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Entre las personas financiadas por Monómeros estaría la senadora Piedad Córdoba, a quien se le giraron gruesas sumas de dinero, desde el año pasado, para financiar sus actividades políticas y sus viajes en busca del acuerdo humanitario.
Concretamente, los funcionarios colombianos que renunciaron fueron el Gerente General de Monómeros, Héctor Rodelo, y el Gerente Corporativo Financiero, Gian Piero Celia. Estos funcionarios, siguiendo instrucciones, habrían tenido que girar dineros a favor de la senadora. Así mismo, los enviados bolivarianos del gobierno de Venezuela habrían presionado a los funcionarios para que la empresa financiara a otras personas y entidades que servirían como punta de lanza del movimiento bolivariano en Colombia.
Debido a estas presiones renunciaron los directivos colombianos, quienes fueron reemplazados, en la presidencia de la Junta Directiva, por un connotado dirigente chavista, el señor Francisco Toro, que es la persona encargada de desarrollar los proyectos de la revolución petroquímica bolivariana en Latinoamerica, concretamente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Nicaragua. Toro es también uno de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, y participa como representante de su gobierno en reuniones bolivarianas por todo el continente.
Como gerente general fue nombrado recientemente un ex integrante del cuerpo de seguridad del presidente Chávez, el señor Germán Paredes, quien al parecer tiene más experiencia con asuntos de defensa personal que como empresario. Una fuente consultada aseguró que Paredes no tiene ningún título que lo acredite como administrador, pero es un funcionario obediente a las indicaciones político-financieras de su país.
En días pasados se habló también de que la empresa Monómeros colombo-venezolanos intentó comprar, con asesoría de la senadora Córdoba, una universidad colombiana, la Universidad Autónoma de Colombia, pero al parecer estas negociaciones se truncaron por la intervención directa del gobierno colombiano.
En vista de que el gobierno venezolano no establece controles estrictos sobre los movimientos de dinero para donaciones que hacen sus empresas establecidas más allá de las fronteras, estos gastos políticos en el extranjero, con recursos públicos, no son vigilados ni fiscalizados en el vecino país.