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Se calcula que las acciones de los fondos islámicos rondan los 300.000 millones de dólares. 

En los días más oscuros de la Guerra Fría, cuando EE.UU. y la Unión Soviética se disputaban el control de Oriente Medio, los países árabes estaban molestos. A pesar de tener las más grandes reservas de petróleo en el mundo, las leyes de la oferta y la demanda, según ellos, hacían que el dinero en sus manos se esfumara de la noche a la mañana. Una advertencia de ese descontento fue publicada en 1973 por el diario The New York Times: “Por supuesto que los precios se elevarán. Ustedes compran nuestro crudo y nos lo venden, refinado como petroquímicos, cien veces más que el precio que nos han pagado... Es apenas justo que de ahora en adelante paguen más por el petróleo. Digamos, diez veces más”, había dicho el Shah de Irán, paradójicamente el árabe más cercano a Washington en la época.

Esa advertencia se hizo realidad con una decisión política. En los días de la Guerra del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacaron Israel para obligarlo a devolver los terrenos que éste había invadido años atrás, la Casa Blanca aprobó un paquete de ayuda por US$2,2 millones con destino a Jerusalén. Los países árabes, indignados, decidieron que era hora de ajustar cuentas: redujeron la producción, aumentaron en 70% el precio de cada barril y embargaron los envíos del precioso combustible a EE.UU.

Un año después, cuando en Occidente las bolsas de valores sólo registraban pérdidas enormes que contrastaban con las abultadas sumas de dinero en las arcas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el mundo árabe acordó una nueva táctica, una que demoraría años en dar resultados: aplicar los principios del islam a la banca y las finanzas.

Fue en 1975 cuando abrió sus puertas el Banco Islámico de Desarrollo, una institución impulsada por los ministerios de Economía de nueve países musulmanes (Arabia Saudita, Sudán, Kuwait, Libia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Indonesia y Pakistán), cuya misión principal sería la de financiar proyectos que garantizaran el progreso social y económico de sus miembros. Pero al mismo tiempo desarrollaría un concepto surgido en los años 40: la economía podría ir de la mano con los preceptos de la sharia (ley islámica), que, por ejemplo, prohíbe cobrar intereses cuando se presta un dinero.

“La usura es considerada uno de los pecados capitales del islam”, explica Ahmed Dasuki, imam (líder espiritual) de la comunidad musulmana en Medellín, y agrega: “Ocurre que la persona paga una contribución voluntaria por el dinero de la ganancia que obtuvo en un negocio y según el monto. Se devuelve el capital solamente, que es sagrado”. Ante la imposibilidad de cobrar intereses, los bancos islámicos a menudo pactan un sistema de obsequios a sus clientes.

Por otra parte, la sharia prohíbe operaciones de alto riesgo, como la especulación de productos de dudosa procedencia, la misma que en Occidente llevó el año pasado a la quiebra a importantes bancos, al cierre de fábricas y a una recesión generalizada. Y esto se da porque las finanzas islámicas promueven que los beneficios y las pérdidas deben ser compartidos.

Un ejemplo se da en Malasia, donde el cliente y la entidad bancaria formalizan una sociedad para comprar un bien, que es alquilado al primero hasta pagar la deuda. Esta unión sólo se deshace al realizarse el último pago; si en el plazo fijado el comprador no puede garantizar sus cuotas, la sociedad se extingue, el bien se vende y la ganancia es repartida de acuerdo con el porcentaje de participación previamente acordado.

Si bien las entidades financieras islámicas no cuentan con los abultados balances de sus colegas occidentales, sí garantizan reservas sólidas e inversiones seguras. Hoy opera en 70 países, y según cálculos de expertos financieros, en 2008 tuvo una participación del 4% en el mercado mundial de capitales, lo que equivaldría a transacciones por cerca de US$700.000 millones.