Como en los tiempos del proceso 8.000, vuelve y juega el argumento predilecto de altos funcionarios del Estado cuando se conocen graves hechos que afectan sus instituciones: “Todo fue a mis espaldas”. En esta ocasión está documentado que el coordinador de asuntos de inteligencia política y social del DAS, Jaime Fernando Ovalle Díaz, envío un memorando a todos los directores seccionales pidiéndoles información de las relaciones de los líderes del Polo Democrático Alternativo con organizaciones al margen de la ley. La directora del organismo, María del Pilar Hurtado, se limitó a decir que fue un acto individual de un funcionario ya despedido.

No obstante, el episodio tiene hoy con los nervios de punta a los grupos de oposición política porque, más allá de las responsabilidades de la directora del DAS o de la Casa de Nariño, los términos mismos de los memorandos dejan entrever el interés del máximo organismo de inteligencia del país de situar al principal partido de oposición del Gobierno como una organización proclive a grupos al margen de la ley. De hecho, en una de tales cartas se pide información para tratar de establecer “vínculos entre el Congreso nacional del PDA con organizaciones terroristas” y se habla de eventuales proyecciones estratégicas para desestabilizar al Gobierno.

En cuanto al memorando específico en el que se pide a todos los directores seccionales del DAS información sobre las actividades del senador Gustavo Petro Urrego, más allá de quien dio la orden o si el Gobierno tuvo que ver con ella, los términos del documento, según los entendidos, son de por sí muy graves. No sólo se pide información privilegiada de vínculos o nexos del senador Petro con organizaciones al margen de la ley, sino reportes de contactos con personas que se presten como testigos para declarar contra el Gobierno. Palabras más, palabras menos, inteligencia del Estado para detectar a eventuales testigos de la parapolítica o escándalos similares.

Por eso, el miércoles en el Congreso, bien fueran opositores o defensores del Gobierno, nadie dudó en calificar el hecho como grave para la democracia. Por ejemplo, el senador Samuel Arrieta, del partido Convergencia Ciudadana —integrante de la coalición uribista—, aunque recordó la manida frase del pasado manifestando que estaba seguro de que lo sucedido se hizo “a espaldas” del Presidente, sí calificó el hecho como gravísimo. Acto seguido recogió el mismo argumento para advertir que, en cambio, “la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, no puede señalar que a sus espaldas un funcionario de su confianza mande a investigar a un congresista de la oposición”.

De igual modo, el senador Armando Benedetti, también integrante de la alianza uribista, manifestó que más que la renuncia de la directora del DAS lo que se debe es investigar lo sucedido. El miércoles, ni la Fiscalía ni la Procuraduría habían emitido comentario alguno sobre el asunto. En cuanto al DAS, se informó que ya se adelanta una investigación interna y que el funcionario que expidió el memorando ya fue destituido, aunque sigue en la institución hasta que las averiguaciones concluyan. Se trata de un investigador con 15 años de trayectoria en la entidad, quien supuestamente expidió el memorando a nombre propio. Ni siquiera su jefe inmediato lo sabía.

En su defensa, la directora del DAS expresó que en el organismo existe una directiva que determina los protocolos para recolectar información y que ésta no se cumplió. María del Pilar Hurtado hizo referencia a la directiva expedida el 29 de enero de 2007, según la cual toda información en la institución debe regirse por los principios de centralización, concentración, unificación, estandarización y canalización. Una directriz para evitar la duplicidad de tareas, desgaste de recursos y optimización de procesos, que simple y llanamente se desconoció por completo.