El 1° de julio de 2005, el entonces procurador general Edgardo Maya, en su concepto sobre el acto legislativo de la reelección inmediata, dijo que dentro del juego democrático, esa figura violaba el principio de la igualdad, fuere quien fuere el Presidente en ejercicio. Hoy, cuando se abre la puerta a la posibilidad de una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe vía referendo, Maya anuncia su intervención ante la Corte Constitucional –esta vez a través de su recién creada ONG ‘Instituto de Estudios para la Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y el Desarrollo Social’–, con el argumento de que el trámite de la ley para convocar dicho referendo tuvo un cúmulo de vicios tanto de forma como en el fondo.
¿Qué vicios tuvo el referendo?
Muchos, desde la financiación, con participaron de contratistas del Estado y dudas en la recolección de las firmas, hasta la sesión de Comisión Primera de la Cámara, donde quedó negada la aprobación del texto del referendo que salió esta semana, con reelección en 2010. Son vicios demasiado protuberantes que nos llevan a la conclusión de que el Congreso introdujo reformas sustanciales que no podían realizar.
¿No había dicho usted que el Congreso no podía ser un convidado de piedra en el trámite?
No es que el texto sea intocable, lo que pasa es que la voluntad popular plasmada en el texto original no podía ser modificada sustancialmente. Decir 2014 es firmar por una reelección no inmediata y aprobar 2010 es imponer una reelección inmediata, a pesar de la advertencia que hizo la Corte Constitucional en su sentencia de octubre de 2005, en el sentido de que la reelección presidencial debía ser por una sola vez. Desconocerlo es sustituir la Constitución y la Corte hace apenas una semana ya dejó claro un precedente al declarar la inexequibilidad del acto legislativo 01 de 2008 sobre la carrera administrativa.
Pero es claro que la gente firmó fue para la reelección en 2010...
La situación era muy fácil: aprobar el texto como estaba y que la Corte interpretara. Pero no, lo que se hizo fue modificarlo sustancialmente cambiando lo de haber ejercido el cargo por haber sido elegido para el cargo. Un cambio sustancial, insisto, además de otros incontables vicios en el trámite, como por ejemplo el desconocimiento de que el voto tenía que ser público y nominal y el martes pasado, lo que vio el país es que ni fue público ni fue nominal. Nadie sabe quién voto a favor, quien en contra y quiénes dejaron de votar.
De alguna manera, es una tesis similar a la que usted esgrimió siendo Procurador frente al referendo de 2003, cuando el Congreso le introdujo varias modificaciones que luego se cayeron en la Corte...
Exactamente. Ya existe un antecedente en esta materia, hoy de mayor trascendencia porque la voluntad popular es más intocable que cuando la iniciativa es del Ejecutivo, como ocurrió en 2003. En esa ocasión, se cayeron en la Corte Constitucional todas las preguntas que indebidamente agregó o cambió el Congreso.
¿Pero usted no cree que de todos modos la gente firmó por reelección en 2010?
Esa forma de interpretar la voluntad popular hay que dejársela a los jueces. Eso sí, de entrada hay una gran diferencia entre reelección posterior y reelección inmediata y más por segunda vez.
¿La Corte puede decidir de fondo o tiene que limitarse a revisar la forma?
Las intervenciones de los ciudadanos, o por lo menos la nuestra, tiene que ver con ambos vicios, de forma y de fondo.
¿Puede considerarse que el referendo, siendo para ampliar el mandato de un gobernante, se convierte en una reforma plebiscitaria?
Creo que el debate ya no se va a dar en ese campo sino alrededor del trámite desde la recolección de firmas hasta la aprobación. Pero aquí hay otros temas muy complejos, como la votación que hicieron 85 parlamentarios que estaban impedidos para hacerlo.
Otro tema de discusión es el certificado de la Registraduría ¿Se necesitaba realmente?
Es un requisito y desconocerlo hace parte de los vicios de forma en el trámite. Ya está el antecedente en el caso de la convocatoria de la cadena perpetua para los violadores de menores de edad.
¿Cuál trámite reeleccionista tuvo más vicios, el de 2004 ó este?
El de ahora es campeón. Antes de dejar la Procuraduría yo advertí los vicios que había en ese momento, y desde entonces se fueron sumando muchos más. Por eso no nos queda otra alternativa que acudir a la Corte Constitucional para que proteja a la sociedad de esa filosofía absurda del llamado Estado de opinión, que no es otra cosa que una forma de establecer a través de la opinión pública mecanismos de presión para los jueces.
Más allá del tema jurídico ¿qué significa para el país una nueva reelección del presidente Uribe?
Rompe totalmente la institucionalidad. La Constitución del 91 se estructuró bajo el esquema de la no reelección presidencial, ni inmediata ni posterior. Y se hizo para preservar el principio democrático universal de los pesos y contrapesos. Lo que acaba de hacerse en el Congreso es torcerle el cuello a la Constitución y a la ley. Lo que debería hacerse, si este es el propósito, es promover una reforma constitucional integral, y no proponer el cambio de un articulito, como se dijo en el pasado, para llevar al país a una situación muy peligrosa, la de la acumulación excesiva de poder en manos del jefe del Estado. El Banco de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Televisión, hasta sectores privados como la Federación Nacional de Cafeteros, todo está quedando controlado por el gobierno Uribe.
¿Con la aprobación del referendo, se le está dando un golpe de gracia a la Constitución del 91?
La destroza totalmente.
¿Y por qué cree que Uribe está tan empeñado en seguir?
Yo no planteo el debate en términos de uribismo o antiuribismo. Mis argumentos son de preservación de la estructura del Estado, de la arquitectura constitucional que debemos defender, de defensa de una cultura ideológica y política que fue trazada en 1991, que representa un buen sendero para el país en el contexto latinoamericano.
¿Vamos hacia una dictadura, como sugiere el ex presidente César Gaviria?
No se trata de una dictadura porque afortunadamente ese barco lo abandonamos hace más 50 años, con Rojas Pinilla. Lo que pasa es que la modalidad de los golpes de Estado para tomarse el poder por vías de hecho, ahora se hace de una forma más inteligente y sofisticada: a través de reformas constitucionales, utilizando a las mayorías políticas y de opinión hasta llevarse al traste a las instituciones. Y existe un principio universal que demuestra que el sometimiento a las mayorías no es tan democrático, pues muchas veces no tienen la razón.
Todos quedamos a la expectativa de la Corte Constitucional ¿podríamos esperar algo también de la Corte Suprema de Justicia?
No creo conveniente mezclar la competencia penal de la Corte Suprema de Justicia con el examen constitucional. Aquí lo que cabe es la defensa del Estado de Derecho y quien lo decide es la Corte Constitucional.
¿Si la Corte le da la bendición al referendo, cabe alguna otra opción para impedirlo?
No, lo que vendría sería aceptar la voluntad popular. Aunque me parece que ya se está promoviendo otra argucia para desconocerla, y es el intento de reducir el censo electoral. Hoy la exigencia es de 7.3 millones de votos, y cambiarlo sería vulnerar las reglas de juego preestablecidas para forzar un resultado. Y sería todavía más grave de lo que ya ha sucedido.
¿Qué va pasar con la Ley de Garantías, que dice que el Presidente debe anunciar su candidatura antes del 30 de noviembre?
La Ley de Garantías no tiene ninguna fortaleza y ya lo comprobamos la vez pasada. Todos vimos al Presidente en tarima, acompañado de ministros, gobernadores o alcaldes, administrando y en plena campaña política.
Pero si es la norma para la igualdad en al debate electoral...
No lo afecta para nada porque esa Ley no tiene ningún poder.
¿Qué piensa de la tesis del Estado de opinión?
Es una amenaza al Estado de derecho. Nadie sabe qué es eso, ni definirlo, ni digerirlo. Que las instituciones del Estado vayan al ritmo de lo que va diciendo una mayoría, que muchas veces es manejada mediante mecanismos como Familias en Acción o la protección a las grandes industrias, es un tema tan incomprensible como preocupante. En cambio, es evidente la concentración de poder y la desigualdad frente a los demás ciudadanos que aspiran a ejercer la jefatura del Estado.
¿Ve a Uribe como ex presidente?
Esa es la esperanza que tenemos los colombianos.
Usted vivió como Procurador los orígenes de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema ¿cómo la ve hoy como ciudadano?
La Corte Suprema está siendo sometida a una cantidad de presiones y vejámenes que afectan la institucionalidad y la legitimidad. La forma como ha sido atacada es de suma gravedad porque representa uno de los pilares del Estado de Derecho.
Dicen los uribistas que una nueva reelección es necesaria para impedir que se frene la seguridad democrática...
La obligación de todo gobernante es proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Seguramente no se hizo en el pasado por indecisiones políticas, pero la seguridad es un deber de cualquier gobernante.
¿Por eso se necesitan bases militares colombianas con personal norteamericano?
En ese tema rendimos un concepto en 2005, que ratifico hoy, en el sentido de que debe existir un concepto del Consejo de Estado, así el acuerdo se llame tratado o convenio. Se requiere participación del Congreso o concepto del Consejo de Estado. Si no se hace así, lo demandaremos ante la Corte Constitucional. El Gobierno tiene las mayorías en el Congreso y los conceptos del Consejo de Estado no lo obligan, ¿por qué entonces no debatirlo en el país si incluye temas tan delicados como la inmunidad de quienes van a apoyar esas bases?
De todas maneras, al menos en el vecindario, se ve a Colombia cada vez más aislada...
Sobre todo en sus relaciones con Venezuela y Ecuador. Los departamentos fronterizos sufren mucho y hay empresarios que ya afrontan calamidades domésticas. Hay que persistir en el trabajo diplomático.
¿Y usted cree que tenemos canciller para desarrollar esas labores?
Tenemos que volver a la cancillería de especialistas en derecho internacional y relaciones diplomáticas.
Un representante del Polo recusó al Presidente alegando que tiene conflictos de intereses para firmar la ley del referendo...
La vez pasada también tenía interés en su reelección, pero yo no creo que se den las causales para esa recusación.
¿Quién es el gallo para enfrentar a Uribe en las urnas?
Existe un abanico de personas muy capaces de los distintos partidos, con excelentes condiciones para ejercer la Presidencia de la República. Es muy triste creer que entre 44 millones de habitantes nadie distinto a Uribe pueda ejercer la Presidencia.
¿Qué pasó con sus aspiraciones políticas?
He preferido organizar una fundación, pero no soy ajeno a las circunstancias del país. Soy miembro del Partido Liberal y estoy a disposición de la colectividad. Por eso voy a respaldar a quien gane la consulta.
Hay un tema que tiene desbarajustada la justicia y es la elección del Fiscal ¿qué piensa?
A pesar de que veo al doctor Guillermo Mendoza como un fiscal de largo aliento por las circunstancias actuales, creo que la Corte tiene el deber de elegir o de devolver la terna si no le satisface.
¿Y usted que preferiría?
La Fiscalía, más que juristas necesita gerentes. Hay 10.000 penalistas que conocen de derecho penal en las seccionales, en las delegadas, en las asesorías, pero lo que se necesita es una institución que maneje adecuadamente a 18.000 funcionarios.
¿Y qué hacer con el DAS?
Va a terminar desapareciendo por sustracción de materia y por falta de credibilidad. Yo creo que debía ser extinguido y montar otro órgano que apoye a la Presidencia de la República. El mal ejemplo cunde y lo que estamos sufriendo en el país son las consecuencias del mal ejemplo.
Edgardo Maya y la primera reelección
En la primera reelección, el entonces procurador Edgardo Maya emitió un concepto desfavorable. Según su ponencia, existieron fallas de procedimiento en el Congreso, concretamente en el séptimo de los ocho debates realizados para tramitar el acto legislativo, cuando se efectuó la votación sin el correspondiente debate. En esa ocasión, miembros del Partido Liberal y del Polo Democrático reclamaron falta de garantías para la discusión. Asimismo, Maya argumentó que en otras ocasiones no se completó el quórum necesario para realizar las votaciones. Sin embargo, en su concepto aclaró que el Congreso sí estaba facultado para reformar el artículo 197 de la Constitución, que prohibía la reelección presidencial inmediata.