El pasado miércoles 18 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) entregó, por novena vez, los resultados de su habitual análisis de los cultivos cocaleros en el país,  publicación que tuvo muy poca acogida en el Gobierno: entre 2006 y 2007, el crecimiento de éstos fue de 27%, pasando de 78.000 a 99.000 hectáreas en 365 días. “Es una sorpresa y un shock” , dijo Antonio María Costa, director de la Unodc. “Hay serias preocupaciones”, dijeron funcionarios oficiales.

La consternación oficial fue muy en serio. Tanto, que el propio presidente Uribe Vélez convocó al Consejo Nacional de Estupefacientes –que debía encontrarse la próxima semana– para una reunión, que tuvo lugar el jueves por la noche en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Hacia la medianoche, el Mandatario dio a conocer la decisión tomada: el Simci (Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), que coordina las Naciones Unidas desde 1999, llega a su fin.

Para el Gobierno, el principal punto a cuestionar es el procedimiento de medición. “Hubo mucho desconcierto con las cifras. En Nariño las labores de erradicación y aspersión han sido impresionantes, y sin embargo, las hectáreas de coca aumentaron un 30%”, manifestó Carlos Albornoz, cabeza de la DNE. El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, también mostró su extrañeza frente a las cifras, en las cuales, en su concepto, no encajan las hectáreas erradicadas manualmente por agentes de esta institución.

El documento del Simci recoge los mismos datos que hoy tienen desconcertados a los entes gubernamentales que manejan la lucha contra el narcotráfico: entre 2006 y 2007 se erradicaron 66.805 hectáreas y se fumigaron 153.135 más. “De hecho –reconoce el informe–, la aspersión aérea de los cultivos de coca ha permanecido por encima de las 130.000 hectáreas desde 2002”. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sostuvo que se incluyeron áreas no detectadas con anterioridad.

El coordinador técnico del Simci, Rodolfo Llinás, le aseguró a El Espectador que la metodología utilizada es “la misma de años anteriores, cuya calidad ha sido reconocida por los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos”. De acuerdo con el investigador, está fuera de discusión el esfuerzo colombiano por eliminar los cultivos de coca. Pero la resiembra, dice Llinás, sí es un factor trascendental a la hora de entender por qué en el país, contrario a la tendencia que se venía presentando desde 2001, los cultivos aumentaron.

La importancia de esta discusión radica en que el análisis del Simci es la principal carta de presentación para el país cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico, en la que Washington ha invertido más de 5.000 millones de dólares en los últimos siete años. El Plan Colombia, gestionado por el entonces presidente Andrés Pastrana y aprobado durante la administración de Bill Clinton, es la muestra más representativa de esta cooperación binacional que se fijó la meta de eliminar la hoja de coca, base del alucinógeno que más consumen los estadounidenses.

El choque que se produjo por las conclusiones del Simci ya dejó su primer damnificado: el proyecto mismo. Entre 2003 y 2006, el costo de su ejecución fue de US$1’480.000, y en 2007, fue de US$500.000, siempre financiado por el Gobierno Nacional y por cooperación internacional en igual proporción. Ahora, según le confirmó Carlos Albornoz a este diario, esos recursos serán destinados a la empresa privada que gane la licitación para monitorear los cultivos. “Naciones Unidas podría avalar la firma que se contrate, si ellos quieren”, expresó el director de Estupefacientes.