El 27 de junio de 2006, el oficial de enlace de la Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, remitió a las autoridades nacionales un reporte sobre la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. El informe daba cuenta de que desde agosto de 2005 la policía de Alemania, tras operativos realizados en las ciudades de Karlsruhe y Colonia, había puesto al descubierto a una banda de narcotraficantes integrada por colombianos, mexicanos e italianos.

La investigación de la justicia alemana permitió la captura de ocho colombianos y dos italianos, y la incautación de 144 kilos de cocaína. Al mismo tiempo, se le entregó a la justicia colombiana un detallado informe con los números telefónicos desde los cuales se hacían los contactos en Colombia para el envío de la droga a Alemania. Con esa información, la Fiscalía constituyó una unidad investigativa que permitió esclarecer que la organización de narcotraficantes tenía su centro de operaciones en Urabá.

Durante dos años la justicia fue armando el organigrama de esa organización y concluyó que detrás de ella estaban algunos desmovilizados de los grupos de autodefensa que, en un proceso de rearme, habían determinado reiniciar sus actividades de tráfico de estupefacientes, especialmente a través del puerto de Turbo. Además se estableció que la organización obtenía información privilegiada para conocer la posición de los buques británicos, holandeses y franceses que tenían a su cargo la interdicción de envíos de droga.

Con el paso de los días, las autoridades establecieron que la organización tenía contactos en Panamá y Honduras y que el primer destino de la droga era México. Y precisamente en este país, más exactamente en Yucatán, hacia septiembre de 2007, cayó un envío de droga que había sido coordinado desde Colombia. Pero poco a poco las autoridades fueron descubriendo que, además de las acciones de narcotráfico, los comprometidos en el ilícito estaban también implicados en temas de corrupción, homicidios y desapariciones.

En desarrollo de estas pesquisas, la Fiscalía logró que dos desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas empezaran a colaborar en el esclarecimiento de lo que estaba sucediendo en Urabá. En concreto, en enero de 2008, el desmovilizado Ómar Zolera entregó valiosa información en la cual aclaró que los ex comandantes de este bloque estaban incumpliendo con la verdad y se estaban rearmando para fomentar y continuar las actividades del narcotráfico. Zolera entregó un disco compacto con documentos sobre el tema y zonas de localización de fosas.

Con un agravante: el desmovilizado sindicó directamente a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano de Freddy Rendón, alias El Alemán y ex comandante del Bloque Élmer Cárdenas, como el jefe de la banda de narcotraficantes y promotor de las Águilas Negras en la región. Pero no sólo Zolera colaboró con las autoridades. Otro desmovilizado llamado José Mosquera Ramírez hizo lo propio y ayudó a entender cómo estaba operando el rearme paramilitar y narcotraficante en Urabá.

Paradójicamente, el pasado 5 de marzo de 2008 un fiscal especializado de Urabá remitió un oficio al director seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia –quien al final se vería salpicado con la organización de Don Mario–, advirtiéndole que Urabá estaba viviendo una seria afectación de orden público por la actuación de tres grupos delincuenciales unidos en un mismo propósito: controlar la zona y garantizar la existencia de cultivos de coca y exportación ilegal de droga. Los tres grupos eran las Farc, a través de sus frentes 5, 57 y 58, las Águilas Negras de Don Mario  y la banda criminal de Los Paisas del extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.