Este jueves se cumplen 23 años de aquel nefasto día cuando el M-19 se tomó a sangre y fuego el recinto en donde funcionaban las máximas instituciones judiciales del país. La Fuerza Pública, por su parte, no tuvo más opción que repeler el ataque con toda su artillería; no obstante, la desaparición de 11 personas que, según pruebas documentales y testimoniales, salieron del Palacio de Justicia con vida, se convirtió en la sombra que ha acompañado durante las últimas dos décadas tal operativo militar.

Para los familiares de las víctimas del Palacio, sólo una verdad es irrefutable: antes de 2006, nunca se realizó una investigación que verdaderamente buscara responsables por los hechos irregulares ocurridos durante la retoma del Palacio. Sin embargo, reconocen que el proceso que comenzó en 2006 en la Fiscalía es el primer avance serio y concreto en pro de establecer dichas responsabilidades. Y, sin duda, nunca ese expediente había avanzado tanto como lo hizo en este año.

Hasta la fecha, 12 militares han sido formalmente involucrados en la investigación por la oncena de desaparecidos. Los de más alto rango son los generales (r) Rafael Samudio Molina —rindió su primera indagatoria a finales de julio—, Jesús Armando Arias Cabrales —se entregó a la justicia el 10 de octubre— e Iván Ramírez Quintero —detenido desde el 27 de mayo—. En la época de los hechos cada uno comandaba el Ejército, la Brigada XIII y el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), respectivamente.

El juicio del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería, empezó el 25 de julio. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano —entonces comandante del B-2 de la brigada XIII— y cuatro subalternos suyos fueron llamados a juicio el pasado 12 de febrero. Por vencimiento de términos quedaron en libertad a finales de octubre, pero seguirán vinculados. Las capturas más recientes fueron las del coronel (r) Fernando Blanco, el capitán (r) Rafael Ángel Martínez y el sargento (r) Gustavo Arévalo, todos del Coici, subalternos del general (r) Ramírez Quintero.

El pasado martes 4 de noviembre, en la sede del Palacio de Justicia que fue reconstruida luego del holocausto, un hecho inédito tuvo lugar: Nicolás Pájaro Peñaranda, quien era magistrado auxiliar de la Corte Suprema y se encontraba en el edificio cuando el comando guerrillero lo asaltó, entregó por primera vez en 23 años su testimonio como sobreviviente de uno de los episodios más cruentos del conflicto interno colombiano. Lo hizo, según manifestó, en contra de la voluntad de su esposa y sus hijos, quienes, asilados en Estados Unidos igual que él, le expresaron su preocupación por su seguridad.

El ex magistrado Pájaro se autodenominó un “casi desaparecido”. De acuerdo con su relato, en tres ocasiones integrantes de la Fuerza Pública intentaron llevárselo para someterlo a interrogatorio, por considerarlo un posible guerrillero. El ex magistrado contó que lo único que escuchaba de los uniformados era expresiones como quebrar y matar a todo lo que se moviera.

Reclamó la mano pusilánime de la Comisión de Acusación para con el entonces presidente Belisario Betancur, a quien calificó de “pésimo declamador y peor poeta”. Y dijo que si había decidido hablar, después de tanto tiempo, era porque quería que por fin la verdad saliera a la luz.

“Hay que vincular al gobierno Betancur”

El Espectador habló con Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos  Medellín Forero, quien falleció en el holocausto del Palacio.

En estos 23 años, ¿en qué se ha avanzado?

Por fin se inició la investigación que nunca se había hecho, gracias a la labor de la Fiscalía. El tribunal especial de Betancur se creó para tapar la verdad, y el informe que sacaron fue pobre y amañado.

Usted pidió el “indulto” para los militares de la retoma...

Lo que yo dije es que el país podría pensar en estudiar la posibilidad de un indulto a los militares involucrados en el tema del Palacio siempre y cuando confiesen: 1) dónde están los desaparecidos; 2) quién ordenó matarlos; 3) quién ordenó incendiar el Palacio; 4) quién ordenó lavar los cadáveres; 5) quién tomó las decisiones finales y 6) qué funcionarios civiles del Gobierno estuvieron enterados de lo que pasó.

¿Qué ve de diferente a hace dos décadas?

Los militares nunca habían dicho nada. Ahora que hay indagatorias y vinculaciones formales, se están empezando a aclarar ciertas cosas. La gran pregunta que surge de fondo es: ¿quién dio las órdenes? Creo que el Gobierno sí estaba enterado, pero, ¿quiénes?

¿Se deben vincular a los integrantes del gobierno de Betancur?

Sí, por lo menos en versión libre. Hasta ahora sólo los militares han sido vinculados, y eso está bien, pero es que ellos hacían parte de un gobierno. Porque si no, ¿eso fue un golpe de Estado? Además, quiero recordar que hay un general que goza de total impunidad: Víctor Delgado Mallarino, de la Policía.