“Sin la Corte no existiríamos”

Foto: Archivo - El Espectador

En múltiples ocasiones las parejas del mismo sexo han efectuado manifestaciones públicas en defensa de sus derechos.

El jueves 29 de enero de 1981 los homosexuales en Colombia dejaron de ser delincuentes. Ese día, en el gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala, entró en vigencia el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso, que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo mayores de 14 años, quienes durante más de cuatro décadas fueron castigadas obedeciendo al Código de 1936.

Desde entonces es nulo el avance legislativo en esta materia, ya que la línea conservadora del Congreso de la República ha impedido aprobar leyes para mitigar el tratamiento desigual frente a las parejas heterosexuales.

El comportamiento negativo del Congreso de la República, cada vez que debe discutir un proyecto de ley en relación con los derechos de las parejas del mismo sexo, busca evitar la pérdida de capital político, según se deduce de la opinión expresada por el representante por Bogotá Germán Navas Talero (Polo Democrático).

“Quien pretenda apoyar las iniciativas de las parejas gays corre el riesgo de perder votos y así lo quieran hacer prefieren callar. Por eso, hay políticos que se cuidan mucho de dar a conocer su posición personal”, dice el legislador y abogado penalista.

El tema es tan espinoso que en noviembre de 2002, cuando se tramitaba en el Congreso el proyecto de ley que buscaba el “reconocimiento a las uniones de parejas del mismo sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos”, un grupo de personalidades, liderado por el ex presidente Julio César Turbay Ayala, embajador vitalicio ante la Santa Sede, publicó en un diario de circulación nacional —a manera de publicidad pagada— un texto para expresar su rotundo no a la iniciativa.

No obstante, otro es el escenario en la Corte Constitucional, donde la jurisprudencia de línea liberal y en defensa de la dignidad humana proferida por ese tribunal, ha permitido que en los últimos 14 meses las parejas homosexuales hayan avanzado, como nunca antes, en la conquista de sus derechos patrimoniales, pensionales y de salud, que se traducen en una directa abolición de la discriminación y en un lento reconocimiento a la equidad entre parejas homosexuales y heterosexuales (ver conquista de derechos).

“Sin la Corte Constitucional no existiríamos”, sentencia Jaime Alberto Beltrán, un joven comunicador social de 35 años que ejerce como relacionista público en una prestigiosa empresa del sector privado, y quien desde su adolescencia mantiene una relación estable con José Luis.

“Empezamos nuestra relación en la universidad, con mucho susto, y hace cinco años, en contra de todo, convivimos como pareja. Gracias a Dios, la Corte —a la luz de la Constitución Política— lo que ha hecho es aceptar que estamos atrasados y que no tenemos por qué ser considerados menos que otras personas, lo que nos ha dado mucha tranquilidad porque, entre otras cosas, si la familia se oponía a la relación y si uno de los dos miembros de la pareja moría, el otro se quedaba en la calle”, dice Beltrán, quien es miembro de la ONG Colombia Diversa.

Por eso, añade, “nos están reconociendo el derecho a existir porque éramos un problema que había que esconder en el clóset y la sociedad pedía que saliéramos de él. Ya no hay miedo como antes, hay ilusión y esperanza”.

Sobre este reconocimiento de derechos, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, quien desde la tribuna jurídica ha defendido la causa gay, dice que el avance jurisprudencial se ha dado porque “la Corte Constitucional apoya sus decisiones desde el campo de los derechos humanos y los tratados internacionales a los cuales se ha vinculado el Estado colombiano”.

Recuerda que Colombia tenía pendiente cumplir –en relación con el tema pensional– parte de una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU (en un caso del cual Rincón ejerció como apoderado), y que gracias a la última sentencia de