El país aún no termina de procesar las dimensiones del bochornoso escándalo de la persecución infame que durante seis años ejecutó un subrepticio grupo criminal del DAS, al decir de la Fiscalía, conocido como G-3. Una organización que burdamente transgredió los horizontes de la legalidad, se comportó como una mafia de la peor laya, perpetró violaciones innombrables a la intimidad amparado en supuestas investigaciones para garantizar la seguridad nacional y llegó a la neurosis de amedrentar a través de sufragios, como suele hacerlo la delincuencia organizada, a magistrados, periodistas, miembros de ONG, críticos dirigentes de oposición y hasta cercanos colaboradores del Gobierno Uribe.

Así lo afirmó en su indagatoria el controvertido ex subdirector de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos, cuando, al ser interrogado por las tareas del G-3, manifestó: “Recolectaban información, presionaban y, en algunos casos, intimidaban”. Esta frase rotunda sirvió de sustento para que la Fiscalía, el pasado jueves, ordenara las capturas de cinco funcionarios y cinco ex funcionarios del organismo de inteligencia que cohonestaron las siniestras prácticas del G-3. Empezando por el propio Lagos, que le mintió a la justicia sobre el alcance de las interceptaciones ilegales que podía ordenar y que, como la mayoría de los procesados en este caso, escurrió sus responsabilidades explicando que nada sabía de lo que ocurría o que, como acuñara hace más de una década un ex presidente liberal, todo fue a sus espaldas.

Por ejemplo, aunque está comprobado que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado engañó a la Corte Suprema y, en particular, al magistrado de la Sala Penal Yesid Ramírez, al notificarle que no estaba siendo rastreado por el DAS cuando en verdad se desplegó una cacería sin antecedentes para aprovechar políticamente su cercanía con el polémico empresario Ascencio Reyes y así desacreditarlo, en su indagatoria Hurtado se declaró ajena a esta persecución y afirmó que simplemente buscaba evitar la infiltración del narcotráfico en el alto tribunal. Un pretexto con el cual, según la Fiscalía, se escudó para hurgar los detalles financieros, familiares y más privados de casi la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema. Aun así, Hurtado se declaró inocente.

Estas pesquisas fueron conocidas por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. La Fiscalía indagó sobre los intereses de él para rastrear a la Corte, así como los del secretario general de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, a lo que Hurtado manifestó que el DAS debía descartar cualquier amenaza o infiltración de los ilegales en la Corte Suprema, explicación que fue desestimada de tajo y que, de no ser por una recusación de última hora que interpuso contra el fiscal Mario Iguarán, habría corrido la misma suerte de los 10 miembros del G-3 que fueron afectados con medida de aseguramiento. Como lo informó este diario en su edición del viernes, la orden de captura contra Hurtado estaba casi lista cuando su defensor presentó la recusación.

Entre tanto, como en el caso de Hurtado, será el próximo fiscal quien defina las situaciones jurídicas de Jorge Noguera, Andrés Peñate y Joaquín Polo. El expediente de las ‘chuzadas’ evidencia que, en su defensa, la gran mayoría de los procesados aseguran que solamente siguieron órdenes y que nada sabían de asuntos ilegales. El coordinador del G-3, Jaime Fernando Ovalle, descargó la autoría intelectual de este grupo y sus pesquisas a ONG a Jorge Noguera, el ex subdirector José Miguel Narváez (también con orden de captura) y al ex director de inteligencia Giancarlo Auque. Narváez lo controvirtió, lo tildó de mentiroso empedernido e incluso declaró que, en su concepto, las ONG “suplen vacíos de los Estados y toman la vocería en casos de cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos“.

El acoso más tenebroso se realizó contra el denominado blanco del Colectivo de Abogados José Alvear, en cuyo caso se pagaron millones en gastos reservados (ver recuadro) para pagar operaciones de inteligencia e incluso infiltrar marchas promovidas por organizaciones sociales en las cuales agentes del DAS enmascarados bajo la identidad de supuestos periodistas filmaban y reportaban con minuciosidad las actividades de protesta. Correos electrónicos, información sobre sus hijos, hábitos y debilidades, y hasta escarbar en su basura y conseguir copias de las llaves de sus casas quedaron documentados en oficios que obran en el proceso. Un descontrol ilimitado que tiene ad portas de la cárcel a la cúpula del DAS de los últimos seis años.

En ese sentido, y como conclusión de la Fiscalía, “no puede aceptarse que los funcionarios aquí comprometidos hubiesen podido actuar con el convencimiento legítimo de que su labor era legal o de inteligencia, pues si ello fuese así, entonces en muchos otros casos hubiesen también desconocido la legalidad para interceptar, seguir, infiltrarse e indagar sobre actividades financieras y económicas de las víctimas, con lo cual, en el DAS, se abrogaron competencias que le son extrañas por tratarse de aquellas propias de la Fiscalía”, advirtió el ente acusador al resolver las primeras medidas de aseguramiento por este caso, en una providencia de 167 páginas conocida por El Espectador.

¿La responsabilidad política?

Ya en el escenario político, la decisión del organismo investigador generó diferentes reacciones con un denominador común: que todavía falta llegar hasta el fondo del asunto o, mejor dicho, hasta quienes supuestamente ordenaron las interceptaciones. El precandidato liberal a la Presidencia Rafael Pardo —quien apareció en la lista de vigilados por el DAS y fue reconocido como víctima dentro de la investigación— planteó la necesidad de descubrir al Rasputín de este oscuro episodio. “La red de espionaje ilegal de la que fuimos víctimas muchos colombianos no es un tema de mandos medios. Seguimos sin conocer al Montesinos colombiano”, dijo.

Por su parte, el senador y también precandidato del Polo Democrático Gustavo Petro, uno de los que lideró en el Congreso el debate político a las ‘chuzadas’ del DAS, recordó que en sus denuncias había mencionado a los hoy involucrados. Y fue más allá: “La Fiscalía le dio la razón al debate, ese fue el grupo que hizo las interceptaciones, pero la opinión pública debe saber por qué lo hicieron: para intentar atemorizar a los abogados y periodistas que habían descubierto que en el mismo DAS habían fabricado pruebas falsas para condenar personas inocentes en el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón”.

Según Petro, José Miguel Narváez fue el autor intelectual del asesinato de Garzón y quería desviar la investigación. “Uno de los más altos dirigentes del paramilitarismo, Carlos Castaño, era uno de los asesores inspiradores de Jorge Noguera. Ellos le hicieron inteligencia al periodista Hollman Morris, quien venía investigando el tema y a los abogados del Colectivo José Alvear, que fueron los primeros amenazados. La Fiscalía no le ha dado esta interpretación a la investigación: la de amedrentar a los que venían siguiendo las pistas del asesinato de Jaime Garzón”, enfatizó.