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El 10 de diciembre de 1948, en medio de las dramáticas escenas de dolor que había dejado la recién finalizada Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal común que deben perseguir todos los pueblos del mundo.
Sobra decir que esta carta de derechos fundamentales representa el hito más trascendental de la humanidad en medio de la globalización. Y que su discusión y aprobación, que duró cerca de dos años, debió superar obstáculos tan colosales como la emergente Guerra Fría y las guerras de descolonización en que se encontraban envueltos sus participantes, que terminaron, para mayor mérito histórico, aprobándola por consenso y plasmando en ella una verdadera conciliación ideológica y política.
Desde entonces, se configuraron dos consecuencias políticas; por un lado, se otorgó a todas las personas del mundo la garantía de protección de sus derechos humanos, sin importar raza, condición social, creencia religiosa, posición política o condición sexual; y por otro, se responsabilizó a los diferentes Estados por la protección, promoción y respeto de la dignidad humana y sus derechos fundamentales, momento desde el cual se reconfiguró la democracia, más allá del voto, como el sistema que respeta y promueve dichos derechos y garantías.
Por este motivo, desde 1950 la ONU convoca a todos los países a la celebración de la promulgación de esta Declaración Universal, que para 2010 tiene a la no discriminación como tema central de reflexión y de revisión de avances y retrocesos en los diferentes países.
En Colombia, a pesar del progreso registrado por la disminución de los delitos de homicidio y secuestro en los últimos años, el panorama sigue siendo preocupante y ha tendido a acentuarse en otras vulneraciones a los derechos humanos, a ensañarse contra grupos poblacionales específicos y a involucrar en mayor índice a miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado como violadores de la Declaración.
Por ejemplo, en la última década, en el tema de la desaparición forzada, la Unidad de Justicia y Paz tiene en su haber judicial más de 210.000 denuncias; la Fiscalía habla de más de 50.000 desaparecidos y el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario señala que entre 2002 y 2006 fueron asesinadas o desaparecidas 11.084 personas por causas socio-políticas.
En el tema de la tortura, entre julio de 2003 y junio de 2008 se presentaron 899 víctimas, según la Coalición Colombiana contra la Tortura, siendo la Fuerza Pública la principal responsable en un 92,6% de los casos. En materia de desplazamiento forzado, pese a mostrar resultados de la presencia del Ejército y la Policía en la gran mayoría de municipios del país (98%), no se ha podido contener la incidencia del despojo violento, que según el Centro de Información para el Desplazamiento Forzado, pasa de los 4,3 millones de afectados.
Caso aparte merecen los pueblos indígenas, que entre 2002 y 2009 han sufrido del asesinato de más de 1.200 integrantes, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 633 detenciones arbitrarias, más de 5.000 amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales, según reportes y pronunciamientos oficiales como el de la Corte Constitucional, que declaró en peligro de extinción a 32 de los 102 pueblos aborígenes.
Y ni hablar de los derechos económicos, sociales y culturales en un país sin derecho al trabajo, con 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes, sin vivienda social digna, con el mayor índice de desempleo de Latinoamérica, pero con las mayores exenciones tributarias y subsidios a los grandes empresarios, que hacen de la iniquidad el principal obstáculo para el desarrollo de los derechos humanos y el fin del conflicto.
*Investigador Corporación Viva la ciudadanía.