Mucho revuelo y preocupación causó en el seno del Ejecutivo la carta que le envió el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, al embajador de Colombia ante La Haya, Francisco José Lloreda. En esencia, en dicho documento Moreno planteaba serios interrogantes sobre las consecuencias que podría tener la extradición a Estados Unidos de 14 jefes de las autodefensas en las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia en los procesos de la parapolítica.

La carta fue enviada en junio y de ella se desprende que la Corte Penal Internacional viene analizando con lupa los expedientes en relación con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares y sobre todo si la extradición de los jefes de las autodefensas “presenta algún obstáculo en la eficaz investigación” de los políticos que indagan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación”.

“¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados?”, interrogó el fiscal Moreno. El mensaje es claro: el Tribunal Internacional, en una petición hasta hoy inédita, aunque no lo dice explícitamente, dejó una constancia de que en los procesos de la parapolítica pretende evitar a toda costa que ronde la impunidad (ver carta completa en la nota siguiente).

Pero si la carta del fiscal Moreno generó una honda preocupación en el Gobierno, la respuesta que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores le envió la Corte Suprema de Justicia a la CPI dará mucho más de qué hablar. El Espectador conoció que a la Sala Plena llegó una carta de la Cancillería en la que se le informaba a la Corte de los interrogantes planteados por la CPI. Sin embargo, en dicha comunicación no se le adjuntó a la Corte el texto completo de la misiva enviada por el fiscal Moreno.

Es así como en principio la Corte no contestó y pidió que se le enviara en su totalidad la comunicación de la CPI, ya que lo que ellos conocieron eran unos fragmentos descontextualizados de la misiva. Una vez conocieron la carta, la Sala Plena se reunió y emitió una enérgica respuesta sobre las preocupaciones manifestadas por el fiscal Luis Moreno Ocampo, en donde reiteró su inconformidad por las extradiciones de los jefes paramilitares y la dificultad que esa situación deriva para garantizar la justicia, la verdad y la reparación de las miles de víctimas de la barbarie de los grupos de autodefensas.

“La Corte lo que deja consignado en esa carta es que el temor que tiene el fiscal Moreno sobre si la extradición de los jefes paramilitares obstaculiza la eficaz investigación de la parapolítica es real”, señaló un magistrado de la Corte consultado por este diario. El tono de la misiva es tajante y enfático y lo que expresa es que con el envío de los jefes paramilitares a Estados Unidos (quienes serán juzgados en ese país por los delitos de narcotráfico y no de lesa humanidad) se han dificultado investigaciones neurálgicas de la parapolítica, muchas de ellas en donde se indagan delitos que, a la luz del Estatuto de Roma ratificado por Colombia, podría eventualmente examinar la Corte Penal Internacional.

Tan es así que estos jefes paramilitares fueron extraditados sin siquiera haber tramitado acuerdos claros de cooperación con Estados Unidos, para que la Fiscalía los siga escuchando en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Hasta ahora no hay nada claro sobre cómo desde allá los jefes de la autodefensas van a seguir aportando testimonios claves en muchos procesos“, recalcó el magistrado consultado por El Espectador. Tres meses después de haber sido enviados a Norteamérica, han sido infructuosos los intentos de la Corte y la Fiscalía por seguirlos escuchando en versión libre. Sin duda la respuesta que le envió la Corte Suprema de Justicia a través de la Cancillería a la CPI consigna una posición que desde hace varios meses ha venido reiterando el alto tribunal: que con la extradición de los máximos representantes de las Auc está en peligro que muchos de sus secretos se queden encarcelados en unas celdas de Estados Unidos.