inmuebles arrebatados a las mafias, así como casos documentados de narcos en desgracia cuyos testaferros se colaron a la DNE y terminaron administrando los bienes de sus jefes, hicieron que el Gobierno interviniera una entidad que durante años ha estado en el centro de muchas polémicas.
Hasta ahora lo hallado es escandaloso. Informes de peritos de la Dijín, documentos, testimonios espontáneos de ex funcionarios de la DNE y otros más de afectados por las presuntas decisiones arbitrarias de ese organismo constituyen la columna vertebral de las pesquisas sobre las que hoy ahonda la justicia. Uno de los datos que están en proceso de verificación pero que sorprende a la Fiscalía es la declaración entregada por un ex trabajador de la DNE. Palabras más, palabras menos, esta persona resaltó que siempre en tiempos de campañas políticas al Congreso los bienes supuestamente se adjudicaban a dedo para favorecer los intereses políticos de algunos dirigentes y, claro, garantizar curules.
La mayoría de los políticos mencionados desmintieron cualquier influencia en la DNE y le pidieron a las autoridades celeridad con la investigación para demostrar su inocencia. No obstante, hay indicios que por ahora los sitúan en un lugar incómodo. Sobre Hernán Andrade, por ejemplo, El Espectador reveló en su edición del domingo que habría terminado controlando una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en Baranoa y Barranquilla que pertenecían a testaferros del cartel del Norte del Valle. De acuerdo con reportes entregados a la Fiscalía, sería el empresario Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE.
Eso sin olvidar el caso del ex director de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, Camilo Bula, también salpicado por el informe y quien al parecer también tendría sus recomendados. Es apenas la punta del iceberg de una investigación que empieza a aclarar cómo al parecer congresistas terminaron coadministrando y usufructuando predios o sociedades decomisadas al narcotráfico. Los investigadores saben que falta mucha tela por cortar. Entre tanto, los políticos mencionados refrendan su inocencia.