El inminente naufragio de la reforma política en la Comisión Primera del Senado ha hecho que el Gobierno fije su objetivo en la aprobación de la reforma electoral, un proyecto radicado hace un mes en el Congreso de la República, que acaba de recibir mensaje de urgencia y en cuya elaboración participaron el Ministerio del Interior y Justicia, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral.

Es claro que lo que se busca es enviar un mensaje al país de que sí se está haciendo algo para superar la actual crisis de legitimidad que afronta el Legislativo por cuenta del escándalo de la parapolítica. Según el ministro del Interior, Carlos Holguín, el objetivo de la reforma es “proteger el proceso de inscripción de candidatos, darles instrumentos a los organismos electorales para rechazar candidatos inhabilitados, así como reglamentar la financiación de campañas, la propaganda electoral y control de gastos”.

Como están las cosas, la iniciativa debe ser aprobada contrarreloj en las seis semanas que restan de la presente legislatura. Pero parece que ese no es el único obstáculo. La reforma pretende otorgarle facultades al Consejo Nacional Electoral (CNE) para aplicar sanciones a partidos y movimientos políticos cuyos candidatos a cargos y corporaciones de elección popular resulten condenados por delitos electorales o relacionados con grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico. Incluso, la presidenta del Congreso y ponente del proyecto, senadora Nancy Patricia Gutiérrez, planteó que si la reforma política se hunde definitivamente, buscaría la manera de incluir en la reforma electoral sanciones más drásticas.

El punto tiene las alertas encendidas en el escenario político. Hay quienes creen que para entregarle esas facultades al Consejo Electoral se requiere de un proyecto de acto legislativo, es decir, una reforma constitucional. “Tengo mis dudas sobre la constitucionalidad en esa materia y habría que mirar el contexto del proyecto. De cualquier manera, es inconveniente que la estabilidad política quede en cabeza del Consejo Nacional Electoral, un ente de origen netamente político”, señaló el ex congresista y experto en temas electorales Darío Martínez.

¿Pero qué es lo que plantea exactamente la reforma? En su capítulo sobre el régimen sancionatorio estipula que el Consejo Nacional Electoral podrá “suspender temporal o definitivamente la financiación estatal y el acceso a los espacios otorgados por el Estado en radio y televisión, así como cancelar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, según la gravedad de la falta, en los eventos en que hubieren inscrito candidatos que luego resultaren condenados por delitos electorales o relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico”.

En este sentido, señala que en tales casos se ordenará la devolución de la financiación estatal de la campaña en una cuantía equivalente al número de votos obtenido por el condenado en los casos de candidatos a cargos uninominales o a la mayor cantidad entre la cifra repartidora y la cantidad de votos obtenidos por el candidato condenado. Y va más allá: estipula que la personería jurídica de los partidos será cancelada en todos los casos en que más del 50% de sus miembros en el Senado o la Cámara de Representantes resulten condenados.

En criterio del magistrado del mismo CNE Juan Pablo Cepero, lo que se está tratando de hacer con la reforma no es más que darles herramientas para ser más eficientes. “No le veo nada polémico a eso. De hecho, nosotros ya tenemos facultades sancionatorias y podemos quitar personerías jurídicas cuando un partido, por ejemplo, no alcanza el umbral. Lo que hace el proyecto es incluir una causal adicional”, explicó.

En esa misma línea piensa el senador del Polo Democrático Gustavo Petro, otro de los ponentes, quien considera que el Código Electoral sí tiene una atribución legal y “podría tener la facultad de quitar la personería jurídica cuando la mitad de los miembros de un partido resultan condenados por estar ligados a actividades ilegales, ya que en ese momento el tema está ligado al del umbral”.

Por su parte, el senador de Convergencia Ciudadana Samuel Arrieta ve en esta reforma la única opción que tiene el Congreso para tratar de salir del atolladero y, de paso, ajustar el Código Electoral a la Constitución de 1991, algo que todavía no se ha hecho. “No sé si lo de quitarles la personería jurídica a los partido se pueda hacer, pero el proyecto incluye sanciones pecuniarias y mecanismos para que el Consejo Electoral u otra autoridad pueda establecer sanciones como la devolución de votos o revocar la participación de un candidato y otros elementos”, dijo.

¿El Plan B?

Lo cierto es que desde el mismo Gobierno la reforma electoral ha sido presentada como parte del Plan B ante el fracaso de la reforma política. Para la senadora del Partido de la U Gina Parody, lo que necesita el país en estos momentos es recuperar la legitimidad antes que modificar el Consejo Nacional Electoral o establecer el voto electrónico, otro de los puntos incluidos en el proyecto. “La crisis que vivimos tiene que ver con la unión de la ilegalidad con la política y esa dichosa reforma no apunta a resolver ese problema. No mandemos mensajes equivocados. Aquí lo que se requiere es voluntad política, no más leyes. Nada de lo que allí se plantea le devuelve la legitimidad al Congreso y además es muy difícil ver a un Consejo Electoral sancionando cuando su origen es puramente político”, enfatizó.

La presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que buscará el consenso entre todas las bancadas para sacar adelante la norma, algo que, según se puede palpar hasta el momento y sin que siquiera se haya comenzado a discutir, será muy difícil. Al menos por los lados del Partido Liberal, el proyecto no convence. El senador Juan Fernando Cristo lo ve como