El desmejoramiento de algunos de los indicadores de salud pública, la corrupción en el sistema de aseguramiento subsidiado, el uso generalizado de la tutela para el acceso a medicamentos básicos, la ruina financiera de buena parte de la red pública hospitalaria, los riesgos de desvalorización de los aportes al sistema de pensiones son algunos de los problemas, campanadas sonoras y destempladas, del sector de la seguridad social. También existen logros, innegables para cualquier observador objetivo, como el aumento de la cobertura de aseguramiento y la reestructuración de algunos hospitales públicos.

Un detonante adicional agita a la opinión por estos días como resultado de la adopción de la planilla integrada de liquidación de aportes, que afecta principalmente a los trabajadores independientes. El Ministerio de la Protección Social ha debido meditar mejor esta decisión. Debió tener en cuenta, en particular, que muchos trabajadores independientes no pueden generar un ahorro adicional para el aporte a su pensión. Ya existen excepciones legales y reglamentarias que les permitirían a algunos trabajadores pagar las contribuciones de salud y no las de pensiones. Pero el Ministerio no ha sido suficientemente claro al respecto. Aumentar la cobertura de pensiones mediante un mecanismo coercitivo que puede dejar a muchas familias en una situación económica precaria es un despropósito.

Además, el sistema es especialmente injusto con los contratistas independientes que tienen que afrontar los pagos del IVA, los gravámenes sobre los movimientos financieros y múltiples cargas de legalización de sus contratos, y que, además, deben cotizar plenamente a la seguridad social sobre una fracción del valor bruto de los contratos. Muchos contratistas independientes enfrentan hoy, por cuenta de la cascada impositiva, una disyuntiva extraña: la informalidad o la desaparición.

En la coyuntura actual, el peso de medidas poco calculadas y contraproducentes para un sector grande de la población es muy alto. El empleo informal es abundante en la economía colombiana. Y las nuevas medidas podrían excluir del acceso efectivo de la salud a muchos trabajadores informales que hoy con dificultad cotizan a salud, pero que ahora se les quiere obligar al pago simultáneo y súbito del ahorro pensional.

El alcalde Luis Eduardo  Garzón solicitó la renuncia del entonces Secretario de Salud, cuando una mala decisión generó largas filas para la renovación de la inscripción del Sisbén. En este caso las malas decisiones son varias. Es increíble, por ejemplo, que los medios electrónicos se presenten como alternativa de pago para ciudadanos que justamente se caracterizan por una baja densidad de utilización de la internet. O que se promocione un sistema central de llamadas que ha demostrado plenamente su insuficiencia para orientar la planilla asistida. Con la improvisación se está impidiendo el acceso efectivo a los servicios de salud de mucha gente por la imposibilidad económica o administrativa para pagar como lo exige la planilla integrada.

Mientas tanto, el Ministro de Protección Social prepara su defensa ante la Fiscalía, contesta improvisadas entrevistas en las escaleras de la Casa de Nariño y anda visitando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para acusar a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.