Como una organización criminal enquistada en el interior del DAS que con “apariencia de legalidad” realizaba toda clase de ilícitos en contra de opositores del Gobierno, defensores de Derechos Humanos, magistrados y periodistas, calificó la Fiscalía al grupo de inteligencia G-3 del cuestionado organismo. Así lo señaló el ente acusador en la decisión en la que llamó a juicio a siete ex funcionarios de la institución por el espionaje efectuado a través de seguimientos ilegales e interceptación de líneas telefónicas fijas y móviles y correos electrónicos utilizando de manera ilícita equipos especializados y salas de interceptación.
En la providencia, que tiene como uno de sus fundamentos más sólidos el testimonio de Jaime Fernando Ovalle Olaz, ex director del grupo, se ordena además investigar por separado cuáles eran los funcionarios del Gobierno a quienes se les entregaban los informes sobre los resultados de las irregulares procedimientos y quienes “tenían conocimiento de las actuaciones ilegales (...) que se perpetraban en el DAS, con la finalidad de alertar al Gobierno sobre las actuaciones de las ONG”.
Frente a los argumentos de la defensa del ex subdirector y ex asesor del organismo, José Miguel Narváez, en el sentido de que sólo hasta febrero de 2005 se vinculó directamente a la entidad por lo que no fue determinante en la creación (en el año 2003) y labores del G-3, para el ente acusador es claro que sucedió todo lo contrario. “Es evidente que el implicado José Miguel Narváez no era ajeno al G-3, contrariamente fue su gestor, organizador, quien lo direccionaba, escogía los ‘blancos’ y en general dirigía toda la labor que desarrollaba el grupo”. Como si fuera poco, señala la providencia que era una persona cercana al entonces director de la entidad, Jorge Noguera Cotes. La Fiscalía también hizo énfasis en que el G-3 no fue un grupo que actuó de manera aislada en la entidad, ni tampoco respecto del Gobierno Nacional debido a que tenía como finalidad alertarlo sobre los movimientos de los afectados con el fin de “diseñar estrategias para debilitar, e intimidar a quienes ostentaban ideologías y convicciones diferentes”.
En este punto el ente acusador hizo énfasis en que si el objetivo era realizar inteligencia para detectar infiltraciones o vínculos de los miembros de sindicatos u ONG con grupos armados al margen de la ley, como lo argumentaron los defensores de varios de los siete ex funcionarios llamados a juicio, no se explica cómo no fueron judicializados ante la autoridad correspondiente. Tal fue la dimensión de la “cacería de brujas” según la Fiscalía que el periodista Hollman Morris terminó vinculado a las interceptaciones y seguimientos ilegales, porque mantenía contacto permanente con algunas organizaciones que eran sospechosas para el DAS.
Sobre las “chuzadas” propiamente dichas, aunque el ente acusador se abstuvo de mencionar si existen registros sonoros, recordó que en los archivos escritos hallados durante los allanamientos efectuados en el DAS, quedaron en evidencia los resúmenes de las interceptaciones telefónicas como ocurrió en el caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por sólo mencionar un ejemplo. Algo similar ocurrió con los correos electrónicos intervenidos como sucedió con el abogado de esa organización Alirio Uribe Muñoz, de quien se construyó un mapa de contactos y reseñas de comunicaciones de diferentes fechas, o con el propio Hollman Morris.
El capítulo de los seguimientos también mereció una mención especial por parte de la Fiscalía. Como casos relevantes señaló lo ocurrido con el Premio Nobel de Paz de 2003 Shirin Ebadi, el secretario de la ONG Justice for Colombia, Liam Craig Best, y el representante a la Cámara Wilson Borja. El ente acusador sostuvo que en las investigaciones que se continuarán adelantando en el futuro es preponderante determinar a qué se refería el término “inteligencia ofensiva” que fue encontrado en varios informes, como ocurrió en el caso del sacerdote y defensor de Derechos Humanos Javier Giraldo o del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
“Es una venganza de las mafias”
José Miguel Narváez rechazó la acusación de la Fiscalía, sostuvo que desde 2005 advirtió que en el DAS estaban enquistadas las mafias del narcotráfico, que se vendían expedientes, se ordenaban homicidios desde la Dirección de Inteligencia y que jefes paramilitares tenían conocimiento de investigaciones del organismo. Sin embargo, señaló que la Fiscalía jamás les paró bolas a sus denuncias, las cuales soportó con grabaciones y documentos que también le entregó a la Procuraduría. Por eso, dijo que su situación es una venganza del narcotráfico.
Este diario publicó en mayo de 2009 una extensa denuncia de Narváez ante el Ministerio Público en la que detallaba cómo el narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, montó una central de inteligencia paralela en el DAS. Asimismo, que Narváez se enteró de que agentes de inteligencia sustrajeron del despacho de un fiscal antinarcóticos el expediente 777, en el que se investigaban las relaciones entre el capo Wílber Varela, alias ‘Jabón’ y miembros de la Policía. Pero, además, que un ex detective, Carlos Moreno, le contó en detalle cómo la Dirección de Inteligencia vendió información clasificada a los ‘paras’ Miguel Arroyave y Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’.