Este jueves se cumplen 23 años de aquel nefasto día cuando el M-19 se tomó a sangre y fuego el recinto en donde funcionaban las máximas instituciones judiciales del país. La Fuerza Pública, por su parte, no tuvo más opción que repeler el ataque con toda su artillería; no obstante, la desaparición de 11 personas que, según pruebas documentales y testimoniales, salieron del Palacio de Justicia con vida, se convirtió en la sombra que ha acompañado durante las últimas dos décadas tal operativo militar.

Para los familiares de las víctimas del Palacio, sólo una verdad es irrefutable: antes de 2006, nunca se realizó una investigación que verdaderamente buscara responsables por los hechos irregulares ocurridos durante la retoma del Palacio. Sin embargo, reconocen que el proceso que comenzó en 2006 en la Fiscalía es el primer avance serio y concreto en pro de establecer dichas responsabilidades. Y, sin duda, nunca ese expediente había avanzado tanto como lo hizo en este año.

Hasta la fecha, 12 militares han sido formalmente involucrados en la investigación por la oncena de desaparecidos. Los de más alto rango son los generales (r) Rafael Samudio Molina —rindió su primera indagatoria a finales de julio—, Jesús Armando Arias Cabrales —se entregó a la justicia el 10 de octubre— e Iván Ramírez Quintero —detenido desde el 27 de mayo—. En la época de los hechos cada uno comandaba el Ejército, la Brigada XIII y el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), respectivamente.

El juicio del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería, empezó el 25 de julio. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano —entonces comandante del B-2 de la brigada XIII— y cuatro subalternos suyos fueron llamados a juicio el pasado 12 de febrero. Por vencimiento de términos quedaron en libertad a finales de octubre, pero seguirán vinculados. Las capturas más recientes fueron las del coronel (r) Fernando Blanco, el capitán (r) Rafael Ángel Martínez y el sargento (r) Gustavo Arévalo, todos del Coici, subalternos del general (r) Ramírez Quintero.

El pasado martes 4 de noviembre, en la sede del Palacio de Justicia que fue reconstruida luego del holocausto, un hecho inédito tuvo lugar: Nicolás Pájaro Peñaranda, quien era magistrado auxiliar de la Corte Suprema y se encontraba en el edificio cuando el comando guerrillero lo asaltó, entregó por primera vez en 23 años su testimonio como sobreviviente de uno de los episodios más cruentos del conflicto interno colombiano. Lo hizo, según manifestó, en contra de la voluntad de su esposa y sus hijos, quienes, asilados en Estados Unidos igual que él, le expresaron su preocupación por su seguridad.

El ex magistrado Pájaro se autodenominó un “casi desaparecido”. De acuerdo con su relato, en tres ocasiones integrantes de la Fuerza Pública intentaron llevárselo para someterlo a interrogatorio, por considerarlo un posible guerrillero. El ex magistrado contó que lo único que escuchaba de los uniformados era expresiones como quebrar y matar a todo lo que se moviera.