La pelea de fondo es la parapolítica y los múltiples escenarios de disputa entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia pasan por este espinoso asunto. La interinidad en la Fiscalía, los choques entre el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría y la Corte Suprema, los escándalos paralelos convertidos en nuevos expedientes judiciales y hasta la polarización que protagoniza desde las columnas de opinión, tienen el denominador común de un país que no encuentra cómo pasar la página del paramilitarismo y las fuerzas que lo multiplicaron.
La semana concluyó con los mismos portazos de los últimos tres meses: la Corte Suprema de Justicia sostiene que la terna del Gobierno para elegir Fiscal es inviable, y el presidente Uribe asegura que la postura de la Corte contrasta con el espíritu de las reuniones que ha sostenido con los dignatarios del alto tribunal. La Corte quiere un penalista porque sabe que los asuntos pendientes en la Fiscalía no son propiamente administrativos. El Gobierno busca un Fiscal que aclimate el ambiente, pero tome distancia de la Corte.
En el centro del debate está situado por estos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez. Incluso se llegó a rumorar su renuncia, a lo que el jurista contestó en círculos privados: “Me faltan seis años de magistratura y estoy muy contento”. El Espectador conoció que, poco a poco, sus compañeros de la corporación le expresaron su respaldo. Sin embargo, unos y otros tienen claro que en medio de la pugna institucional existe una clara intención: dividir a la Corte Suprema.
Por eso, con contadas excepciones y a pesar de otros intentos por desprestigiar al presidente de la Corte o a algunos de sus magistrados, en el interior de la justicia se ha venido consolidando una especie de blindaje. Si el Consejo de la Judicatura toma decisiones, las demás cortes lo respaldan. Si lo hace el Consejo de Estado, el norte es el mismo. De esta manera y de cara a la crisis, ha cobrado importancia la Comisión Interinstitucional que integra a los dignatarios de las cuatro altas cortes. Se trata de cerrar filas para evitar que las divida la política.
Una visión conjunta que además apunta a demostrar que buena parte de las discrepancias se originan en el error de fusionar el Ministerio del Interior con el de Justicia. “Hoy no existe un interlocutor convincente desde el Gobierno y el actual ministro Fabio Valencia Cossio cree que puede manejar al Poder Judicial con las mismas estrategias con que se relaciona con el Congreso”, comentó una fuente de la Comisión Interinstitucional. Incluso, en el tema de la elección del Fiscal, se le atribuye a Valencia buena parte de la fractura.
Se rumora, por ejemplo, que a través del magistrado y vicepresidente de la Corte, Jaime Arrubla, el ministro Valencia quiere interferir en los asuntos del alto tribunal. El tema cobró tanta fuerza que el propio Arrubla aclaró a sus colegas que su posición es la de todos. Otros dicen que Valencia era el mentor del dimitente candidato a la Fiscalía Juan Ángel Palacio y ahora lo es de su reemplazo Marco Antonio Velilla. Lo cierto es que el estilo de Fabio Valencia Cossio no cala en la Corte, sin tener en cuenta que su hermano Guillermo hoy es juzgado por el mismo tribunal.
Al margen de la postulación del consejero Velilla, de quien hasta el momento no se tienen reparos, el tema de la “terna inviable”, según varios magistrados de la Corte consultados por El Espectador, no pasa por una negativa a ultranza, como se ha querido presentar en algunos círculos de opinión, ni tampoco por descalificar al nuevo elegible. La postura de la Corte Suprema es que sin entrar a evaluar a Marco Antonio Velilla, quien apenas será escuchado en 15 días, sus competidores, los abogados Camilo Ospina y Virginia Uribe, no son idóneos.
Ese es el sentir mayoritario de la Corte Suprema de Justicia. Camilo Ospina porque su directiva como Ministro de Defensa, interpretada como el argumento que dio origen a los falsos positivos, y las conjeturas sobre su amistad con el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, no son convenientes en un momento en que se requiere en la Fiscalía un colombiano a salvo de cualquier sospecha. Y la abogada Virginia Uribe porque sencillamente puede ser muy competente, pero no ofrece garantías respecto al perfil que se requiere en la actualidad.
Hoy en la Fiscalía están represados varios expedientes de suma gravedad. La yidispolítica, las interceptaciones ilegales en el DAS, los escándalos en las notarías, los falsos positivos, el caso Tasmania, la parapolítica y, de una u otra manera, estos procesos penales comprometen a altos funcionarios o componentes del Ejecutivo. Por eso la Corte Suprema de Justicia quiere asegurar que quien llegue a la cabeza del ente investigador obre con independencia, pues de alguna manera los magistrados del alto tribunal fueron también afectados por estos mismos escándalos.
Y sin querer queriendo, al margen de la gestión del Fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago y algunos obvios impedimentos, la Corte Suprema ha encontrado en el vicefiscal Fernando Pareja un funcionario adecuado para desarrollar el principio de la colaboración armónica entre las distintas instancias del Estado. Sin embargo, desde los círculos del Poder Ejecutivo, la percepción no es la misma. La decisión de reanudar la investigación contra el vicepresidente Francisco Santos no cayó bien y, por el contrario, ha acelerado la necesidad de nombrar el Fiscal en propiedad.
Y ya se rumora que el vicefiscal Pareja, cualquiera sea la decisión de la Corte Suprema respecto al organismo, va a cumplir con un deber con características de papa caliente: decidir de fondo en el escándalo de la yidispolítica. Se sabe que en este caso los ex congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño están condenados por cohecho. Pero este delito requiere que alguien haya incurrido en el de concusión. Los señalamientos recaen sobre el ex ministro y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt. Si Pareja lo sindica, el caso pasará a consideración de la Corte Suprema.
Si a ello se suma que al recobrar su facultad para investigar a los congresistas inmersos en el escándalo de la parapolítica, la Corte Suprema está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias; y que la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional para investigar crímenes de guerra promete sorpresas antes de lo pensado, el panorama no se anuncia conciliador. El Consejo de la Judicatura dejó ver sus divisiones, pero el liderazgo de su presidenta María Mercedes López le salió al paso a la grieta. En el interior de la justicia hay claridad frente a la necesidad de estar unidos.
En cuanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, parece tenerla clara. Al menos eso se deduce del escueto comentario que le hizo a El Espectador, tras negarse a responder preguntas sobre lo que está sucediendo dentro y fuera de la Corte a raíz de las confrontaciones con el Poder Judicial: “Yo soy penalista de oficio, por eso a mí no me van a graduar ni de victimario ni de víctima. No busco que me recusen ni tampoco quiero convertirme en el tercer presidente de la Corte denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.
Se aprietan los tiempos
La Corte Suprema y la Constitucional tienen importantes decisiones por resolver prontamente. El tiempo, sin embargo, no juega a su favor. En menos de tres semanas, la Sala Penal de la primera viajará a España a reunirse con autoridades judiciales de ese país, delegados de la Comunidad Europea y de la Corte Penal Internacional.
Por su parte, la Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión más esperada del año en el campo político: la viabilidad o no del referendo que buscaría un tercer mandato del presidente Uribe. Estos magistrados deben definir si el referendo se aprobó bajo los trámites legales previamente establecidos.
A pesar de la urgencia que tiene el país por conocer estas decisiones, ambos tribunales han manifestado que se tomarán el tiempo que sea necesario. Además, debido a las vacaciones judiciales que comienzan el 20 diciembre, ambas cortes ya expresaron que sus determinaciones no se conocerán antes de enero de 2010.
Todos contra todos
En los últimos meses se han hecho cada vez más evidentes los fuertes enfrentamientos generados por decisiones judiciales. La Corte Suprema, en varias oportunidades, ha rechazado las del Consejo de la Judicatura que considera fuera de su competencia, como cuando éste revocó los fallos de la Corte contra los ex congresistas Iván Díaz y Sandra Arabella Velásquez.
Este último caso también provocó fricciones en el interior de la Judicatura. Su presidenta, María Mercedes López, desautorizó como vocero a su colega Ovidio Claros por sacar comunicados sin consultar previamente. Claros respondió diciendo que la Sala Disciplinaria de esta corporación desautorizaba a López como vocera también.
El procurador Alejandro Ordóñez también ha encarado a las cortes. A la Suprema, la amenazó con sancionar a sus funcionarios si hacían entrevistas —en las investigaciones de la parapolítica— sin presencia de delegados del Ministerio Público. Hace tres días radicó una acción de nulidad contra el fallo de la cátedra del aborto, proferido por la Corte Constitucional, y dijo que éste no era un derecho sino un delito.