A dos meses de decretar la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, la administración de Gustavo Petro firmó esta semana uno de los decretos más importantes para reglamentar este polémico modelo de ciudad: las reglas de juego a través de las cuales buena parte de los constructores de la capital deberán ceder parte de sus proyectos para la construcción de vivienda para los más pobres.
La norma, que fue firmada en la noche del miércoles y surtía ayer trámites administrativos para su publicación, ordena a los constructores destinar el 30% de sus proyectos a vivienda de interés prioritaria (VIP) si son suelos con tratamiento de desarrollo y un 20% si son suelos de renovación urbana con modalidad de redesarrollo.
Pese a lo técnico de la norma, se trata en el fondo de una de las medidas más estratégicas para llevar a cabo el proyecto urbano de la administración y a la vez uno de los instrumentos que más resistencia causaron entre los gremios de la construcción, que durante los últimos meses han sido de los más activos críticos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
Para la administración, la única forma de revertir el proceso de expulsión de los habitantes más pobres a los bordes de la ciudad era endureciendo las normas que obligaran a los constructores a hacer viviendas de interés prioritario (que cuestan por ley menos de 70 salarios mínimos vigentes) en zonas céntricas de la ciudad, donde normalmente el precio del suelo es alto.
Para muchos constructores, sin embargo, la medida encarecía sus proyectos y amenazaba su viabilidad financiera. De hecho, en numerosas ocasiones la Cámara Colombiana de la Construcción aseguró que endurecer los porcentajes obligatorios los expulsaría de la ciudad.
Pues bien, desde esta semana la administración se jugará en la práctica la viabilidad de este nuevo instrumento que, contrario a administraciones pasadas, no les da alternativa a los constructores de ceder suelo para vivienda de interés social (más rentable, pues en ocasiones ascienden hasta los 175 salarios mínimos vigentes).
Las reglas de juego
Si usted es un constructor y va a desarrollar un proyecto de edificios en un lote que se encuentra en una zona considerada de desarrollo, o de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo, el decreto le da cuatro alternativas para cumplir con la obligación.
La primera radica en construir en el mismo lote el número de viviendas de interés prioritario. La segunda es construir esas mismas viviendas, pero en la zona de la ciudad demarcada por el Programa de Revitalización Urbana (lo que la administración ha llamado Centro Ampliado). La tercera es sumarse a proyectos de construcción que adelanta el Distrito. Y la cuarta es mediante un pago compensatorio en dinero.
No obstante, dice el decreto, “el suelo que sea destinado a vivienda de interés prioritario podrá ser trasladado, compensado en otros proyectos o compensado en dinero” sólo en los casos en que el proyecto esté localizado en zonas de edificabilidad restringida; en el área de influencia aeroportuaria o cuando su “área útil sea igual o inferior a una hectárea”.
Adicionalmente, el decreto establece los mecanismos para que constructores que estén desarrollando proyectos en suelos con otro tratamiento, se les permita construir edificios más altos siempre y cuando incluyan un porcentaje de VIP.
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@donmado