“Que Escobar financiara la toma es ridículo”

Luego del asalto del M-19 al Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, una de las primeras investigaciones exhaustivas sobre lo acontecido ese par de días se publicó en el libro El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana, realizado por la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan. A tres días de cumplirse el aniversario número 24 del Holocausto, Carrigan lanzará hoy a las seis de la tarde, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá, la segunda edición de su obra. Sus teorías no son de poca monta. Aunque rechaza de entrada la toma, es más crítica aún con la reacción de los militares. Cree que las diferencias que éstos sostenían con los magistrados de las altas cortes conllevaron a un exceso de fuerza por parte de los uniformados y que muchas más personas de  los 11 desaparecidos denunciados por sus familiares, como el magistrado Carlos Urán, salieron con vida del Palacio de Justicia.

Usted critica que la versión oficial, que señala una alianza entre el M-19 y el narcotráfico, sea tan aceptada...

Luego de la toma circulaban muchas versiones, muchas mentiras y había mucha gente con sus propios intereses. Sin embargo, nuevamente se hace necesario mirar lo que pasó en el baño. La versión del Gobierno es que la guerrilla mató a un número considerable de gente allí, y muchos de los sobrevivientes cambiaron su versión. Tanta confusión dio lugar a que la versión oficial permaneciera. Pero creo que el proceso que abrió la Fiscalía hace cuatro años ha podido dar una luz más verídica.

¿Cómo surge su interés por este tema?

Por Carlos Urán. Yo los había conocido a él y a su esposa un par de semanas antes del asalto del M-19 y el jueves 7 de noviembre de 1985 encontré en la recepción del hotel donde me quedaba una nota que decía: “Carlos Urán está desaparecido. Por favor, ayúdanos con la prensa extranjera a buscarlo”. Yo hablé con colegas de BBC, CBS, Newsweek, pero todos me decían que estaba loca. Al otro día, el cuerpo de Carlos apareció en condiciones muy extrañas.

Pero esa es una de sus nuevas revelaciones en esta edición...

Sí, porque cuando publiqué la primera versión no tenía la información que recolecté ahora. Hoy no tengo duda de que Carlos Urán salió con vida del Palacio de Justicia.

¿Cómo ha visto la investigación que la Fiscalía, en cabeza de Ángela Buitrago, ha desarrollado sobre este asunto?

Me parece que están haciendo un trabajo extraordinario. Ella y la jueza del caso son dos mujeres excepcionales que están reconstruyendo la reputación de la Fiscalía y de la justicia colombiana. Pero veo con preocupación figuras como el procurador Alejandro Ordóñez, que están en contra. No tengo mucha esperanza en que todos los implicados resulten condenados, porque la situación, mas no el proceso, está muy frágil y hay una inmensa resistencia del Ejército y del Gobierno. Aún así, creo que ese trabajo de los últimos cuatro años ha sido una victoria contra la impunidad.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega se defiende diciendo que los enemigos del narcotráfico que creó al asumir su labor en la Dirección Nacional de Estupefacientes son los que armaron el caso en su contra...

Labor, ¿cuál labor? Fueron él y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano los que tuvieron a cargo la gente que salía del Palacio. En los días siguientes, cuando la balacera terminó, ocurrió lo más siniestro, la guerra sucia en todo su horror. Si los militares creían que la gente de la cafetería había tenido que ver con el asalto, entréguenlos a la justicia y que los juzguen. Pero el asunto ni siquiera se limitó a los sospechosos de ser guerrilleros. Y además, la gente de la cafetería era inocente.

 Para usted no hay duda: sí hay desaparecidos.

No tengo absolutamente ninguna duda de que gente fue desaparecida y de que fue política del Ejército. Hoy sabemos de testimonios que los vieron salir con vida, de videos y fotos que lo demuestran. De hecho, creo que más gente fue desaparecida, pero no todos se atrevieron a denunciarlo. ¿Por qué? No lo sé.

En su libro usted evidencia un exceso de fuerza por parte de los militares en la recuperación del Palacio de Justicia...

Para entender el porqué de esa situación hay que remontarse a la coyuntura de 1985: las altas cortes y el Ejército estaban completamente enfrentados, luego de que la justicia decidiera, por ejemplo, sancionar al ministro de Defensa Miguel Vega y al propio ex presidente Julio César Turbay por torturar a una médica y a su hija. Así que cuando el Ejército entró al Palacio de Justicia tenía dos enemigos: los guerrilleros y los jueces. Ellos no entraron a salvar a los jueces, sino a acabar con quien fuera necesario. Si pudieron sacar al hermano del presidente Betancur, que era del Consejo de Estado, y a la esposa del entonces ministro de Gobierno, ¿por qué no podían sacar al resto de rehenes? En 27 horas tuvieron todas las oportunidades. No lo hicieron porque no quisieron.

¿Por qué querrían asesinar o desaparecer a magistrados?

En casos como el de Manuel Gaona, el de Carlos Urán o el de Nicolás Pájaro Peñaranda, que sobrevivió sólo porque lo salvó un médico conocido de él, era evidente: estaban en la mira del Ejército por sus pensamientos e ideologías. Eran grandes demócratas.

¿Qué ha sabido de amenazas contra personas implicadas en el proceso del Palacio de Justicia?

La jueza está amenazada, testigos han sido amenazados, René Guarín tuvo que exiliarse. Creo que la situación, actualmente, ha empeorado mucho. Es la consecuencia de que algo tan terrible haya podido ocurrir y la sociedad lo haya aplaudido. Hubo mucha intimidación en esa época y los que tenían poder no condenaron al Ejército. Si Plazas Vega es inocente, ¿por qué hay tantos amenazados?

¿Pero por la toma el M-19 no se merece también una condena? Además, luego vino la amnistía...

Es difícil comprender lo idiotas que fueron los del M-19. Y la polémica que generó esa amnistía. Pero en algún momento hay que parar la guerra. El problema es que eso no lo entienden quienes tienen el poder, porque a ellos la guerra no los toca.

 ¿Qué piensa de la hipótesis de que Pablo Escobar y Los Extraditables financiaron la toma del Palacio de Justicia?

Que Escobar entregara armas y dinero para destruir los archivos es ridículo. Primero, porque en el Palacio había copias, pero los archivos originales no estaban ahí. Segundo, porque la guerrilla llegó al Palacio con un armamento muy pobre, actuaron tan absurdamente que entraron hasta sin los rockets necesarios para defenderse. Yo me pregunto más bien si Los Extraditables no habrán alertado al Ejército de la toma, a sabiendas de que su entrada sería el final para la Corte, que era lo que más les convenía a los narcotraficantes.

¿Cree que la Comisión de la Verdad podría ser efectiva?

A estas alturas, no creo que tenga gran valor una comisión que no tiene ninguna posibilidad de penalizar a nadie. Tal vez no haya estudiado bien su trabajo, pero ya hubo un Tribunal Especial que creó el Gobierno y que absolvió al mismo. Y no me digan que ese no era su propósito desde el principio. El problema con esas comisiones es que siempre hablan de reconciliación, pero no se puede llegar a la reconciliación sin que haya justicia.

¿Por qué cree que en Colombia, 24 años después del Holocausto, hay todavía tanta fijación en este tema?

Porque no ha habido justicia. Hubo crímenes de lesa humanidad en el corazón de la capital, a tres cuadras del Palacio Presidencial, y aún así las máximas autoridades de este país lograron eludir su responsabilidad. Y es esa impunidad la que ha permitido que en Colombia se cometa crimen tras crimen. La sociedad debería estar orgullosa de sus jueces, pero los aíslan, les dan la espalda.

“Extraditables no participaron en la toma”

El informe sobre el holocausto del Palacio de Justicia realizado por el Tribunal Especial de Instrucción (TEI) , que se conoció en mayo de 1986, enfatiza “que las amenazas de los llamados extraditables no tuvieron ninguna conexión con los hechos del Palacio”. Según ese tribunal, “es evidente para los autores de este informe que a los narcotraficantes, interesados en el pronunciamiento de la honorable Corte sobre las demandas de inexequibilidad (de la extradición), no les interesaba la realización de las amenazas de muerte que ellos mismos habían pronunciado, porque el objetivo perseguido, precisamente, consistía, en que los magistrados amenazados cedieran a la violencia que se cernía sobre ellos y declararan la inexequibilidad que demandaban”. Añade el informe que era claro que las amenazas podrían haberse materializado si los magistrados se hubieran pronunciado a favor de la extradición, situación que no había ocurrido hasta el día de la toma.

“Escobar pagó US$2’000.000”

La Comisión de la Verdad que fue creada para esclarecer lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia aseguró, en su informe conocido en 2006, que el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria financió la toma tras haber pagado dos millones de dólares con el objetivo de presionar a los magistrados de la Sala Constitucional, que en aquella época estaban debatiendo la aprobación o no de la extradición. Horas más tarde los magistrados debían, en una sesión, discutir la legalidad del tratado. Asimismo, la comisión sostuvo que durante la incursión del M-19 “hubo una ausencia de poder” y que el presidente Belisario Betancur se convirtió en un “simple espectador” de los hechos que nunca quiso negociar para salvaguardar a las víctimas.