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De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), aprobada en Colombia recientemente, las entidades públicas, bien sea el Congreso, los ministerios o los juzgados (y sus funcionarios), tienen el deber de contestarle a los ciudadanos, en un tiempo máximo de 15 días, la información que sea requerida de ellos a través de un derecho de petición. Esto es así, siempre y cuando dar la información no viole alguna reserva legal que esté contenida de manera explícita en una ley. Así mismo, el derecho a la intimidad de un funcionario público, tal y como ha quedado establecido en una profusa jurisprudencia de la Corte Constitucional, es mucho más reducido que el de un ciudadano corriente.
Pese a esto, pareciera que el hecho de pedir información pública en Colombia sigue siendo algo extraño: una práctica poco común. Al menos eso prueba el ejercicio que hicieron los colegas de VICE y Poderopedia Colombia (una organización de periodismo investigativo con sede en varios países de América Latina) quienes les pidieron, tanto a los ministros del gabinete como al presidente y al vicepresidente, que les dieran una copia actualizada de su hoja de vida para saber las empresas en las que han trabajado o a las que les han prestado servicios profesionales; les preguntaron de cuáles sociedades han sido socios, ellos o sus familiares, y con qué entidades privadas han tenido algún tipo de litigio. Sin embargo, de entrada, se encontraron con un rotundo “NO” de la mayoría (15 de 19).
Muchos de ellos no respondieron y algunos otros se fueron por las ramas, a través de una serie de excusas. El presidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, los remitió a una breve hoja de vida de su sitio web. Por ahí también se fueron Alejandro Gaviria, ministro de Salud; Natalia Abello, de Transporte; Juan Carlos Pinzón (por entonces de Defensa); Luis Eduardo Garzón, de Trabajo y Gina Parody, de Educación. Otros sí enviaron su hoja de vida completa, pero salieron con los mismos argumentos para ocultar la vida comercial: Cecilia Álvarez-Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo; Diego Molano (hasta hace el jefe de la cartera llamada de las TIC); Yesid Reyes, de Justicia, y Néstor Humberto Martínez, de la Presidencia, quien todavía no había renunciado a su cargo.
Frente a la negativa de la mayoría del gabinete, los investigadores de Poderopedia, decidieron indagar por su propia cuenta. Los rastrearon en bases de datos de Comfecámaras, hablaron con quienes los conocen y los han investigado anteriormente, escrutaton el Registro Público de Panamá, el de empresas en el Reino Unido y la División de Corporaciones de la Florida.
Finalmente, luego de algunos hallazgos sueltos, dieron con una historia de mayores dimensiones: los intereses del alto gobierno en Panamá, justo cuando el país intenta frenar que anualmente se pierdan miles de millones de impuestos a través de sus laxas regulaciones para la empresa privada.
Por ejemplo, uno de los casos en los que encontraron potenciales conflictos de interés, fue el de la familia de la ministra de Educación, Gina Parody, sus negocios en Panamá y lo que esto tiene que ver con la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, su pareja, quien, por los temas que allí maneja, tiene que ver directamente con las negociaciones binacionales entre los dos países. Por ende, debió hacer transparente su cercanía personal con ese tema.
Otro empresario que tiene profundas raíces en el istmo es Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente, ya que es directivo de Stroyneftegazservice —SNGS S.A.—, una firma que se dedica a la explotación de hidrocarburos, que también tiene sede en Colombia y que fue matriculada en Panamá en 2006. Además, los hermanos Vargas Lleras, junto con su papá, tuvieron hasta 2004 otra empresa en ese país, que estuvo registrada por dos años bajo el nombre Anaco Development, pero que, según el propio vicepresidente, no realizó ninguna actividad y por eso fue liquidada, una movida típica de los paraísos fiscales.