“A pesar de que sólo representan el 2,2 % de la población —dice Uribe— son dueños del 27% del territorio nacional”. No dudo de la veracidad de esas cifras, pero, ¿son ellas un argumento para que el Estado no cumpla con lo pactado? O, peor aún, ¿para descalificar las protestas? No lo creo.

El argumento de Uribe es pérfido, o de mala leche, como se dice ahora. En primer lugar, porque trata los resguardos como si fueran fincas —como el Ubérrimo— que se compran y se venden. No tiene en cuenta que casi todos están ubicados en el suroriente del país, que muchos están sobrepuestos a los parques nacionales y que por haber en ellos un evidente interés público son territorios inalienables, imprescriptibles e inembargables, según lo establece la Constitución. En segundo lugar, porque es un argumento sofístico: alude a la cantidad de tierra que tienen en el Amazonas o en Vichada, para deslegitimar los reclamos de aquellos que están en la cordillera. El argumento del Presidente conduce a esta sugerencia absurda: ¿si tienen tanta tierra en el Amazonas, por qué protestan en el Cauca? O a este otro: ¿si les falta tierra en el Cauca, por qué no se van para el Amazonas?

 En tercer lugar, y esto es lo peor, porque oculta a los verdaderos responsables del problema de la concentración de tierra en Colombia. Las cifras lo dicen casi todo: el 13% de los finqueros colombianos es dueño del 73% de la tierra, mientras que un 46% de las pequeñas propiedades agrícolas sólo concentran un 3,2% de la tierra (DANE). Más dramático aún: el 53% del total de la tierra registrada está concentrada en unos tres mil terratenientes (Universidad Nacional).

Así pues, los verdaderos dueños del país rural no son los indígenas, ni los campesinos, sino los finqueros y, sobre todo, los ganaderos (para no hablar de los narcotraficantes finqueros y ganaderos). Una de las cosas que más sorprende a los extranjeros cuando llegan a Colombia y ven la enormidad y belleza de las montañas, los valles y los ríos que tenemos, casi todo verde, sin autopistas ni grandes ciudades que perturben el paisaje natural, es que aquí no hay por donde caminar. Todo está cercado con alambre de púas; incluso cuando no hay ganado que atajar, todo tiene cercos; todo es propiedad privada.

En los países capitalistas desarrollados —dije bien, capitalistas— el Estado es dueño de una buena parte de la tierra. En los Estados Unidos, para citar un ejemplo que ni José Obdulio me cuestionaría, el Estado federal es dueño de más del 40% de la tierra. Por eso los pueblos son más ricos que los ricos del pueblo y por eso las autoridades no se dejan mangonear, que es lo que pasa en Colombia.

Pero al presidente Uribe, como a todos los presidentes anteriores a él en los últimos 70 años, no le preocupa en lo más mínimo el problema de la concentración de la tierra comercial en Colombia; mucho menos que los municipios tengan menos tierra que cualquier finquero. Por eso, aquí nunca ha habido una reforma agraria. Peor aún, ya ni siquiera se habla de eso.

 Pero una cosa es que no hablen y que no les importe y otra es que les echen la culpa a los indígenas del problema de la concentración de tierra en Colombia.

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de DeJuSticia