Ciudadanos de a pie, comerciantes y víctimas del conflicto denuncian supuestos atropellos durante los operativos que hizo la Policía Metropolitana de Bogotá y otras entidades del Distrito en el Bronx.
El Ministerio Público para los Derechos Humanos, entidad que recibió las quejas, trasladó las inconformidades a la Policía y las Secretarías de Gobierno e Integración Social y les pidió esclarecer los hechos y la situación legal de quienes reclaman.
Diez ciudadanos, debidamente identificados, expresaron que en el desarrollo de la intervención sus casas fueron allanadas y que, de forma agresiva, les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, amenazaron e, incluso, recibieron descargas eléctricas. También aseguraron que fueron despojados de sus celulares y del dinero que portaban en ese momento. En la declaración entregada a la Defensoría, dicen además que sus hijos menores de edad fueron enviados al Huila con el resto de su familia, a pesar de que el ICBF confirmó sus buenas condiciones de salud.
Otras siete personas, también identificadas legalmente, sostuvieron que hubo exceso de la fuerza por parte de las autoridades y que en sus habitaciones quedaron documentos personales y pertenencias que luego no pudieron recuperar.
En el caso de las víctimas del conflicto, tres ciudadanos, que vivieron como arrendatarios durante 12 años y trabajaron en ese sector, declararon que se ubicaron allí porque no tenían otra opción. A ellos se suman tres recicladores. Uno de ellos sostiene que, sin justificación, le quitaron $7.000.000 representados en dinero en efectivo y en materias primas como cobre y aluminio.
Frente a las denuncias la Defensoría declaró que, aunque era necesario intervenir ese foco de microtráfico, no se contó con el acompañamiento del Ministerio Público Distrital, que podría haber caracterizado a la población y así evitar estigmas que condujeran a la supuesta transgresión de los derechos fundamentales.