Psicólogos de presos en la mira

Marjorie Kisner estaba vinculada desde hacía tres años y medio al programa de la Alcaldía de Medellín de atención al pospenado. El presunto homicida no aceptó su responsabilidad en el hecho.

Mary Luz Avendaño/ Especial para El Espectador
10 de diciembre de 2008 - 11:13 p. m.

Ella estaba feliz. Apenas hacía un mes se había graduado de la especialización en psicología clínica, en la Universidad Pontificia Bolivariana. A sus 34 años Marjorie Kisner vivía para ayudar a los demás. A eso se había dedicado los últimos tres años y medio de su vida. A ayudar a quienes salían de la cárcel y requerían atención sicológica para reintegrarse a la sociedad.

“Marjorie terminó psicología hace 10 años en San Buenaventura y pudo hacer ahora la especialización. Su trabajo le encantaba, los muchachos eran su pasión”, dice su hermana Viviana, quien conocía sus secretos, sus angustias y temores.

Sus compañeros de trabajo la recuerdan igual. Apasionada, responsable y comprometida con los pospenados. “Era muy seria, trabajadora, casera, no era insinuante para nada, era una mujer muy de su casa”, aseguró uno de sus compañeros que pidió la reserva de su nombre.

Marjorie vivía con su mamá y sus dos hermanas, era soltera, sin hijos, sin novio. Su único amor era su trabajo con los pospenados. Atendía en el momento a 52 jóvenes. Y como si se tratase de una relación tormentosa, Marjorie se negaba a dejarla porque era su vida, pero sentía temor por su seguridad y pedía que revisaran el programa. “Ella decía que su mayor satisfacción era ayudar a estos muchachos a volver a ser parte de la sociedad. Era feliz cuando le decían: ‘Gracias, por usted pude salir del hueco y encontrar otro camino’. Pero su preocupación eran las condiciones de trabajo. Ni un carné, ni un chaleco que la identificara, nada. Con cartas ella pedía que cambiaran eso. Le daba temor. Este año comenzaron las visitas domiciliarias y le tocaba ir sola, pagar los pasajes, es increíble que esto pase, estaba tratando con delincuentes”, aseguró su hermana Viviana.

El director de la oficina de Paz y Reconciliación, Jorge Gaviria, confirma esta situación. “En el programa tenemos 67 profesionales, es imposible suministrarles transporte. No tenemos esa capacidad. En la visita domiciliaria el transporte corre por cuenta de cada uno. En cuanto al carné cada uno tiene que hacer la gestión. Ellos deciden si ir o no por él”.

Después de la muerte de Marjorie la preocupación ronda a los otros profesionales que a diario tienen que salir a la calle a atender a la población pospenada y desmovilizada.


“La gente está temerosa. Hace un año y medio mataron a un investigador del programa, Carlos Suárez, junto con su esposa. A mí me preocupan los otros psicólogos que están en la calle y la Administración quiere que esto se quede callado. Este es un programa pionero en Colombia, está en construcción pero hay que evaluarlo, por eso lo suspendieron”, aseguró uno de los profesionales de Paz y Reconciliación.

Marjorie llevaba dos años atendiendo a quien presuntamente se convirtió en su agresor. Desde que él se encontraba en la cárcel comenzó el trabajo de atención sicológica. El pasado dos de diciembre, la joven psicóloga salió a atenderlo en visita domiciliaria en el barrio Villa Hermosa. Nunca regresó de la cita. Tres días después fue hallada con señales de tortura.

“Es increíble que no cuenten con protocolos de seguridad. Ella tenía una reunión a las dos de la tarde en la oficina y no llegó, a nadie le pareció raro, no activaron alertas, nada. Por la noche nadie sabía nada. Tuve que esperar hasta el otro día para que me dijeran a qué paciente atendió y en dónde”, aseguró su hermana.

Las autoridades iniciaron las investigaciones y lograron la captura del presunto homicida. “La Policía le montó vigilancia a esa persona. Cuando aparece el cadáver se logra, gracias a un trabajo técnico y testimonial, vincular a esta persona. Tuvimos incluso que prestarle protección mientras la Fiscalía ordenaba su captura, ya que otros jóvenes beneficiarios del programa y pacientes de Marjorie lo iban a linchar”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana, general Dagoberto García.

El capturado no aceptó los cargos, tiene antecedentes por porte ilegal de armas en dos ocasiones, porte y tráfico de estupefacientes y acceso carnal violento.

Marjorie no tenía amenazas, nunca manifestó problemas con sus pacientes, sólo la preocupación por las condiciones de seguridad en las que trabajaba.

Por esa razón ahora su familia sólo espera que la Alcaldía haga una reparación moral y reconozca públicamente que hubo fallas en los protocolos de seguridad para Marjorie.

Por Mary Luz Avendaño/ Especial para El Espectador

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