La expectativa sobre quiénes serán los que paguen la continuidad del impuesto al patrimonio, a partir de 2011, comenzó a despejarse. El jueves Néstor Díaz, director de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) manifestó que 9 mil personas en el país tienen un patrimonio líquido superior a $2 mil millones, las cuales podrían ser sujetos de la extensión del gravamen.
El Gobierno ha planteando que se mantenga el impuesto para recaudar cerca de US$1 billón al año, destinados a mantener la Seguridad Democrática. Díaz agregó que es partidario de reducir la tarifa del 1,2% y de que el gravamen sea temporal. Una propuesta se presentará al Congreso el 20 de julio.
De otro lado, el director de la DIAN manifestó que durante el primer semestre del año el recaudo tributario podría haber llegado a $34,37 billones (datos provisionales), que supera en $200 mil millones la meta propuesta, con un crecimiento de la economía entre 0,5 y 1,5%.
Las revelaciones fueron hechas durante el lanzamiento de una campaña que busca que los ciudadanos exijan la factura en sus compras para reducir la evasión del IVA, que según cálculos de la DIAN llega a $4 billones al año. El objetivo para lo que resta de 2009 es que la entidad de impuestos recuperere el 25%, de los pagos que no realizan los 412 mil establecimientos obligados a realizar el recaudo y traspasarlo a la autoridad tributaria.
Por ello, los más de ocho mil funcionarios de la DIAN salieron ayer a las calles de 52 ciudades en una jornada pedagógica.
Otra novedad es que para reducir la evasión se instalarán chips inteligentes en las cajas registradoras de los establecimientos de comercio para que allí queden registradas las operaciones y de esta manera se reduzca la posibilidad de realizar algún fraude a través de herramientas tecnológicas.
Las sanciones para quienes continúen con prácticas de evasión y fraude en el recaudo y traslado del IVA comenzaron con el cierre del establecimiento por tres días, y se ampliarán de acuerdo con la gravedad de la irregularidad que se cometa. Pero Díaz manifestó que no se trata de volver a sacar los dóberman, como lo hizo la ex directora de la DIAN Fanny Kertzman, sino de que los colombianos entiendan cuáles son los beneficios de exigir la factura: recursos para el Estado y que la gente pueda reclamar si tiene inconvenientes.