Con el fin de hacerle frente al paro que desde hace 37 días llevan a cabo los empleados del sector judicial en todo el país, el Gobierno nacional decretó el estado de conmoción interior durante 90 días y, al amparo de ella, estableció las primeras medidas tendientes a restablecer la normalidad del servicio en los juzgados, otorgándole facultades extraordinarias al Consejo Superior de la Judicatura que le permitan crear, suprimir, trasladar y posesionar a nuevos funcionarios que garanticen la prestación del servicio público de la justicia.
Dentro de esas decisiones iniciales se les otorgan atribuciones de competencia a los notarios para todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción, y se otorgan también facultades a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para suspender a aquellos funcionarios del sector que de manera injustificada se abstengan de prestar el servicio.
Asimismo, se modificará el Código de Procedimiento Civil de tal manera que se puedan conjurar los efectos originados por el paro, principalmente lo que tiene que ver con la congestión de los despachos judiciales. El Gobierno anunció, por otra parte, que hará las modificaciones presupuestales necesarias para atender todas las medidas adoptadas dentro de la declaratoria de la conmoción interior.
Al hacer el anuncio sobre la decisión adoptada, en la noche del jueves en la Casa de Nariño, el presidente Álvaro Uribe señaló que el país afronta una grave perturbación del orden público y social, porque la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. “Como consecuencia del cese de actividades de la rama judicial, han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros, según informe de la Policía Nacional”, dijo.
En este sentido, reveló que el Fiscal General le había informado sobre la “inminente salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros graves delitos, entre ellos el señalado narcotraficante conocido como Miky Ramírez y los asesinos de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria.
“En diferentes casos que se tramitan bajo el sistema acusatorio, continúan corriendo los términos, sin que el fiscal pueda formular la correspondiente acusación, abriendo la posibilidad de que estos procesos queden en la impunidad. Además, la Fiscalía General informó que no puede continuar la investigación de numerosos delitos, lo que podría dejar en libertad, entre otros, a los autores del secuestro y posterior homicidio del niño Luis Santiago, ocurrido en Chía”, agregó el Primer Mandatario.
El Presidente manifestó además que durante los 37 días de paro, la administración de justicia ha dejado de fallar más de 120.751 procesos, así como 36.986 decisiones de tutela. Igualmente se han dejado de realizar 25.284 audiencias, incluidas 15.983 de control de garantías. “La situación descrita pone en evidente peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, cuyos hechos son expresión inequívoca de desestabilización y atentan de manera inminente contra el normal funcionamiento de las instituciones legítimamente constituidas, el orden publico, el acceso normal a la justicia por parte de los ciudadanos y todos los sectores de la sociedad”, enfatizó.
El Jefe de Estado también advirtió que el Gobierno buscará ante el Congreso de la República que algunas de las medidas adoptadas dentro del estado de conmoción interior se conviertan en leyes permanentes, al tiempo que buscará desarrollar la Ley de Administración de Justicia con el fin de proveer mejores recursos al sector judicial y así poder cumplir una de las metas trazadas por su administración: que en 2010 la justicia colombiana esté el día.
Por último, el Primer Mandatario dijo que mantendrá el ánimo de diálogo con Asonal-Judicial, insistiendo en que el Gobierno no es irresponsable para, a cualquier costo, arreglar un paro y conceder unos beneficios salariales que no se podrán cumplir en el futuro y que afectarán el fisco de manera grave en un momento de crisis de la economía mundial, pero subrayó que tampoco ha sido indolente. Según Uribe, en 2004, 2005 y 2006 se dictaron decretos con el fin de resolver las aspiraciones salariales de los empleados judiciales, los cuales, año tras año, cuestan $311 mil millones del presupuesto nacional.
El decreto de conmoción interior expedido ayer por el Gobierno deberá pasar por el estudio de la Corte Constitucional, organismo que decidirá si es acorde con la Carta Política. De todas maneras, el presidente Uribe reveló que la decisión fue consultada con el Fiscal, el Procurador, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.