Lo peor que puede seguir haciendo el Gobierno es continuar insistiendo en que los indígenas del Cauca son aliados de las Farc, pues incluso podría llegar a convencerse o más grave aún a convencerlos.

Las relaciones entre los grupos armados y los movimientos sociales son uno de los temas más complejos de la sociología de los conflictos. Pero lejos de ser una preocupación intelectual, meramente erudita, ha resultado decisiva para el curso de casi todos los conflictos armados contemporáneos, en escenarios de guerra interior. El tema es de tal importancia que el destacado sociólogo francés Alain Touraine  —a propósito de la guerra en Guatemala— llegó a afirmar que sintetiza “el mayor problema del siglo XX” que es, en su opinión, él de todas las revoluciones en la historia moderna: “El de las relaciones entre la ideología y la vanguardia de clase, y las comunidades o los movimientos comunitarios, sociales o religiosos”.

El norte del departamento del Cauca es uno de esos escenarios compartidos por movimientos comunitarios rurales y grupos armados. A lo largo de las últimas cuatro décadas, todas las organizaciones insurgentes han querido implantarse allí, atraídas por su intrincada geografía y por el conflicto social que representa la movilización de las comunidades nasa y guambiana en defensa de su territorio. Ninguno de estos grupos logró sin embargo la adhesión que buscaban. Por el contrario, su presencia ha sido siempre fuente de numerosos conflictos, particularmente en el caso de las Farc, cuya primera acción pública, la toma de Inzá —en el corazón de Tierradentro— a comienzos de 1964, dejó una imborrable huella entre las comunidades locales, presagiando lo que sería la dolorosa experiencia de las décadas siguientes.

Lejos de lo que el Gobierno y un sector de la opinión piensan, la distancia entre la insurgencia y las comunidades indígenas es enorme: el reclutamiento de jóvenes a las filas guerrilleras ha sido una fuente permanente de conflictos, al igual que la interferencia con las estructuras tradicionales de poder. Incluso —lo que puede resultar asombroso— más que un aliado en su lucha por la tierra, la guerrilla ha obstaculizado los avances del movimiento indígena, tal como ocurrió en los años ochenta, en el apogeo de las recuperaciones, cuando las Farc, que extorsionaban a los hacendados, se opusieron a la acción de las comunidades a fin de no perder su fuente de recursos y llegaron al extremo de asesinar dirigentes indígenas acusándolos de ser delincuentes comunes.

En los últimos años, la guerrilla ha amenazado constantemente a los líderes locales que han alcanzado cargos de representación política en alcaldías y concejos municipales y sus demostraciones de fuerza terminaron siendo un martirio para las comunidades que han tenido que soportar los continuos asaltos a sus poblados.