Lo primero que supimos los colombianos, en abril 11 de 2002, fue que las Farc irrumpieron en el Palacio San Luis, sede de la Asamblea del Valle, de donde sacaron a los 12 diputados haciéndose pasar por miembros de la fuerza pública interesados en proteger a los políticos del posible estallido de una bomba. Ya en el bus en el que los condujeron al monte, los diputados se enteraron de que se trataba de un secuestro y de que en adelante estarían a cargo de las Farc.

Meses después, el 28 de agosto de 2002, las Farc hicieron circular un video como prueba de supervivencia. Mientras esperaban, en la selva, a los plagiados se les hizo creer que serían dejados en libertad en algún momento y que para ello ya se había destinado a algunos integrantes de las Farc como encargados de adelantar una negociación para el intercambio humanitario. Hubo que esperar más de tres años, hasta el 21 de enero de 2006, para que a la agencia Reuters llegasen las segundas pruebas de supervivencia. Durante todo este tiempo, las familias de los secuestrados, y ellos mismos, creyeron en la dudosa buena voluntad del grupo guerrillero.

El 18 de junio de 2007, y siguiendo con las mentiras, las Farc emitieron un comunicado en el que informaron de la muerte de 11 de los 12 diputados ocurrida, según ellos, en hechos confusos que días después, el 28 de junio, el bloque occidental de las Farc le achacaría al fuego cruzado con un grupo armado “no identificado”. Un mes después, el 18 de julio, el propio DAS corroboró la muerte de los diputados, e informó del enfrentamiento entre dos grupos de las Farc en San José del Tapaje, Nariño, que les habría quitado la vida a los diputados.

Acabadas las esperanzas de los familiares y ante una ciudadanía atónita por las dolorosas noticias, las Farc persistieron sin embargo en su camino de quimeras y cálculos de guerra. Empezó entonces el suplicio de la entrega de los cadáveres, condicionada de manera cínica por un comunicado del abatido Raúl Reyes a la disminución de las operaciones militares en la zona. Argumentaba también el comunicado que la muerte de los diputados se debió al fuego cruzado que se derivó de los supuestos rescates militares ordenados por el gobierno del presidente Álvaro Uribe e, incluso, hubo publicaciones internacionales que cayeron en el juego de las Farc para asegurar que se había tratado de un grupo de mercenarios internacionales en busca de las jugosas recompensas del Gobierno.

Todo lo cual, una vez más, se reveló enteramente falso, como bien lo confirmaron los archivos de los computadores en donde, mediante un correo electrónico dirigido por Alfonso Cano al propio Raúl Reyes, queda claro que la guardia que cuidaba de los secuestrados decidió ejecutarlos al confundir a otro grupo de las Farc con uno del Eln. Esa “grave equivocación, que nos creará muchos problemas”, para retomar los términos del correo electrónico, sólo viene a corroborar lo que ya es cierto desde hace mucho tiempo: que las Farc, en su demencial apuesta a las armas y la guerra, le ha perdido el respeto a la totalidad del pueblo colombiano; que las Farc, en su anárquica lucha e infructuosa búsqueda del control del poder, considera que cualquier estrategia es válida aun si ello lleva a la privación de la libertad, el vil asesinato o la masacre.

Que sea este triste aniversario entonces el momento para hacerles un homenaje a los 11 diputados que fueron inútilmente sacrificados por uno de los grupos guerrilleros menos aceptados en el mundo. Y que sea también la oportunidad para que el diputado del Valle Sigifredo López, el único sobreviviente, sea dejado en inmediata libertad. Si no se lo libera como un gesto que permita enderezar el ya sinuoso camino de las mentiras, calumnias y tergiversaciones, que se lo haga como un homenaje a la memoria de sus compañeros o, aun, como una señal de interés por el municipio de Florida, de donde el diputado fue alcalde y en donde las Farc desean su publicitado despeje militar.