El desaliento de las víctimas

Si en cinco años de avances y retrocesos en el accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensa, las víctimas de la violencia paramilitar no obtuvieron del Estado ni verdad ni justicia ni completa reparación, ahora que los principales jefes del paramilitarismo quedaron por cuenta de la justicia norteamericana, más remota quedó la posibilidad de que la confesión, el perdón y el arrepentimiento subsanen las heridas causadas por una expresión de guerra que nunca se desmovilizó por completo.

Las víctimas y sus voceros lo saben y por eso hoy advierten que vuelve a quedar en sus manos la obligación de recobrar la verdad, de reclamar justicia en los organismos internacionales de derechos humanos y de aguardar que al menos la Comisión Nacional de Reparación y la Alta Consejería para la Reintegración permitan que los bienes que alcanzaron a entregar los jefes paramilitares extraditados o los que sean incautados en el inmediato futuro, sean entregados a quienes les pertenecen por derecho propio, es decir, a las víctimas del despojo paramilitar.

Lo demás son elasticidades jurídicas para tratar de argumentar que la Ley de Justicia y Paz puede operar igual con sus beneficiarios en Colombia o E.U. O que el Estado colombiano podrá conminar a la independiente justicia norteamericana a que exija verdades que ya de por sí eran incómodas en Colombia. En palabras de Indepaz, “fracasó la Ley 975 de 2005”, o como lo afirmaron otros voceros de las víctimas, el proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas ha quedado finiquitado. Ahora priman otros intereses para los extraditados.

Y en esa perspectiva los ejemplos abundan. Para nadie es un secreto que narcotraficantes de la talla de Víctor Patiño Fómeque, Hernando Gómez Bustamante, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, Eugenio Montoya o Fabio Ochoa Vásquez, para sólo citar a algunos de los cientos de extraditados a Estados Unidos, además de amasar enormes fortunas con el tráfico de estupefacientes, dejaron centenares de víctimas que nunca fueron reparadas. Por el contrario, entregaron sus bienes en E.U., saldaron sus cuentas del narcotráfico y se llevaron consigo los secretos de su paso por la guerra en Colombia.

El mismo camino que terminarán recorriendo los narcotraficantes Diego León Montoya o Miguel Ángel Mejía Múnera, hoy en el pabellón de los extraditables. Cero verdades en Colombia, la opción de la justicia sustituida por las cortes federales en Estados Unidos interesadas únicamente en asuntos de agresión a su país por narcotráfico y, a cambio de la reparación a sus múltiples víctimas, la opción del Estado para aplicar una ley de extinción de dominio que libra desiguales batallas para tratar de quedarse con los millonarios bienes y recursos que muchos herederos de la mafia se resisten a perder.

Es tal la evidencia de que las víctimas volvieron a perder con la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, que hasta la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, de origen gubernamental, en una carta enviada al embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, señaló que el hecho “ha generado un hondo desconicerto entre las víctimas y asociaciones de víctimas”. Como único consuelo, la CNRR confía en que el Departamento de Justicia de E.U. y la Fiscalía de Colombia, en sus convenios de cooperación, tengan en cuenta a las víctimas. Entretanto, ofrece una veeduría para que así se haga.

En conclusión, como ayer y hoy con las víctimas de la guerrilla, vuelve y juega con las víctimas de los paramilitares. Sin verdad histórica, sin justicia real y sin reparación económica y social, las víctimas seguirán engrosando los listados de miles de colombianos sacrificados en una inútil confrontación que ya pasó de medio siglo. Y al lado de los atropellos de la guerrilla, del paramilitarismo o del narcotráfico, una enorme impunidad que también forma parte de la historia contemporánea de Colombia.

Una señal para Nancy Pelosi

La Casa Blanca expresó su esperanza de que la extradición de jefes paramilitares motive al Congreso a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. “Uno ciertamente podría esperar que esto persuada al Congreso... los líderes demócratas en el Congreso, en particular a la presidenta (de la cámara baja Nancy) Pelosi. Que ella vea esto como otra señal”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.

En Bogotá, el embajador de este país, William Brownfield, afirmó que su gobierno busca lo mismo que las víctimas: máxima justicia y reparación. Y afirmó que éstas podrán interponer demandas civiles contra los victimarios en las cortes de E.U., aunque “deberán asumir los costos hasta llegar a la decisión final en la Corte”.

Una ley controvertida

El 22 de julio de 2005 el presidente Álvaro Uribe Vélez sancionó la ley de justicia y paz que tenía como fin darle un marco jurídico al proceso de desmovilización de las AUC. Sin embargo, la Corte Constitucional condicionó, en fallo emitido el 18 de mayo de 2006, la constitucionalidad de varios de sus apartes, al tiempo que declaró inexequibles otros. Por ejemplo, aclaró que el lugar donde fueran recluidos debía cumplir las condiciones del régimen penitenciario y no podrían tener lujos, ni beneficios de visitas. Asimismo, determinó que quienes se acogieran a la ley debían cumplir con la confesión total de los delitos, la reparación de éstos y no volver a delinquir. Esto con el fin de dejar claro que la confesión plena era un requisito y que los delitos que se demostraran posteriores a la desmovilización tendrían repercusiones en el proceso. Los puntos de la norma que más controversia han causado son: la concesión de penas entre 5 y 8 años, y la posibilidad de cumplir la pena en lugares como granjas agrícolas.