Revive el caso de Bernardo Jaramillo

Luego de desempolvar casos como los magnicidios de Luis Carlos Galán, Guillermo Cano o Álvaro Gómez Hurtado, o como reveló este diario en su edición del pasado viernes, declarar como delito de lesa humanidad el atroz crimen que cobró la vida de 107 pasajeros en el bombazo al avión de Avianca para evitar que la investigación prescribiera, la Fiscalía parece decidida a resucitar el expediente por el asesinato del candidato presidencial por la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa.

Las balas del narcotráfico segaron su vida el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto Eldorado de Bogotá poco después de las 8:00 de la mañana. Andrés Arturo Gutiérrez Maya, de 16 años, trabajador de una fábrica que hacía tizas para tacos de billar en Medellín, fue su verdugo. Lo ejecutó con una ametralladora Mini Ingram 380 y cuatro disparos bastaron para que el país se estremeciera con la noticia de un nuevo magnicidio. Por ser menor de edad, el asesino no fue encarcelado y el capo Escobar, de forma indignante, desmintió ser el autor del crimen y se declaró adolorido por la muerte del candidato presidencial.

Al día siguiente del homicidio el entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez, le atribuyó el crimen a Pablo Escobar y exhibió dos grabaciones en las que el jefe del Cartel de Medellín y su lugarteniente El Zarco hablan sobre el pago de $300.000 a un sicario para ejecutar un atentado. La conversación fue interceptada el 21 de marzo de 1990. En otra grabación revelada por Maza Márquez, un sujeto anónimo llamó a una emisora en Medellín para reivindicar que el autor del crimen había sido Fidel Castaño, “es la persona que reemplazó a El Mexicano (Gonzalo Rodríguez Gacha), si lo quiere saber, compa”.

De cualquier manera, la investigación por este homicidio fue empolvándose con el paso de los años y la sucesión de escándalos venideros y de barbarie desatada en la década de los noventa fue relegando el expediente, que nunca avanzó más allá de las confesiones de sus protagonistas. Como quedó registrado en el proceso, el extinto jefe paramilitar Fidel Castaño le reconoció al ex dirigente del M-19 Otty Patiño que había ordenado el magnicidio. Su hermano Carlos Castaño refrendó esa versión en 1999 con su libro Mi confesión.

Pero son tantos los cabos sueltos de este magnicidio, que el fiscal octavo de la Unidad de Derechos Humanos acaba de ordenar una serie de entrevistas, verificaciones y declaraciones que buscan que el caso salga del ostracismo. El fiscal solicitó una inspección a los procesos que se adelantan por los crímenes de Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, con el fin de trasladar “piezas procesales que puedan resultar de interés”, y en ese contexto además fijó para el próximo 27 de noviembre diligencia de declaración al detenido general (r) Miguel Maza Márquez.

De igual manera, según el auto conocido por este diario, comparecerán ante su despacho para ampliar su testimonio John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quienes se presentarán el 2 y el 3 de diciembre, respectivamente. El fiscal citó para escuchar en declaración a Otty Patiño, a la esposa de Bernardo Jaramillo, María del Socorro Barragán; a cercanos colaboradores del ex candidato caldense, como Gustavo Polo, Guillermo Banguero, Jesús Aníbal Suárez o Luz Stella Romero.

El documento tiene varias perlas. Por ejemplo, se ordena practicar inspección judicial a la Cuarta Brigada de Medellín, con el propósito de establecer quién fue el comandante de ésta para la época de los hechos o quién su director de inteligencia y si fue cierto que desde allí se adelantaron “investigaciones o se hicieron labores de inteligencia en contra de los miembros de la UP”. Pero además se solicitó inspección judicial en los archivos de la extinta y controvertida Brigada XX del Ejército Nacional. El objetivo, el mismo: indagar si oficiales de esa unidad promovieron el espionaje al partido político.

Asimismo, se pidió rastrear los procesos disciplinarios en contra de los agentes Jorge Pedraza y Lisandro Muñoz, que hacían parte del servicio de escoltas de Bernardo Jaramillo, o los informes rendidos por otros agentes como Juan Carlos Naranjo y Camilo González. También se comisionó para establecer el paradero de la grabación que efectuaron agentes del DAS al sicario Andrés Arturo Gutiérrez cuando estaba en el hospital luego de haber perpetrado el ataque. Y se ordenó establecer la identidad de un sujeto conocido como Esteban, quien era escolta de Jaramillo y renunció a su esquema de seguridad dos días antes del atentado.

Como cosa curiosa, se pide establecer si es cierta la versión de que el día y la hora en que ocurrió el atentado contra Jaramillo Ossa, se encontraba en el aeropuerto la esposa del general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, así como rastrear si en los archivos del Ejército Nacional para el año 1990 figura el nombre de algún teniente llamado Álvaro Negui. Pero además el fiscal pidió verificar el cargo que ocupaba en el DAS Alberto Romero, quien trabajó en el departamento de inteligencia de la policía secreta.

“Me mataron estos h.p., muchacho, no siento las piernas —le dijo Jaramillo Ossa a su escolta del DAS antes de perder el conocimiento—. Los h.p. me mataron”. Su crimen aún sigue impune. La Fiscalía busca espantar los fantasmas que durante 20 años han rondado el expediente y encauzarlo para, esta vez sí, procesar a los autores que pasaron de agache.

Lamentable e infortunada coincidencia

Cinco días antes del magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, el ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, Carlos Lemos Simmonds, sostuvo en entrevista con Colprensa que “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica. Se van a enojar porque les estoy diciendo esto, pero ellos saben que es así”. Su afirmación causó revuelo y el presidente de la UP, Diego Montaña Cuéllar, lo acusó de ejercer una actitud hostil contra su movimiento. “Una declaración como la suya puede causar muchos muertos porque nuestros enemigos se sentirían amparados”, ripostó Cuéllar. “Por el hecho de que no le guste al ministro la forma como decimos las cosas, no le da derecho a condenarnos a muerte”, agregó Bernardo Jaramillo en su defensa. Su frase fue premonitoria y tras su asesinato el ministro Lemos fue fustigado por los dirigentes de la UP.