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Quizá como ningún otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, el eje investigador de las pesquisas de la parapolítica, ha tenido que soportar virulentos ataques públicos del Ejecutivo, emboscadas judiciales con testigos falsos, conspiraciones, seguimientos e interceptaciones ilegales y, en fin, toda una suerte de maniobras para desacreditar su nombre y el de la Corte. Aunque desde octubre de 2007 Velásquez puso en conocimiento de la justicia estas conjuras, nada ha pasado para procesar a los responsables y, al contrario, ayer se vino a saber que ahora no es el DAS el que lo ‘chuza’, sino que fue la propia Fiscalía.
El fiscal Guillermo Mendoza Diago confirmó la noticia y explicó que dos fiscales de la Unidad Antisecuestro, sin orden judicial, ordenaron interceptar sus comunicaciones desde hace dos meses, pero que, una vez enterado de estas graves irregularidades, se suspendieron y se iniciaron las investigaciones correspondientes. A finales de agosto la revista Semana reveló varias grabaciones de Velásquez con su familia y con James Faulkner, agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos en el país. El hecho generó un fuerte reproche del Departamento de Estado, que exigió explicaciones al Gobierno.
Tras la revelación del fiscal (e) Mendoza, el director del DAS, Felipe Muñoz, dijo que las últimas grabaciones al magistrado Velásquez no fueron hechas en el DAS. Y puso de presente una investigación interna realizada por Sergei Koval, experto mundial en peritaje forense de audio, que concluyó que “las grabaciones publicadas (en Semana) son de excelente calidad y los equipos móviles de monitoreo con los que cuenta el DAS no permiten obtener una calidad auditiva óptima”. Resulta paradójico que la Fiscalía, encargada de destapar la olla podrida del DAS por el caso de las ‘chuzadas’, paralelamente hubiera ordenado hacer lo mismo en contra de Velásquez.
No es la primera vez —y parece no ser la última— que el magistrado auxiliar es objeto de violaciones a su intimidad personal. Desde finales de 2006, cuando arreciaron las investigaciones de la Corte para desentrañar los nexos entre congresistas y paramilitares, y se produjeron las primeras capturas, Iván Velásquez ha sido eje de complots de toda índole para sacarlo del camino. Trascendió entonces que desde octubre de 2007 el DAS tenía una carpeta de inteligencia en la que se relacionaban seguimientos y monitoreos ilegales a él y a su familia. El caso fue denunciado a la Procuraduría y a la Fiscalía, pero poco avanzó la justicia.
El próximo ataque vendría una semana después, el 8 de octubre de 2007, cuando el propio presidente Álvaro Uribe lo acusó de montar una componenda en su contra. El Jefe de Estado advirtió entonces que, a través de una carta, un paramilitar conocido con el alias de Tasmania le confesó que el magistrado Velásquez le había ofrecido beneficios procesales a cambio de que declarara en contra de Uribe. La controversia generó un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte, que rápidamente respaldó la gestión de Velásquez. La confrontación pasó a los estrados judiciales y en julio de 2008 se derrumbó la novela de Tasmania.
El propio paramilitar confesó arrepentido que su abogado Sergio González y el extraditable Juan Carlos El Tuso Sierra urdieron el complot para enlodar al magistrado. “Ellos me ofrecieron beneficios y me prepararon lo que tenía que decir”, contó Tasmania, y añadió que además le prometieron $400 millones. El 31 de julio del año pasado la Fiscalía precluyó el proceso en favor de Velásquez y ordenó investigar a Tasmania, al abogado González y a El Tuso Sierra. Pero los ataques no cesarían. El DAS, según el magistrado, seguía acechando y, pese a que su nombre aparece como uno de los “blancos” de la policía secreta, en agosto de 2008 Marta Leal, entonces subdirectora de operaciones, le negó que estuvieran investigándolo.
Leal hoy está detenida por la feria del ‘chuzo’ del DAS y también fue protagonista del episodio Tasmania, ya que fue la que recogió la carta que el paramilitar le hizo llegar al Presidente, en la que denunciaba los supuestos excesos de Velásquez. Mientras el coordinador de los procesos de la parapolítica en la Corte soporta un nuevo embate contra su intimidad, ahora es la Fiscalía la que tiene que dar explicaciones. Un suceso impresentable, que ahora siembra dudas sobre la entidad encargada de llevar a la cárcel a los responsables de las violaciones de agentes del Estado que parecen más entusiasmados en escuchar conversaciones ajenas que en procesar a los verdaderos delincuentes.