‘Control total’ en la Fiscalía

A pocas semanas de que se conozca el sentido del fallo en el caso del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, quien fue llevado a juicio por presuntos vínculos con la organización de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, nuevos testigos llamados a declarar en el proceso dejaron en claro que la influencia de la empresa Control Total, de Juan Felipe Sierra, también vinculado al caso, llegó a límites impensados en el ente acusador.

Además, que la famosa cuatrimoto que habría recibido Valencia por presuntamente sacar del organigrama de la banda criminal de alias Don Mario a John Freddy Manco Torres, alias El Indio, no habría sido el único vehículo que el ex director de Fiscalías habría obtenido como obsequio de uno de sus amigos. En primer término, en declaraciones entregadas la semana pasada a la Corte Suprema, Carlos Mario Vanegas, quien fungió como asistente de Valencia, aseguró que su jefe le dio la orden de indagar en los archivos del ente acusador por los nombres de unos empleados de la empresa Control Total, luego de que Sierra se hubiera ganado una licitación por $17 mil millones con un almacén de cadena.

Después de tener la información en un sobre, Vanegas se reunió con Sierra en un café de Medellín y se la entregó un día antes de que el entonces fiscal general Mario Iguarán visitara esa ciudad para analizar la grave situación de violencia que la afectaba por cuenta de las bandas criminales. Sostuvo que la información se relacionaba con ocho o diez personas. En noviembre de 2009, en declaración ante la misma Corte, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, aseguró que Control Total se encargó de brindar seguridad a los ex comandantes de las autodefensas en proceso de desmovilización, con escoltas que en el pasado habían hecho parte del bloque Élmer Cárdenas.

Por otro lado, Vanegas afirmó que cuando ya se conocía del trasladado de Medellín a Tunja (Boyacá) de Valencia, el mismo ex director de Fiscalías le ordenó ir a recoger una información al comando de Policía sobre bandas criminales que operan el país para adelantar su defensa. Dijo que se desplazó en compañía del también asistente Julián Calderón, quien fue el que recibió el informe del mayor Belarmino Gualdrón en una USB comprada por instrucción de Valencia Cossio.

Una vez la tuvieron en su poder, la llevaron a la Dirección de Fiscalías. Según Vanegas, el informe fue visto en tres computadores distintos, sin guardarlo en ninguno, y se imprimió una copia a la que se le sacó una fotocopia: una se fue con destino al abogado Jaime Bernal Cuéllar, quien en principio asumió la defensa de Valencia, y la otra para el entrante director de Fiscalías, Nelson Camelo Cubides. Sin embargo, en un disco duro de un computador de la sede la Fiscalía de Medellín,  se encontró que el archivo estaba guardado. El mayor Gualdrón deberá ampliar su declaración en la segunda semana de febrero y aclarar si es cierto que entregó la información.

Por hechos como estos la fiscal de la causa, Ángela María Buitrago, pidió a la Corte Suprema que se compulsen copias para que se investigue por qué se entregaron documentos públicos de carácter reservado y de inteligencia a personas ajenas a la Fiscalía. Como si fuera poco, en una diligencia también efectuada la semana pasada, el testigo y empresario Óscar Jairo Orozco Montoya (quien en la actualidad trabaja con el Gobierno en el proyecto parque temático Hacienda Nápoles) aseguró que le regaló una motocicleta en mal estado a Valencia Cossio para la finca que el director de Fiscalías de Medellín adquirió en Caucasia, Antioquia, en 2007.

Como dato curioso, una comisión del CTI determinó que en una finca de propiedad de Orozco no fue encontrado un cultivo de coca y un laboratorio para la producción de estupefacientes, sino en un predio vecino. Los costos de la inspección judicial fueron pagados por Orozco.