Demandan en EE.UU. a Colombia por US$17 mil millones

Ante un tribunal del Distrito de Columbia, en Washington, fue instaurado el pasado 7 de diciembre un caso contra la República de Colombia por no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que desde 2007 concedió a la firma estadounidense Sea Search Armada (SSA) derechos sobre el 50 por ciento del tesoro del galeón San José, hundido por los ingleses en 1708 en cercanías de las Islas del Rosario y considerado el más valioso de la Colonia.

Según la demanda de 41 páginas conocida por El Espectador, el abogado de SSA en Estados Unidos, James S. DelSordo, solicitó a la justicia norteamericana una indemnización de 17 mil millones de dólares “por concepto de daños, costos para promover esta demanda, honorarios de abogados y cualquier otro tipo de desagravio que juzgue apropiado el Tribunal”.

SSA se presentó ante la Corte Federal como “una corporación de Delaware que se dedica al negocio de salvamento oceánico por todo el mundo” en litigio “con un estado extranjero sin inmunidad”. El abogado de la firma en Colombia, Danilo Devis, le dijo a este diario que la acción judicial es consecuencia de tres años de negativas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a realizar conjuntamente el rescate del famoso galeón, a pesar de que la Corte Suprema, en fallo de julio de 2007, decidió que aunque el naufragio puede ser patrimonio cultural de Colombia, los bienes que sean considerados como tesoro deben ser repartidos por partes iguales entre el Gobierno y SSA. También se apoya en lo establecido por la Convención de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental, zona en la que estaría la nave a mil pies de profundidad.

Como lo ha revelado este diario desde hace dos años, la norteamericana es una de las multinacionales cazatesoros (junto a Plioenician Exploration Limited y Odyssey Marine Explorations) interesadas en cerca de 1.100 naufragios coloniales ocurridos en el mar Caribe colombiano, y desde finales de los años años 80 es reconocida por los tribunales colombianos como la descubridora de la localización del San José.

Entonces, durante los primeros debates sobre el tema en el Congreso, se aseguró: “el valor del tesoro es de 10.000 millones de dólares, tal la conclusión de los investigadores: el más grande tesoro en la historia de la humanidad”. SSA basa sus aspiraciones en estos cálculos, en los manifiestos de carga, en los costos de exploraciones y demandas a lo largo de 20 años y en el posible saqueo del tesoro. Alega que debido a que Colombia reveló las coordenadas del hundimiento, sus pérdidas se han incrementado.

La demanda dice: “El Gobierno de Colombia reveló imprudente y públicamente la ubicación de las propiedades de SSA, que se le habían divulgado confidencialmente, exponiendo así la propiedad al saqueo…. Se calcula que más de 100 entidades de todo el mundo tienen tanto el motivo como los medios de saquear el sitio utilizando submarinos de gran profundidad, equipo de búsqueda, etc., con la tecnología más moderna que se encuentra disponible siempre que cuenten con la ubicación aproximada”.

Uno de los investigadores de naufragios más reconocidos del mundo, el italiano Claudio Bonifacio, y el ex congresista Jairo Clopatofsky denunciaron a El Espectador que la versión del saqueo es posible porque se trata de una riqueza codiciada por demasiadas manos desde hace décadas. Bonifacio cree que “el San José transportaba unas 215-240 toneladas de metales preciosos, destacando la plata”.

El historiador náutico Daniel de Narváez ratifica que es “el hundimiento más rico del hemisferio occidental, porque llevaba la acumulación de seis años de oro y plata, en los años pico de producción de las minas de Potosí y, adicionalmente, de los tres galeones que lo acompañaron entre Panamá y Cartagena uno comenzó a hacer agua, le sacaron su tesoro y se lo pasaron al San José”.

Santos ya fue notificado

Hubo cruces de cartas entre SSA y el gobierno de Álvaro Uribe hasta el punto que los exploradores anunciaron a comienzos de 2010 el diseño de un plan de búsqueda del tesoro por cuenta propia. La respuesta oficial  fue que el fallo de la Corte Suprema no le ordena al Gobierno la recuperación del tesoro ni lo obliga a autorizar su búsqueda ni a respaldarla logísticamente y que, por el contrario, en caso de que los norteamericanos intenten un rescate en aguas colombianas, serán repelidos militarmente por unidades de la Armada Nacional.

En otra de las cartas SSA ofreció financiar la totalidad del rescate, con un presupuesto calculado en 40 millones de dólares, y pidió a cambio luz verde de las autoridades y el respaldo de la Armada. Ahora el pleito quedó en manos del gobierno de Juan Manuel Santos, quien recibió notificación de la multimillonaria demanda el pasado 9 de diciembre a través de una carta del abogado Danilo Devis. Insistió en que SSA no cesará en sus reclamaciones y hace otro  llamado al diálogo “con miras a una solución conjunta”.

Lo que sigue es la notificación de parte de la justicia estadounidense al gobierno colombiano a través del Departamento de Estado. Según las fuentes diplomáticas y culturales consultadas, sólo en ese momento habrá un pronunciamiento oficial del presidente Santos a través de la Cancillería, previa consulta a la Comisión de Antigüedades Náufragas y el estudio de la demanda. De esta comisión también hacen parte el Ministerio de Cultura, la Dirección Marítima de la Armada, que tiene suspendidos los permisos de exploración subacuática a las firmas cazatesoros, y un grupo de expertos designados por el propio Jefe de Estado.

En dicha Comisión, a cuyas actas tuvo acceso El Espectador, se ha hablado de la urgencia de hacer un diagnóstico oficial de naufragios y decidir qué se hará con los tesoros. Un allegado al tema habló de proponerle al gobierno de Juan Manuel Santos que se ordene el rescate de tales riquezas, su monetización y que el dinero sea destinado a atender la tragedia del invierno.

Juan Manuel Prieto, ex miembro de la Comisión y hoy embajador de Colombia en Italia, advirtió en una sesión que “los recursos de la explotación podrían invertirse en proyectos sociales”. El ex asesor de Álvaro Uribe y empresario Fabio Echeverri Correa habló de “hacer alianzas con privados y vender las especies y con el resultado de su venta se podrían realizar inversiones importantes”. En el mismo sentido se pronunció el ex procurador y ex candidato a fiscal general Carlos Gustavo Arrieta, también experto de la Comisión y quien ha trabajado en el proyecto de reglamentación para la protección del patrimonio sumergido.

Alegatos para 2011

Temiendo que el Gobierno colombiano siga desconociendo el fallo a su favor de la Corte Suprema y que se le asigne un posible rescate a otra empresa multinacional, SSA decidió instaurar la demanda en Washington.

A comienzos de 2011 el Tribunal de Columbia convocará una audiencia en la cual las partes pueden solicitar pruebas. El resto del documento es un inventario cronológico de hechos de casi tres décadas, desde que SSA anunció la posible localización del San José a comienzos de los años 80, así como las actuaciones dilatorias de los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

Una fuente gubernamental advirtió que el calificativo de dilatorias es discutible, porque el Estado colombiano, desde la Comisión de Antigüedades Náufragas, siempre ha defendido la posibilidad de que el naufragio del San José no sea motivo de rescate sino de conservación in situ, decisión de países con hundimientos históricos. En Canadá operan con éxito museos submarinos como el dedicado al galeón El Célebre, en Nueva Escocia. En España prefieren no dejarlos a la mano de los piratas y abrir museos en tierra, por ejemplo Cosmo Caixa, inaugurado por el rey Juan Carlos tras el hallazgo de los galeones Nuestra Señora de Guadalupe y Conde de Tolosa.

Si esa fuera la decisión definitiva, ni los gobiernos de los últimos 30 años ni los congresistas de turno se han puesto de acuerdo sobre una ley marco que regule la conservación y exploración de los bienes arqueológicos considerados patrimonio cultural sumergido y el destino de aquello llamado tesoro comercial. El propio ex senador Clopatofsky propuso tres veces un proyecto de ley y nunca encontró respaldo en las bancadas mientras que los lobistas con “oscuros intereses” recibieron mayor atención.

Esa misma actitud fue la que llevó al historiador De Narváez a criticar en estas páginas el desinterés del Gobierno nacional por participar en el litigio generado por el hallazgo y rescate del tesoro del galeón Nuestra Señora de las Mercedes cerca de Portugal. Unas 17 toneladas de monedas de oro y plata fueron extraídas por la Odissey Marine Exploration y llevadas en avión hasta Estados Unidos, donde reclamó derechos económicos ante un tribunal en Tampa.

Sin embargo, la justicia norteamericana, cuyos tribunales de almirantazgo conocen de la mayoría de casos de naufragios, terminó por ordenar la devolución del tesoro al estado español argumentando que la embarcación tenía bandera de ese país y cumplía funciones militares. Paralelo a esa disputa, descendientes de las víctimas del naufragio demandaron en busca de parte de la riqueza y tampoco obtuvieron reconocimiento. Entre ellos había colombianos, razón por la cual solicitaron el respaldo de la Cancillería, pero ésta decidió no inmiscuirse. Según De Narváez, “es gravísimo que una potencia mundial en antigüedades náufragas como es la nuestra no haya hecho nada mientras la legislación internacional se consolida en favor de España”.

En estas circunstancias, se considera que la mayoría de tesoros en disputa serían devueltos a España teniendo en cuenta estas doctrinas y la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático que le da luz verde a ese país para recobrar unas 3.000 “naves de Estado” hundidas en todo el mundo. Entró en vigor a principios de 2009, pero Estados Unidos y Colombia se han negado a suscribirla porque favorece los intereses de España: los hundimientos en la Colonia con su bandera gozan de “inmunidad soberana”, lo que impide a cualquier país o empresa intervenir sus tesoros o reclamar parte de ellos.

Una de las naves en la lista de futuros litigios de España, a través del llamado “Proyecto Arqueonauta”, sería el San José si la pasividad del gobierno colombiano se mantiene. La carga del San José provenía del Virreinato de Perú y la embarcación portaba bandera española. SSA considera que ninguna parte de la carga es patrimonio cultural colombiano, si acaso peruano, y por lo tanto todo es tesoro.

Otra noticia: la ministra de Cultura de España, Ángeles González-Sinde, firmó el 1º de diciembre en Washington un convenio de colaboración con la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos para crear “un marco jurídico estable” de colaboración permanente en materia de protección del patrimonio subacuático, fruto de las “excelentes relaciones con EE.UU.”.

Es decir, fallos como el de Las Mercedes se repetirán. Lo que se desconoce es qué recibirá a cambio el gobierno norteamericano. En todo caso, el acuerdo va desde lo jurídico hasta lo operativo, ya que los dos países unirán esfuerzos para la recuperación del San Agustín, un galeón hundido en aguas de California. Queda mucho por salir a flote.

Gabriel García Márquez narró el hecho en El amor en los tiempos del cólera: “Se concentraban en la bahía las flotas de galeones cargados con los caudales de Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía los que fueron sus años de gloria. El viernes 8 de junio de 1708, a las cuatro de la tarde, el galeón San José, que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por medio millón de millones de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa...”.