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El abuso sexual contra una niña de 11 años en Bolivia fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo. Producto de la agresión sexual, la menor quedó embarazada.
La niña comentó a una prima “que sentía unos movimientos extraños en su vientre. Ella le contó a su madre y es así como la tía es quien terminó presentando la denuncia” por el hecho, explicó la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, a EFE. El agresor fue encarcelado y la menor, con 21 semanas de gestación, está ingresada en un hospital cruceño.
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Según García, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del período de gestación en el que se encuentre, sin embargo, por la “injerencia” de una organización perteneciente a la Iglesia católica, la mujer desistió en interrumpir el embarazo de su niña, denunció.
La menor había manifestado previamente a una junta médica que “no quiere ser madre”, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García, pero luego una abogada que la organización religiosa le puso a la madre presentó un memorial de desistimiento, junto a una carta manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, por ahora paralizado. “Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres”, sostuvo García.
Normas y datos
El aborto en Bolivia es legal “bajo condiciones de delitos de carácter sexual” desde 1970, aunque antes se requería una orden judicial para el procedimiento, recordó García. A partir del fallo constitucional de 2014, se permite la interrupción legal “con la fotocopia simple de la denuncia y con el procedimiento informado a la víctima”, precisó.
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Según García, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que “104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis son menores de 13 años. Esta situación es alarmante, la violencia sexual flagela a Bolivia todavía y las niñas siguen siendo las principales víctimas”, lamentó.
Opiniones encontradas
Consultado por los medios sobre el caso, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, opinó que se debería evaluar psicológicamente a la menor, y si decide interrumpir su embarazo, “se le deben generar todas las condiciones materiales para que así lo haga. Imagínense una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define”, manifestó.
En contraposición, la Iglesia católica abogó en un comunicado por “salvar, cuidar y apoyar con amor a las dos vidas” y ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre” en un centro para madres adolescentes, con el apoyo “material, médico, psicológico y espiritual” correspondiente. La iglesia manifestó su “más firme repudio por la brutal violación” sufrida por la niña, pero insistió en que “ambas son vidas humanas independientes”, porque un feto de cinco meses ya es una criatura “bastante formada” que goza de protección legal y que “un crimen no se soluciona con otro crimen”.
García insistió en que debe prevalecer el bienestar físico y emocional de la menor, y consideró que el Estado debería intervenir para velar por sus derechos.
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El abuso sexual en Latinoamérica
Según datos de Unicef, para 2017, más de un millón de niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en América Latina y el Caribe. Según la Alianza de Cónyuges de jefes de Estado y representantes (ALMA), en asocio con la agencia internacional, la pandemia incrementó la violencia contra niños y niñas en la región.
“La familia es el mejor lugar para el desarrollo de un niño o una niña, sin embargo, estar encerrados en casa algunas veces ha supuesto, para los más pequeños, un mayor riesgo de ser golpeados y maltratados”, dijo Jean Gough, directora regional de Unicef, invitada al encuentro Crisis por COVID-19 y los impactos en la violencia hacia la primera infancia en la región.
“Para todos ha sido difícil, pero en situaciones de pobreza, exclusión, violencia y movilidad humana, el estrés de padres, madres u otros cuidadores suele ser más crítico. En estas familias, las niñas y niños pequeños están expuestos a mayores riesgos de abuso físico y psicológico, e incluso de negligencia y abandono”, afirmó. Por ello, una de las mayores amenazas frente al desarrollo de la niñez es la exposición a diferentes formas de violencia, entre ellas la violencia sexual, física o psicológica.
Según se lee en DW, en México, entre enero y abril de 2020, se denunciaron 5.519 presuntos delitos de violación, 181 más que en el mismo período del año anterior. En 2018, en Argentina se denunciaron 4.141 presuntas violaciones. En Perú, para 2020, al menos 328 niñas menores de 14 años dieron a luz.
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