Miguel Ángel Barbosa iba a cumplir 19 años en 18 días (el 22 de junio), pero las fuerzas no le alcanzaron. Murió ayer a la 1:50 de la mañana luchando contra los efectos de un golpe que recibió en la cabeza el 21 de abril pasado, cuando participaba en una protesta junto a sus compañeros de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital, en la localidad de Ciudad Bolívar.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía disolvió la manifestación y fue en ese choque que este joven, oriundo de Madrid (Cundinamarca), cayó al lado de sus compañeros, en medio del humo de los gases lacrimógenos. Sin embargo, a pesar de los señalamientos contra la Policía, aún no es suficientemente claro qué ocurrió. La familia, la Universidad y la Alcaldía esperan resultados de la investigación que adelanta la Fiscalía, a la que el Distrito ayer le pidió celeridad.
El Espectador dio a conocer el caso en su edición del pasado 13 de mayo, en el artículo titulado “Miguel Ángel Barbosa: el caso que agudiza la tensión en la U. Distrital”, haciendo énfasis en que una parte vital para esclarecerlo puede estar en los videos de las cámaras de seguridad de la Universidad, pero en el momento de los hechos no funcionaban cuatro de las diecisiete que están instaladas en la institución.
Será un misterio que deberán aclarar las autoridades. Por lo pronto, a partir de documentos que conoció este diario, se puede hacer una reconstrucción de cómo ese asunto se ha manejado dentro de la Universidad.
Por ejemplo, el contrato de vigilancia que mantiene la institución con la empresa Vigías de Colombia fue objeto de supervisión el 26 de febrero de este año, 55 días antes de que Miguel Ángel cayera herido. En el acta, firmada a las 3:30 de la tarde, quedó constancia de que todas las cámaras grababan “en óptimas condiciones” y se dejó claro que los dispositivos estaban “a cargo de la empresa de vigilancia”.
El reporte que el decano de la Facultad Tecnológica, Róbinson Pacheco, le envió a la Rectoría precisa que el día de los hechos a las 7:25 p.m. la Fiscalía lo contactó por teléfono para anunciarle que haría un peritaje técnico en las instalaciones y que necesitaban las grabaciones. De inmediato se le dio la orden a la empresa de vigilancia para que se pusiera a disposición de los investigadores y cumplieran todos sus requerimientos. A las 8:10 p.m. la Policía acordonó el lugar. A las 9:40 p.m. llegaron dos funcionarios del CTI, que ingresaron veinte minutos después y entrevistaron a personal de la Universidad.
Fue el día siguiente, sin embargo, cuando se conocieron noticias desalentadoras. Dos funcionarios abrieron el cuarto de cámaras a las 7:45 a.m. para que tres empleados de Vigías de Colombia descargaran los videos que había solicitado el CTI la noche anterior. El acta de la Fiscalía indica que a las 7:20 p.m. incautó el grabador de video digital, donde se almacena la información, y quedó en cadena de custodia. El informe del decano, sin embargo, añade que ese mismo día el personal de seguridad informó que cuatro cámaras no estaban grabando. La razón: “un posible sabotaje por aislamiento de corriente”, de acuerdo con la compañía de seguridad.
Esa versión la ratificó seis días más tarde la empresa de vigilancia en un oficio que le envió a la Universidad, en el que agregó que “es algo muy frecuente en las sedes en las cuales se presentan desmanes y manifestaciones. Como es de su conocimiento, las personas que se involucran en estas actividades acuden a cometer daños en el circuito cerrado de televisión para evitar ser captados realizando desórdenes y, por ende, posibles judicializaciones”.
Esa carta, en la que Vigías de Colombia sugiere que algunos de los involucrados en la protesta pudieron haber saboteado las cámaras, ya hace parte del proceso penal, pues el mismo día que la recibió, el vicerrector administrativo de la Distrital, Vladimir Salazar, interpuso una denuncia penal para que se esclarezca lo que allí se afirma.
Ese panorama enrarecido había agudizado la crisis en la Universidad, cuyos estudiantes están en paro desde el 28 de abril por su desacuerdo con el proceso que está en curso para elegir rector. Ayer, cuando supieron de la muerte de Miguel Ángel, convocaron a una nueva asamblea en la que comenzaron a hacer una colecta para ayudarle a la familia, que es de bajos recursos, con los gastos del sepelio. Miguel Ángel dejó a su madre, María Eva Vanegas, trabajadora de un cultivo de flores en Madrid; una hermana de 10 años y un hermano medio, que se prepara en Bogotá para ser sacerdote.
Los estudiantes también comenzaron a definir el camino que seguirán de aquí en adelante, pues con su compañero muerto, ahora la petición, de ellos y de la familia, no es solo por asuntos académicos y administrativos, sino por justicia.