Foto: Daniel Gómez

Ana Carrigan sostiene que persiste el interés en el caso porque no habido justicia.

Luego del asalto del M-19 al Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, una de las primeras investigaciones exhaustivas sobre lo acontecido ese par de días se publicó en el libro El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana, realizado por la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan. A tres días de cumplirse el aniversario número 24 del Holocausto, Carrigan lanzará hoy a las seis de la tarde, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá, la segunda edición de su obra. Sus teorías no son de poca monta. Aunque rechaza de entrada la toma, es más crítica aún con la reacción de los militares. Cree que las diferencias que éstos sostenían con los magistrados de las altas cortes conllevaron a un exceso de fuerza por parte de los uniformados y que muchas más personas de  los 11 desaparecidos denunciados por sus familiares, como el magistrado Carlos Urán, salieron con vida del Palacio de Justicia.

Usted critica que la versión oficial, que señala una alianza entre el M-19 y el narcotráfico, sea tan aceptada...

Luego de la toma circulaban muchas versiones, muchas mentiras y había mucha gente con sus propios intereses. Sin embargo, nuevamente se hace necesario mirar lo que pasó en el baño. La versión del Gobierno es que la guerrilla mató a un número considerable de gente allí, y muchos de los sobrevivientes cambiaron su versión. Tanta confusión dio lugar a que la versión oficial permaneciera. Pero creo que el proceso que abrió la Fiscalía hace cuatro años ha podido dar una luz más verídica.

¿Cómo surge su interés por este tema?

Por Carlos Urán. Yo los había conocido a él y a su esposa un par de semanas antes del asalto del M-19 y el jueves 7 de noviembre de 1985 encontré en la recepción del hotel donde me quedaba una nota que decía: “Carlos Urán está desaparecido. Por favor, ayúdanos con la prensa extranjera a buscarlo”. Yo hablé con colegas de BBC, CBS, Newsweek, pero todos me decían que estaba loca. Al otro día, el cuerpo de Carlos apareció en condiciones muy extrañas.

Pero esa es una de sus nuevas revelaciones en esta edición...

Sí, porque cuando publiqué la primera versión no tenía la información que recolecté ahora. Hoy no tengo duda de que Carlos Urán salió con vida del Palacio de Justicia.

¿Cómo ha visto la investigación que la Fiscalía, en cabeza de Ángela Buitrago, ha desarrollado sobre este asunto?

Me parece que están haciendo un trabajo extraordinario. Ella y la jueza del caso son dos mujeres excepcionales que están reconstruyendo la reputación de la Fiscalía y de la justicia colombiana. Pero veo con preocupación figuras como el procurador Alejandro Ordóñez, que están en contra. No tengo mucha esperanza en que todos los implicados resulten condenados, porque la situación, mas no el proceso, está muy frágil y hay una inmensa resistencia del Ejército y del Gobierno. Aún así, creo que ese trabajo de los últimos cuatro años ha sido una victoria contra la impunidad.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega se defiende diciendo que los enemigos del narcotráfico que creó al asumir su labor en la Dirección Nacional de Estupefacientes son los que armaron el caso en su contra...

Labor, ¿cuál labor? Fueron él y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano los que tuvieron a cargo la gente que salía del Palacio. En los días siguientes, cuando la balacera terminó, ocurrió lo más siniestro, la guerra sucia en todo su horror. Si los militares creían que la gente de la cafetería había tenido que ver con el asalto, entréguenlos a la justicia y que los juzguen. Pero el asunto ni siquiera se limitó a los sospechosos de ser guerrilleros. Y además, la gente de la cafetería era inocente.

 Para usted no hay duda: sí hay desaparecidos.

No tengo absolutamente ninguna duda de que gente fue desaparecida y de que fue política del Ejército. Hoy sabemos de testimonios que los vieron salir con vida, de videos y fotos que lo demuestran. De hecho, creo que más gente fue desaparecida, pero no todos se atrevieron a denunciarlo. ¿Por qué? No lo sé.

En su libro usted evidencia un exceso de fuerza por parte de los militares en la recuperación del Palacio de Justicia...

Para entender el porqué de esa situación hay que remontarse a la coyuntura de 1985: las altas cortes y el Ejército estaban completamente enfrentados, luego de que la justicia decidiera, por ejemplo, sancionar al ministro de Defensa Miguel Vega y al propio ex presidente Julio César Turbay por torturar a una médica y a su hija. Así que cuando el Ejército entró al Palacio de Justicia tenía dos enemigos: los guerrilleros y los jueces. Ellos no entraron a salvar a los jueces, sino a acabar con quien fuera necesario. Si pudieron sacar al hermano del presidente Betancur, que era del Consejo de Estado, y a la esposa del entonces ministro de Gobierno, ¿por qué no podían sacar al resto de rehenes? En 27 horas tuvieron todas las oportunidades. No lo hicieron porque no quisieron.

¿Por qué querrían asesinar o desaparecer a magistrados?

En casos como el de Manuel Gaona, el de Carlos Urán o el de Nicolás Pájaro Peñaranda, que sobrevivió sólo porque lo salvó un médico conocido de él, era evidente: estaban en la mira del Ejército por sus pensamientos e ideologías. Eran grandes demócratas.