El debate en el Concejo por las supuestas irregularidades en contratación de las Alcaldías Locales aumenta de nivel. Algunos concejales denunciaron casos como sobrecostos absurdos en la compra de elementos para las administraciones de las localidades. Un ejemplo diciente es el de la Alcaldía de San Cristóbal donde, según el concejal Hosman Martínez, compraron un apuntador láser (que no vale más de $50.000) por la “módica” suma de $837.000. O, que dicha administración paga por un tinto (café) casi $4.000, más de lo que vale en Juan Valdés del Parque de la 93, donde vale $2.400.
Y mientras el debate crece y siguen apareciendo supuestos casos de corrupción, el Distrito y los mandatarios le salen al paso a los cuestionamientos y tratan de desvirtuar algunos señalamientos. Lo último que hicieron la Secretaría de Gobierno y los alcaldes locales, para tratar de apaciguar los ánimos, fue lanzar una propuesta: reactivar una comisión de seguimiento a la contratación, en la que participen algunos concejales, para vigilar cómo se invierten los recursos del Fondo de Desarrollo Local.
El propio secretario de gobierno, Hugo Zárrate, reconoció que en el Distrito puede haber “manzanas podridas”, que vienen desde la alcaldía de Samuel Moreno, y reveló que actualmente se adelantan 1.727 investigaciones por líos en la contratación. "Invitaremos al Concejo de Bogotá para que designe unos concejales para que una comisión de seguimiento a la contratación distrital se vuelva permanente y para que nos ayuden a controlar la conducta de 68 mil funcionarios que tiene el Distrito", dijo secretario Hugo Zárrate.
El pasado 17 de junio, la Alcaldía emitió un comunicado en el que dijo que en lo corrido de esta administración han disminuido 62% los convenios firmados con entidades sin ánimo de lucro y que en esta administración el 50% de los contratos se han hecho por licitación.
Las denuncias
Entre las denuncias que hizo el concejo alrededor de la contratación en las alcaldías locales, el concejal Hosman Martínez señaló lo que ocurre con la Fundación para el Desarrollo Social Productivo y Ambiental (FUNDAM), que actualmente tiene un contrato por $158 millones y que es la que supuestamente cobra con sobrecosto los tintos en la alcaldía de San Cristóbal. De igual forma, cuestionó que $200 millones invertidos en instrumentos musicales que pertenecían a la Orquesta Filarmónica de San Cristóbal y eran usados por 600 niños, hoy se encuentren en la bodega de la Alcaldía Local y en total abandono.
Ante este tipo de casos, la también concejal María Fernanda Rojas hizo un llamado al Distrito para que tome cartas en el asunto. Y señaló que “las redes de corrupción en las administraciones locales no son nuevas, pues existen funcionarios de vieja data que son el enlace con los agentes externos de la corrupción, por lo que llamo la atención para que estas plantas de personal sean revisadas cuanto antes y se incentive prioritariamente la meritocracia para vincular personas idóneas a las alcaldías locales”.
La concejala llamó la atención para que desde el Congreso y el Concejo se trabaje en una reforma de fondo a las Alcaldías Locales e instó al Secretario de Gobierno para que implemente soluciones de corto plazo, como revisar las herramientas con las que se está realizando las interventoría y supervisiones de los contratos, evaluar y garantizar la formación de los funcionarios en contratación y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos.
Por su parte, el concejal Carlos Vicente de Roux dijo a través de su cuenta de twitter que las alcaldías locales se gastan al año $640.000 millones en "proyectos de desarrollo" repetitivos, sin impacto y con frecuencia manejados por corruptos.
Las alcaldías se defienden
Desde que empezó este debate, algunos alcaldes locales se han defendido con un argumento similar: los contratos cuestionados vienen de la pasada administración. Al menos, eso fue lo que sostuvo la alcaldía de San Cristóbal, que fue la última cuestionada por el concejal Hosman Martínez. De paso, frente al señalamiento de haber comprado en $847.000 un apuntador laser (que no vale más de $50.000), desmintió la denuncia y dijo que se trataba de un error de digitación.
Por su parte, el alcalde local de Chapinero, Mauricio Jaramillo Cabrera, se defendió frente a la denuncia de la concejala Clara Sandoval, que señaló que dicha administración celebró un contrato con una fundación sin experiencia para recuperar la zona rosa. Ante esto, el mandatario aclaró que dicho contrato no lo firmó él, ya que su posesión fue el 4 de abril de 2012 y dicho convenio fue suscrito el 31 de diciembre de 2009 entre el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y la Fundación Candelaria Joven HM Producciones por valor de $250 millones.
Puntualizó que el cuestionado convenio lo firmó “la doctora Clara Eugenia López Obregón, Secretaria Distrital de Gobierno en su momento, con recursos aportados por el Fondo de Desarrollo Local”. Y agregó que el 25 de junio de 2012, dos meses después de su posesión, declaró el incumplimiento de dicho convenio, haciendo efectiva la clásula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del convenio. Tras estas precisiones pidió a la concejala aclarar las responsabilidades en este caso puntual y a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho de corrupción. Y concluyó diciendo que en lo corrido de este año, la alcaldía de Chapinero no ha suscrito convenios de asociación y que el 73% de los procesos contractuales que están vigentes se han desarrollado mediante la modalidad de licitación, selección abreviada o concurso de méritos.
La alcaldesa de Suba, Marisol Perilla Gómez, fue otra de las que se pronunció y dijo que su Administración ha sido transparente. Por eso exigió que las acusaciones que se han realizado en el Concejo tengan un sustento probatorio, para formalizar las denuncias ante los entes de control. Ante los casos que salpican a esta administración local, dijo que no ha recibido ninguna notificación por alguna investigación y que está dispuesta a responder ante cualquier duda por su gestión.
Ante las denuncias del concejal William Moreno por presuntas irregularidades en Suba, la alcaldesa dijo que el cabildante fue edil de Suba y que posiblemente “él tiene claridad y conocimiento sobre el mapa político, de quiénes están detrás de las organizaciones que están contratando con las alcaldías locales, dada su experiencia previa y su ejercicio investigativo actual”.
Defendió la contratación directa al ser una figura legal y señaló que no es justo poner en tela de juicio el actuar ético de todos los ordenadores del gasto de la ciudad con el mismo rasero. “Afirmar que la contratación directa es sinónimo de corrupción nos permite reflexionar sobre la presunta imparcialidad y criterios de legalidad y justicia en cuanto a los mecanismos licitatorios o de contratación donde existe competencia de los proponentes, ya que como se ha visto en el país en algunos casos se han efectuado adjudicaciones de forma direccionada a ciertos grupos de contratistas, atendiendo no necesariamente al interés general”.
Sobre la forma cómo algunas fundaciones pasan de localidad en localidad buscando contratos, la mandataria de Suba criticó el hecho de que no exista en la ciudad ni en el país una base de datos de consulta donde se pueda acceder a información sobre “padrinos políticos” de organizaciones privadas o del tercer sector.
Una de las denuncias contra esta alcaldía fue la firma de 40 convenios por valores superiores a los $500 millones. Ante esto, la mandataria dijo que el problema no es la suscripción de los convenios. “El convenio de asociación es una modalidad que busca la ejecución de las metas de un Plan de Desarrollo de un territorio y en ese orden de ideas hay convenios que requieren un monto de recursos acorde con las metas, con las coberturas de población, y con los resultados esperados. De tal manera que sería ilustrativo obtener detalles sobre el calificativo de “exageración”. La localidad de Suba tiene más de 1.200.000 habitantes y las necesidades son muy amplias”, agregó Perilla.
Por ahora, el debate por la contratación en las alcaldías locales continúa, mientras se espera resultados de los organismos de control.