Con la trascendental decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener la competencia sobre las investigaciones de la parapolítica en los casos en que los congresistas renuncien a su curul, quedó abierta la posibilidad para que el alto tribunal examine si retoma todos los expedientes que han sido remitidos a la Fiscalía por cuenta de los presuntos nexos de ex parlamentarios con grupos de autodefensa. El cambio de jurisprudencia fue establecido el martes por la Sala Penal de la Corte en una reñida decisión de cinco votos a favor y cuatro en contra.
El viraje de 180 grados de la Corte se dio luego de que la mayoría de los magistrados de la Sala Penal, al resolver si se aceptaba enviar el expediente del representante a la Cámara Édgar Ulises Torres a la Fiscalía, en razón a su renuncia al Congreso, considerara que el juez natural de los congresistas era esa corporación. Con ponencia de su presidente, magistrado Augusto Ibáñez, se determinó que Torres, detenido el pasado lunes por sus presuntos nexos con las autodefensas en el Chocó, seguirá siendo procesado por la Corte aunque ya no sea parlamentario.
El Espectador conoció que la trascendental decisión venía cocinándose desde hacía una semana en reuniones informales que sostuvieron los magistrados y afectaría sustancialmente a los parlamentarios procesados por sus nexos con grupos ilegales o por la presunta feria de notarías que habría entregado el Gobierno para garantizar la reelección del presidente Uribe, es decir, los escándalos de la parapolítica y la cuellopolítica. Fuentes cercanas al alto tribunal señalaron que la Corte ha visto con recelo varias decisiones de la Fiscalía que terminaron beneficiando a ex parlamentarios procesados por el escándalo parapolítico.
La ponencia del magistrado Ibáñez, acogida por cuatro de sus colegas, contempla que los congresistas investigados son funcionarios con fuero que, en el caso de la parapolítica, o bien se aliaron con grupos ilegales para influir en la dinámica del Estado y cambiar sus leyes o, en el caso de la cuellopolítica, se aprovecharon de su influencia y poder regional para vender su voto a favor de la reelección a cambio de ubicar sus cuotas burocráticas en distintas notarías del país, como ocurrió, al parecer, con el senador Alirio Villamizar, detenido el martes.
El mensaje que le envió la Corte a la Fiscalía con esta nueva posición jurídica es muy claro, y así lo interpretaron juristas consultados por El Espectador: existen suspicacias sobre algunos expedientes de parapolíticos que fueron favorecidos con fallos controvertidos o en los que no existió un análisis juicioso de sus procesos. El vicepresidente de la Corte, magistrado Jaime Arrubla, le dijo a este diario que la decisión se aplica al caso particular del parlamentario Édgar Torres y otros futuros, pero que eventualmente el alto tribunal podría revisar los expedientes que desde hace dos años le ha enviado a la Fiscalía.
La súbita nueva interpretación promete enfrentar nuevamente al alto tribunal con las otras ramas del poder público. Los parlamentarios que han renunciado a su fuero argumentaron no tener garantías para ser investigados por el máximo organismo de la justicia ordinaria y reclamaron, en su momento, la doble instancia. Sin embargo, con esta decisión quedaron notificados de que la Corte es y será el único escenario posible.
Otras dos peleas casó la Corte, con el Consejo de la Judicatura y con el DAS. Sobre el primero, ratificó la condena contra Iván Díaz Mateus por el escándalo de la yidispolítica y repudió que a través de una tutela se intentara anular su fallo. Sobre el DAS, fue más directa al manifestar que desconfiaba de esa entidad por los reiterativos y documentados seguimientos y ‘chuzadas’ a los magistrados.