Fracasó sin duda el Gobierno con su famosa Ley de Justicia y Paz, y se perdieron el tiempo y los recursos invertidos en unos trámites judiciales y administrativos jamás culminados; los delincuentes siguieron delinquiendo y las víctimas quedaron defraudadas.
Es lamentable el sustento jurídico del Gobierno, invocado para proceder a la extradición de los jefes paramilitares, y contradice la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia.
Resulta cuando menos deprimente que en el documento oficial se busque dar ‘contentillo’ a las víctimas diciendo que las autoridades norteamericanas “deberán procurar, a través de los mecanismos que la cooperación judicial internacional consagra, que los bienes de los ciudadanos extraditados (…) sean destinados a la reparación de las víctimas en Colombia”. Los norteamericanos no están obligados a ello y nada van a hacer.
Peor todavía que, con desparpajo, el Gobierno supedite la reparación a que exista “el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de continuar colaborando con las autoridades judiciales colombianas confesando hechos delictivos y dando bienes…”.
La Constitución Política, por el contrario, aun para el caso de la amnistía y de indulto, estatuye sin rodeos —para delitos políticos; con mayor razón ello es aplicable a delitos comunes y a crímenes de lesa humanidad— que “en ningún caso podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares”.
Aquí no hubo nada de lo que se prometía: ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y habría que preguntar si no tendrían algo qué decir sobre este doloroso episodio de nuestra justicia —en el que gastamos años y energías, inútilmente— los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos.
*Ex magistrado de la Corte Constitucional.